Un total de 401.222 personas se encontraba en riesgo de sufrir pobreza o la exclusión social en Castilla y León en el año 2019, lo que supone el 16,7 por ciento de la población de la Comunidad y 142.705 personas menos que en 2008, según se desprende del informe ‘El Estado de la Pobreza. España 2019 X Informe anual sobre el riesgo de pobreza y exclusión’, elaborado por la European Anti Poverty Network (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social) EAPN España.

Castilla y León es de los pocos territorios donde cayó la nueva población Arope (de riesgo de pobreza y/o exclusión social) entre 2019 y 2008. La Comunidad está a la cabeza en la reducción de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión, con 142.705 menos, seguido de Baleares (-66.778), Galicia (-36.131), La Rioja (-14.232), Valencia (-13.082), Extremadura (-11.216) y Cantabria (-2.051). En el resto de regiones aumentó, con Andalucía a la cabeza, que acaparó más del 60 por ciento del millón de España. 

La tasa Arope de Castilla y León es inferior a la media registrada en el conjunto del país, que asciende al 25,3 por ciento, afectando a un total de 11,8 millones personas, tras aumentar un millón desde 2008. Con respecto al año pasado, el indicador en la Comunidad pasó del 19,5 al 16,7 por ciento. Según el informe de EAPN consultado por la Agencia Ical, el valor de Castilla y León es el sexto más bajo del país, solo superado por Navarra (11,7 por ciento), País Vasco (14,4), Baleares (15,1) y La Rioja (15,2 por ciento).

Todos los territorios, salvo Galicia, Asturias, País Vasco y Aragón lograron en 2019 reducir la tasa Arope. En este sentido, Castilla y León registró el quinto mayor descenso, con una caída de la tasa de pobreza del 14,4 por ciento; por detrás de La Rioja (-25,4 por ciento), Cantabria (-22,5 por ciento), Baleares (-16,7 por ciento) y Extremadura (-15,5 por ciento). Todas ellas están muy por encima de la bajada experimentada en el conjunto del país, que fue del 3,1 por ciento.

Además, Castilla y León presenta una de las mejores evoluciones desde el último año anterior a la crisis, ya que la tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social era del 21,4 por ciento en 2008, aunque llegó a alcanzar el 23,8 por ciento en 2010 y el 26,1 por ciento en 2014. Desde ese año, no ha parado de bajar al comprobar la tendencia en 2015 (23,3 por ciento), 2016 (23,2), 2017 (18,4), 2018 (19,5) y 2019 (16,7 por ciento).

Analizando los subindicadores del indicador Arope (estandarizado a nivel europeo para medir en términos reales la evolución de la pobreza en los estados miembros), de los 2,4 millones de habitantes de Castilla y León, 311.796 personas viven en situación de pobreza, con ingresos por unidad de consumo inferiores al 60 por ciento de la media. Ese dato supone 77.592 personas menos que el año precedente, y 133.055 menos que en el año 2008, cuando la crisis tocaba techo y comenzaron a realizarse las mediciones.

En cuanto a la tasa de pobreza severa (con ingresos por unidad de consumo inferiores al 40 por ciento de la media), en la autonomía se sitúa en el seis por ciento, lo cual supuso una reducción de medio punto porcentual y sitúa esa tasa en tres puntos menos que la media nacional (9,2 por ciento). Pese a ello, todavía viven en Castilla y León 143.506 personas en situación de pobreza severa, que ingresan menos de 500 euros mensuales por unidad de consumo. Supone el 46 por ciento del total de la pobreza existente en la Comunidad.

Privación material severa

En cuanto a la privación material severa, el 2,3 por ciento de la población de Castilla y León (55.144 personas) no puede hacer frente al menos a cuatro de nueve conceptos o ítems de consumo básico (como irse de vacaciones al menos una semana al año, tener una comida de carne o pescado cada dos días o mantener su vivienda a una temperatura adecuada). Se trata de un indicador que ha aumentado cuatro décimas en los últimos doce meses, al sumar 9.159 personas.

Mientras que el indicador que determina la baja intensidad de trabajo en el hogar afecta en la Comunidad a 119.997 personas, un 7,4 por ciento del total de la población entre 0 y 59 años, con un retroceso de 1,4 puntos porcentuales respecto al ejercicio precedente.

