La deuda pública española permanece desde hace seis años en valores máximos, en torno al 100% del PIB, a pesar del crecimiento económico experimentado en este período y de que los hogares y las empresas sí han conseguido desapalancarse. ¿Por qué?

El factor clave es la persistencia del déficit público, que se disparó durante la crisis y que todavía no ha logrado reconducirse: mientras los gastos superen a los ingresos, la deuda en términos nominales seguirá creciendo y solo se reducirá en términos de PIB si crece menos de lo que lo hace la economía.

Al cierre del tercer trimestre del ejercicio, los números rojos del conjunto de las administraciones públicas sumaba 1.207.755 millones de euros, 30.006 millones más que un año antes y lejos de los 384.662 millones con los que terminó 2007.

En términos de PIB, esa cifra equivalía al 97,8% del mismo, por debajo del 98,9% de la cifra correspondiente al tercer trimestre de 2018, unas cotas más moderadas que el récord del 100,9% del PIB alcanzado en el primer trimestre de 2015 pero lejos del 35,8% con el que cerró 2007.

Esta evolución contrasta en gran medida con la de la deuda privada -la de los hogares y las empresas-, que al cierre del segundo trimestre sumaba 1,6 billones de euros, un 132,1% del PIB, muy por debajo de los máximos de 2009 y 2010, cuando superaba el 200% del indicador.

La economista sénior de Funcas María Jesús Fernández explica que la evolución de esta situación contrapuesta tiene su origen en la burbuja previa a la crisis, que alimentó un nivel de actividad «por encima de lo sostenible» a base del endeudamiento privado.

La deuda de los hogares, que hasta 1999 estaba por debajo del 40% del PIB, marcó su máximo de 85,6% en el segundo trimestre de 2010. De la misma manera, la deuda empresarial, que en 1999 rondaba el 50% del PIB, llegó al 119,9 ese mismo trimestre.

Hasta el comienzo de la crisis, la deuda pública se mantuvo más o menos estable en términos nominales -pasó de 374.557 millones al cierre de 2000 a 384.662 millones en 2007-, pero el crecimiento económico de la burbuja redujo el endeudamiento en relación al PIB, que pasó del 57,8% al 35,8 durante esos años.

Contención en casa 

Al llegar la crisis «se pincha esa burbuja», prosigue Fernández, y los agentes privados reaccionan reduciendo su endeudamiento, los hogares conteniendo gasto y las empresas, minorando las inversiones, una tendencia que continúa prácticamente hasta la actualidad.

El sector público, por su parte, vivió un proceso inverso, ya que el fin de la burbuja destruyó empleos, empresas e ingresos tributarios, creando un déficit fiscal que tuvo que cubrirse con deuda, sobre todo en los primeros años, hasta que esta se disparó por encima del 100% del PIB.

El analista de AFI Salvador Jiménez añade como elemento clave las cuentas de la Seguridad Social, que pasaron del superávit al déficit -en un principio por la pérdida de empleo y, posteriormente, por el contraste entre bajos salarios y pensiones cada vez más altas-, lo que ha derivado en un aumento de la deuda por esta vía.

Así, como la brecha fiscal de las administraciones públicas aún no se ha resuelto -el Gobierno prevé hacerlo en 2022-, la deuda nominal sigue aumentando, aunque al hacerlo a un ritmo inferior al crecimiento económico se reduce su importe en porcentaje de PIB.

Además, la política monetaria laxa del Banco Central Europeo (BCE) ha permitido en estos años abaratar el coste de la deuda y ampliar sus plazos, de manera que la vida media de la deuda estatal actualmente es de 7,62 años, cuando en 2007 era de 6,85 años.

De cara al futuro, los expertos coinciden en esperar una cierta estabilidad tanto de la deuda privada -las empresas tienen balances más saneados y los hogares amortizan más deuda hipotecaria de la que se les concede- como de la pública.

La deuda pública, apuntan, será difícil de reducir más allá del 90% del PIB en un contexto de ralentización económica general, que dificulta emprender ajustes fiscales, y con una Seguridad Social tensionada, especialmente ante la inminente jubilación de la generación del baby boom, que, además, contará con pensiones de una alta remuneración.

El escenario central de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que este dato bajará al 87% del PIB en 2050, lejos del umbral del 60% del PIB recogido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento europeo.