El líder de la oposición socialista, Luis Tudanca, afirmó hoy que la Junta no les ha dejado “otro camino”, con su falta de “responsabilidad” y de “transparencia”, que solicitar una comisión de investigación en las Cortes para conocer lo que ha ocurrido en las residencias y apeló a la “conciencia” y la “palabra dada” por Ciudadanos para que se pueda constituir.

El Grupo Socialista formalizó esta mañana, como había avisado ante la falta de datos reclamados, la solicitud de una comisión de investigación sobre las residencias, que lleva también la firma de Podemos, UPL y Por Ávila, con el fin de evaluar lo que ha ocurrido en las residencias -Castilla y León es la tercera comunidad en muertes- y tomar las medidas para que no vuelva a pasar en esta segunda ola.

Según el Reglamento de las Cortes, la comisión de investigación no se creará si la mayoría absoluta de los grupos se oponen, que es la que tienen los socios de gobierno de PP y Cs, por lo que Tudanca llamó a la “conciencia” y “la palabra dada” por el portavoz naranja, David Castaño, de no oponerse una vez conocido el informe de la Junta, como manifestó hace unos meses. “Está en sus manos”, recalcó, ya que del “PP no espera nada”.

“No nos han dejado otro camino”, afirmaron tanto la coordinadora del área de Familia e Igualdad de Oportunidades, Nuria Rubio, como el portavoz del grupo, Luis Tudanca, tras registrar la creación de la comisión, sobre la que argumentaron que la Junta no ha actuado con “responsabilidad y transparencia” y que han esperado a conocer el informe que figura en el pacto para la recuperación.

Tudanca recordó que ya en el mes de abril su grupo realizó una propuesta para mejorar la gestión de las residencias, que no fue atendida, y añadió que a lo largo de estos meses se han visto las carencias de un sistema que se asienta en manos privadas, para subrayar que aceptaron la realización del informe por la Junta, pero ante la falta de solicitud de lo demandado se pide una investigación en las Cortes.

Es la cuarta comisión de investigación que se registra en las Cortes en esta legislatura -están creadas las de las eólicas, planes de medios y fondos Miner-, cuyo objetivo no es tener acceso a datos privados, sino conocer el número de inspecciones a los centros y su resultado o las visitas presenciales de equipos COVID, todo ello para que en esta segunda ola no ocurra lo mismo que en la primera.

No obstante, el dirigente socialista se mostró pesimista al considerar que en esta segunda ola se aplican “las mismas recetas” que fallaron en la primera y recalcó que quieren que “sepa de verdad lo qué pasó para que no vuelva a ocurrir”. Tudanca recordó que las plataformas de afectados y el Comisionado de Transparencia también han pedido los mismos datos que su grupo. “La Junta hace oídos sordos”, zanjó.

Respecto de si peligra el pacto para la recuperación suscrito en junio, explicó que la posición de su grupo es de “lealtad, unidad, responsabilidad y propuesta” y, como hace en las últimas semanas, apuntó que son el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente, Francisco Igea, los que han abandonado este acuerdo de comunidad al no cumplir sus puntos.

Por su parte, manifestó que él no da “nada por perdido” y que va a “exigir que se cumpla hasta la última coma”, pero también alertó a la Junta de que no se trata de poner en marcha solo medidas restrictivas para frenar la expansión del virus, con las que se han mostrado de acuerdo, sino también de conceder las ayudas a los colectivos más afectados por las mismas, tanto en el ámbito económico, como sanitario y social.

Tras mostrarse, “decepcionado” tanto en lo político como en lo personal por el incumplimiento del pacto, rechazó que la Junta se escude en informe jurídicos para no facilitar lo que se reclama y precisó que se puede pedir la comisión de investigación para ver qué fallo y trabajar en el grupo para avanzar en un nuevo modelo, como se recoge en el pacto para la recuperación.

Finalmente, Tudanca subrayó que la comisión se ha pedido tras conocer el informe de las residencias elaborado por la Junta y concluyó en que han respetado lo firmado en junio.