CARTA DEL DIRECTOR

Iván Juarez


Ayudas en saco roto

Amigos como somos de los números redondos, esta semana se nos presenta una cifra, la de la vergüenza, que cuando menos invita a la reflexión: las mil fallecidas (hoy ya son más porque esta lacra no cesa), asesinadas que figuran en el registro desde que se contabilizan las víctimas por violencia de género. El recuento comenzó en el año 2003 pero la realidad existía por mucho que, ahora, partidos como el del nombre de diccionario en un peligroso mensaje se empeñen en atenuar el fenómeno, cuestionar a las víctimas y los que luchan contra este drama más que censurar a los agresores. Fue la colombiana Diana Yanet Vargas, de 28 años, la que inauguró este fatal registro. Diana fue la primera víctima oficial. Nacida en Colombia, tenía 28 años, una hija de cinco, y fue arrojada por su novio desde el balcón ese estadístico 2003 en Fuengirola. Mucho ha llovido desde entonces , pero ese doloroso goteo no cesa. Esta misma semana hemos asistido a distintos casos. Antes de ese punto de inflexión que supuso el año 2003, y que se dio a petición de las organizaciones feministas que necesitaban asirse a la frialdad y crudeza de las cifras para constatar una realidad devastadora y hacerse oír, hubo casos conocidos y mediáticos como el de Ana Orantes, quemada por su exmarido. No están todas las que son pues en las 1.000 del conteo no se contemplan casos como el de Diana Quer o Laura Luelmo, con el desenlace conocido por todos.
En una España en la que los políticos discuten por sillones y privilegios, en la que la mentira, el decir una cosa y hacer otra, se ha instalado sin pudor en el día a día de nuestros representantes (se echa de menos cierto regate dialéctico) más preocupados en quién gobierna que en la necesidad de que haya un gobierno estable, hay cientos de asuntos que esperan su momento para ser abordados son celeridad, reflexión, desterrando golpes de efecto y con cierto consenso (misión imposible). La lucha contra la violencia de género es uno de ellos. Porque el tiempo pasa y nos vamos acostumbrando a la realidad que nos golpea en forma de crónica negra cotidiana, solo nos sobresaltamos cuando informativamente, en el ejercicio de nuestra profesión, o en lo personal nos toca de cerca. Poner luz y taquígrafo a cada caso, tipificar los casos de agresión son prácticas que ayudan a delimitar el amplio espectro en el que discurre la violencia contra las mujeres y a adoptar medidas eficaces, pero que se han manifestado insuficientes porque estamos ante una violencia transversal, que tanto se usa ahora, con múltiples aristas, que no atiende a clases sociales ni nacionalidades pero que persiste con el paso de los años (desde el 2003, con sus altibajos, las cifras de mujeres asesinadas cada año se mantienen casi inalterables. En lo que va de año caminamos hacia las cuarenta víctimas mortales).
El porcentaje habla de que en mucho de los casos no existe denuncia previa, por ello el papel de la administración ha de ser clave para poner a disposición de las víctimas mil y una herramientas para que no solo se planten en comisaría sino también para que cuenten, a posteriori, con la protección necesaria, porque a buen seguro a una denuncia le sucederá una represalia del maltratador. Los medios no son suficientes, faltan efectivos policiales, formación entre los encargados de atender a las víctimas en todo el proceso, fórmulas de integración, apoyo a los quedan huérfanos y un largo etcétera. Estos medios son finitos y hay que emplearlos de la manera más adecuada y efectiva posible. En el desafío de llegar más lejos todavía, hay que alabar el gesto, se enmarcan las ayudas del Pacto de Estado en materia de violencia de género que se aprobó en septiembre de 2017 y da competencia relativa a los ayuntamientos en la lucha contra esta realidad al tiempo que les empodera; un total de 20 millones de euros en toda España, seguro que en muchos casos muy bien empleados y en otros no tanto o incluso folclorizados. Como destacamos hoy en El Día de Soria, en la provincia se concedieron 183 ayudas sin que mediara solicitud, 158.000 euros con cantidades que oscilan entre los 700 y los 8.000, en función del número de habitantes. Dineros destinados principalmente a actividades de sensibilización, formación, protección a las víctimas… un reparto en el que hay demasiado trazo grueso como evidencian algunos de los alcaldes consultados por este periódico. Porque cabe preguntarse qué puede hacer con 800 euros un municipio deshabitado, si lo multiplicamos por los pueblos que se encuentran en la misma circunstancia nos encontramos con una sucesión de recitales poéticos para justificar el gasto , que viene a ser lo mismo que tirar el dinero. El plazo para la realización de actividades concluye a finales de este mes y antes del 30 de septiembre los ayuntamientos deberán remitir la justificación de el uso que se ha dado a la cantidad recibida y el impacto sobre una población en ocasiones inexistente. En cada cita en cuestión, debe quedar claro que está financiada por el Ministerio de Igualdad. Como constatamos hoy, existen regidores que no son conscientes de la existencia de las ayudas ni en muchos casos saben cómo invertirlas.
No se trata de censurar el fondo, es obvio que la administración más cercana, los ayuntamientos, debe tomar cartas en el asunto, comprometerse contra la violencia de género, más en el medio rural donde las víctimas disponen de menos herramientas y se vivirán auténticos dramas alejados de los focos de la actualidad, pero hay que hilar fino en el reparto de los fondos, insisto, finitos. Es misión de los políticos establecer prioridades, la gran dificultad, escuchar a las asociaciones y colectivos que luchan contra esta lacra y no hacer tabla rasa. Hay demasiadas necesidades, aunque para partidos como Vox no haya motivo de alarma y todo responda a una invención de la ‘dictadura feminista’. Es de esperar que con la formación de un gobierno estable se reactive la buena voluntad de un Pacto de Estado necesario pero que ha de afinar más para ser más efectivo. Hay que dar la cobertura que necesitan los ayuntamientos que a buen seguro no se reduce a una propina de 800 euros para combatir la violencia machista a golpe de gaita y recital poético.