A la vista de los datos a nivel nacional, EAPN calificó de “fracaso estepitoso” la Estrategia Europea 2020 que se había comprometido a sacar del riesgo de pobreza y exclusión social a 1,5 millones de personas en España. “Con un plazo de diez años, no sólo no ha reducido su pobreza, sino que ahora hay casi 200.000 personas más en este umbral sin tener en cuenta los efectos de la crisis provocada por el coronavirus”, apuntó hoy el presidente de la organización a nivel europeo, Carlos Susías.

En base a los datos presentados, el 25,3 por ciento de los españoles estaba en riesgo de pobreza o exclusión social nada más empezar 2020. Es decir, que antes de la crisis del coronavirus, una de cuatro personas era pobre en España. “No solamente hay más pobres, es que son más pobres que antes de la crisis de 2008”, añadió Susías.

"Nuevo azote" el coronavirus

Y es que incidió, según Servimedia, que todos los datos que recoge el informe son anteriores a la pandemia del coronavirus, que supondrá un “nuevo azote” para los niveles de pobreza. “La población española no estaba preparada para ninguna crisis sobrevenida”, advirtió el sociólogo responsable del informe, Juan Carlos Llano.

La cantidad de dinero que necesita una persona pobre para dejar de serlo se ha incrementado en España este último año al 29,1 por ciento. En 2019, a una persona pobre le faltaban de media 2.622 euros anuales para dejar de serlo, una cifra que aumentó un 3,5 por ciento.

Una de las principales conclusiones es que, pese al crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en los últimos cinco años (2014-2019) en España, sólo se ha conseguido en este tiempo una disminución de 1,5 puntos porcentuales en la tasa de pobreza. Por tanto, “el crecimiento económico, por sí solo, no trae consigo una reducción de la pobreza”, destacó el informe.

El estudio también detectó “importantes” diferencias en las tasas Arope entre territorios que tienen un nivel de riqueza parecido y, también, hay regiones con tasas similares que mantienen grandes diferencias de riqueza. Por ejemplo, Castilla y León (16,7 por ciento), Asturias (24,6), Galicia (24,3), Cantabria (19,4) y Valencia (27 por ciento) son regiones con un PIB relativamente similar y sin embargo tienen diferencias incluso superiores a los diez puntos porcentuales en sus tasas de pobreza y/o exclusión social.

Hogares con menores

También señaló los sectores más vulnerables de la sociedad. Tener hijos es un importante factor de riesgo de pobreza, hasta el extremo que todos los hogares en los que viven niños y adolescentes tiene tasas más altas en los principales indicadores que aquellos donde hay adultos solamente.

Es especialmente preocupante la situación de los hogares monomarentales, ya que casi la mitad de ellos (el 46,8 por ciento) está en pobreza, según los indicadores Arope. Otro de los factores determinantes en la pobreza es la discapacidad. De hecho, estas personas registran valores mucho más elevados de pobreza, algo que no es coyuntural, sino que se cumple todos los años.

En el año 2019, el 32,5 por ciento de las personas con discapacidad estaba en riesgo de pobreza o exclusión, la cifra más elevada de la década. También lo es la diferencia con respecto a la que soportan las personas sin discapacidad, diez puntos porcentuales más elevada.

La tasa de riesgo de pobreza de las personas con discapacidad de 18 a 64 años es del 28,9 por ciento, la cifra más alta de la serie histórica. También la privación material severa es notablemente más elevada entre las personas con discapacidad que entre el resto de la población y alcanzó al 7,5 por ciento, cifra que es el doble de la registrada entre las personas sin discapacidad, que es de un 3,7 por ciento.

Sobre lo que deparará a España tras la crisis del coronavirus, la EAPN recordó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) augura en sus últimas estimaciones que el PIB nacional se reducirá en un 12,8 por ciento este año, lo que, de confirmarse, “supone una contracción mucho más intensa y explosiva”.

Sin embargo, la organización consideró que “las consecuencias pueden ser algo diferentes a las producidas en la crisis anterior” de 2008 por “las nuevas políticas de corte expansivo que se utilizan para luchar contra el trance”, al poner en valor los ERTE, el ingreso mínimo vital, la limitación de desahucios y cortes de servicios básicos u otras medidas del Gobierno.