El plena crisis sanitaria por el coronavirus hay otras que parecen haber quedado en un segundo plano... pero no por ello pierden interés. La crisis de los desplazados sigue latiendo y, aunque es probable que el COVID supondrá un freno a esta situación (porque los desplazamientos se han limitado), hay una realidad heredada. 

A lo largo de 2019 en España se presentaron 118.264 solicitudes de asilo, más del doble que el año anterior. De estas, solo se resolvieron 60.198, incluyendo los expedientes acumulados de otros años, de modo que al finalizar el año eran al menos 124.000 las personas que estaban pendientes de una resolución de la que depende su vida.

En Soria, las tres organizaciones que colaboran con el programa de atención a solicitantes de protección internacional (Cruz Roja, CEPAIM y Apip-Acam) atendieron a 523 personas el año pasado, lo que supone triplicar los datos de 2018 y más de quintuplicar los de 2017 (97). Lejos quedan  2010 y 2015, con cinco personas. 

Por cuarto año consecutivo, los venezolanos encabezaron el listado en Soria, y a nivel nacional. La crisis política, social, económica... que sufre el país ha provocado la salida en masa de sus habitantes. Sin embargo, prácticamente la totalidad de los venezolanos solicitantes no cumplen con los requisitos establecidos por ley para ser reconocidos como refugiados y recibir asilo [deben demostrar «tener un temor fundado a ser perseguidos en su país por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, género u orientación sexual»]. Tampoco pueden recibir la protección subsidiaria, concedida a extranjeros que, sin ser refugiados, «no pueden regresar a su país de origen por existir motivos fundados de que suponga un riesgo real de condena a pena de muerte, tortura o tratos inhumanos o degradantes, o amenazas graves contra la vida o la integridad».  Ante esta situación, y dada la saturación que soportaba la Oficina de Asilo y Refugio (donde se estudian todas las solicitudes), el Gobierno acordó en 2019 conceder a los venezolanos un permiso temporal para residir y trabajar legalmente en España por razones humanitarias. 

Los venezolanos suponen el grueso de la solicitudes, pero no son los únicos. Colombia, El Salvador, Ucrania, Georgia, Honduras, Marruecos, Guinea Conakry, Nicaragua, Palestina, Camerún, Mali, Rusia, Somalia, República Dominicana, Perú, Siria... completan la lista. 

El proceso es igual para todos:la solicitud de protección internacional debe presentarse en el puesto fronterizo o, si ya está en España, antes de que pase un mes en la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), en cualquier Oficina de Extranjeros, en la Comisaría de Policía o en los Centros de Internamiento de Extranjeros. Se formula personalmente y consiste en una entrevista. 

En un mes (en teoría) se comunica al interesado si ha sido admitida a trámite y, por tanto, sigue el procedimiento; o si es rechazada y tiene que abandonar España. No obstante, cabe recurso ante el juez, lo que puede demorar esa expulsión. 

Admitida a trámite, pasa a fase de elegibilidad. Las autoridades tienen en teoría un plazo máximo de seis meses para tomar una decisión. Si es favorable, pasa a ser reconocido como refugiado o persona bajo protección subsidiaria. En caso contrario, debe abandonar España, aunque también aquí cabe recurso ante un Tribunal.

La solicitud de protección internacional da acceso a determinadas ayudas sociales. Coordinadas desde el CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), se desarrollan por diferentes entidades en diferentes provincias españolas (en Soria, por Apip-Acam, Cruz Roja y CEPAIM). Incluyen varias fases:acogida temporal (seis meses), autonomía (seis) e integración (seis), con diferentes tipos de prestaciones (alimento, ayuda psicológica, asesoramiento...). 

El CEAR va repartiendo a los solicitantes en función de las plazas libres que quedan en las ONG colaboradoras. El problema radica en que, en ocasiones, la demanda es superior a la oferta y para acceder a uno de estos programa de acogida hay que esperar unos meses. En otras ocasiones, la denegación de la protección llega mientras se está ya en un proceso de acogida, y el solicitante es expulsado del mismo, quedando en una situación de extrema vulnerabilidad. En Soria, Cáritas contribuyó con casi 38.000 euros para aliviar estas experiencias.