El Grupo de Diputados Socialistas solicita a la Diputación provincial que aclare cómo se va a afrontar finalmente el pago del material sanitario cuya compra hizo la institución de manera centralizada para facilitar a los ayuntamientos su abastecimiento en plena expansión del Covid 19 y cuando era muy complicado el abastecimiento de este material. Las contradicciones en las declaraciones del presidente Benito Serrano al respecto a la financiación de las mascarillas han salpicado todo este proceso que parece haber culminado con la factura remitida ya a los ayuntamientos por un importe superior al anunciado. 

El propio presidente comprometió en el pleno celebrado el pasado 14 de mayo que la institución provincial asumiría este gasto. Posteriormente, el 20 de mayo, reclamó a la Junta de Castilla y León que se hiciera cargo del mismo para culminar enviándoles la factura a los consistorios, que la recibieron el 25 de mayo y además, con un precio muy superior al acordado en el primer ofrecimiento y sin más explicaciones por la subida de los precios. En total son casi 35.000 euros más de lo anunciado en un primer momento, sin que en ningún momento les hayan informado de lo que ha motivado este incremento.

En el pleno Ordinario correspondiente al mes de mayo, el presidente de la institución adelantó que una partida de 350.000 euros reflejada en el presupuesto como “Nuevos Ingresos (Aytos. Material Protección Sanitario)” se iba a proponer que la asumiera la Diputación Provincial. Con ella estaba previsto sufragar las mascarillas que demandaron los municipios durante la pandemia, para “ayudarles también a los ayuntamientos a la lucha de esta plaga” afirmó Serrano en la sesión plenaria telemática durante su primera intervención para defender la modificación presupuestaria.

El PSOE pide a Diputación que aclare el coste de mascarillasSeis días después, el 20 de mayo, en la conferencia que organizó la Junta de Castilla y León con los municipios de más de 20.000 habitantes y presidentes de Diputaciones, Benito Serrano reclamó que la comunidad autónoma asumiera el gasto de esas mascarillas “para evitar desembolsos a los ayuntamientos y la propia Diputación” según se recogió en una nota de prensa remitida por la institución provincial con motivo de esa reunión telemática. 

Facturas

Solo cinco días después se despejó quién finalmente pagará las mascarillas ya que los ayuntamientos que las solicitaron recibieron la factura para su pago. Algunas de estas notificaciones llegaron con errores porque les reclaman una mayor cantidad de las que han habían solicitado y además a unos precios de liquidación notablemente mayores a los que se ofrecieron en un primer momento en el caso de las quirúrgicas.  Los alcaldes recibieron una carta en la que se anunciaba un coste de 0,55 euros, y ahora se les ha cobrado a 0,90 euros. En el caso de las mascarillas FFP2, el cargo sí que se corresponde a la cantidad que se anunció, 2,80 euros.

El relato de los hechos confirma que la Diputación Provincial no ha sido clara con los Ayuntamientos, en relación al coste que tendrán que asumir por las mascarillas ya que no les ha comunicado el incremento del precio. Del resto del material solicitado, (gafas, batas desechables, calzas gorros o guantes) nada se saben los ayuntamientos que decidieron realizar la compra conjunta y a fecha de hoy, nadie les ha informado de la renuncia de la empresa inicialmente adjudicataria, ni del cambio en los precios ofertados.

Da la sensación de que a través de la improvisación a la que el equipo de gobierno nos tiene acostumbrados ha querido quedar bien con los ayuntamientos “de cara a la galería” para después pasarles la correspondiente factura y con un coste muy superior al acordado.

Desde el 22 de abril, fecha en que se compraron las primeras mascarillas higiénicas, ha transcurrido más de un mes, tiempo suficiente para haber informado a los ayuntamientos del precio final del producto adquirido, y no tratar de confundirles, comprometiendo el pago por parte de la Diputación Provincial en el pleno o pidiendo a la Junta de Castilla y León, para finalmente tener que pagarlas a un precio muy superior al acordado, sin margen para la planificación económica en los propios consistorios, afirman los socialistas, ya que finalmente parece que los Ayuntamientos tendrán que pagar 34.637,00 €, por encima de lo acordado con la Institución Provincial

Desde el PSOE, con absoluta lealtad institucional, se ha entendido desde un primer momento que toda la tramitación de urgencia en la compra de este material fue un hecho “excepcional por la urgencia sanitaria a la que respondía”. Supervisada por los técnicos de la Diputación también estuvo protagonizada por ciertas vicisitudes ya que la primera empresa renunció al contrato y finalmente se han adjudicado con un precio superior, a dos empresas sorianas.

Sirva de ejemplo el acta de la Junta de Gobierno, de 18 de abril, (http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/jdg/acta_junta_de_gobierno_18-04-2020.pdf ) en la que se transcribe la literalidad de la información que los técnicos (secretario e interventora) trasladaron al Sr. Serrano, en relación a cómo debía procederse en la compra de material, explicando el marco legal, y aclarando que el contrato que se le ha pasado para firmar al Presidente no se ajusta a la normativa de contratos del sector público. Por parte de la Junta de Gobierno se ignoraron dichos informes, ratificando así el decreto de compra que terminó con la renuncia de la empresa que inicialmente era la encargada del suministro del material, cuatro días después, algo que pudo evitarse de haber atendido a los técnicos de la casa..

Cabe recordar que la compra conjunta que hizo la Diputación además de las mascarillas se incluía otro material sanitario como gafas, batas desechables, calzas, gorros y guantes que finalmente no ha sido suministrado a los Ayuntamientos y del que nada se ha informado a los mismos.

Planificación de necesidades de material sanitario

Por parte del Secretario y de la Interventora en la Junta de Gobierno de 29 de abril, se recomienda a los señores Diputados que consulten con los técnicos de Prevención de Riesgos y Coordinador de Residencias, para que determinen las necesidades de material y comiencen a planificar las licitaciones en abierto de las contrataciones de este tipo de material que va a ser necesario en los meses venideros. 

El grupo socialista  preguntó sobre este aspecto en la Comisión de Vigilancia de la contratación, celebrada el pasado 26 de mayo. Casi un mes después se confirma que en esa fecha no se ha iniciado ningún expediente para la licitación en abierto de este tipo de material. ¿A qué responde ignorar de manera constante las recomendaciones de los técnicos? se preguntan los socialistas.