CyL no alcanza el gasto social por habitante de hace 10 años

SPC
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Un informe revela que con la aprobación del Ingreso Mínimo Vital «las comunidades podrían caer en la tentación de dedicar esos fondos a otras políticas no vinculadas a los servicios sociales»

CyL no alcanza el gasto social por habitante de hace 10 años - Foto: Rubén Serrallé

Castilla y León no logró alcanzar en 2019 el gasto social por habitante de una década antes, al registrarse un diferencial respecto a 2009 de 77,7 millones de euros, lo que representa un 1,2 por ciento menos. Así lo recoge un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que sitúa a la Comunidad en séptimo lugar, con 2.643,94 euros. La recuperación del gasto en políticas sociales es aún «deficitaria» para este colectivo. Tras diez años presupuestarios, el gasto en políticas sociales de 2019 (116.850,5 millones) aún está por debajo del de 2009 (116.851,7 millones). «La ausencia de presupuestos generales del estado ha lastrado la tendencia de recuperación del gasto en políticas sociales poniéndola en grave peligro», apuntaron los directores y gerentes de servicios sociales, informa Ical.
Por comunidades, 12 consiguieron superar en 2019 el gasto social por habitante que tenían en 2009, siendo la Comunidad Valenciana la que en términos absolutos logró un mayor aumento en su inversión en políticas sociales (1.656 millones), mientras que Baleares fue la que porcentualmente obtuvo un mayor aumento (24,8%). Las que mantienen un mayor recorte en términos porcentuales en estos diez años fueron Cataluña (19,6%) y Castilla-La Mancha (15,4%).
En general, la organización indicó que la tónica ha sido la «reducción drástica» del gasto en otras políticas, los «recortes en sanidad, educación y servicios sociales» y el incremento exponencial de gasto en deuda.
Desde el año 2009 hasta el 2019 se han aumentado 2.132,6 millones en inversión en servicios sociales. «Este aumento está hoy en un claro riesgo tras la aprobación del ingreso mínimo vital ya que las comunidades autónomas podrían caer en la tentación de dedicar los 1.500 millones que actualmente invierten en sus propios sistemas a otras políticas que no fueran las relacionadas con la inclusión social y los servicios sociales».