Ha pasado ya casi año y medio desde que Juan Guaidó se autoproclamase «presidente encargado» de Venezuela para liderar «una transición» que acabase con «la dictadura» de Nicolás Maduro y llevase al país a «la democracia». Todo ello lo prometió en enero de 2019, pero ahora las expectativas de los miles de seguidores que le arroparon ese día y que protagonizaron multitudinarias manifestaciones contra el Gobierno en los meses posteriores parecen haberse diluido.
Lejos de dar pasos hacia esa nueva etapa que sacase a Maduro del poder y que llevase al país a unas nuevas elecciones, el dirigente opositor no solo no avanza -ha roto cualquier tipo de diálogo con los chavistas, que insisten en retomar las negociaciones-, sino que podría incluso haber retrocedido, al verse implicado directamente en la fallida incursión naval desde Colombia que parecía tener como objetivo derrocar a Maduro, la conocida como operación Gedeón.
Aquel operativo, frustrado a principios de mes, lo tiene contra la pared. Aunque el dirigente se desmarcó de la actuación, liderada por Justin Goudreau, un exboina verde estadounidense al frente de la compañía Silvercop, uno de sus más cercanos asesores, Juan José Rendón, reconoció que firmó un acuerdo preliminar con dicha empresa para subvencionar la ofensiva, llegando a pagar 50.000 dólares como adelanto de 1,5 millones de dólares totales previstos.
Guaidó llegó a asegurar que era el propio «régimen chavista» el que estaba detrás de todo. Sin embargo, Goudreau hizo público un contrato que había firmado con dos aliados de Guaidó y una grabación de una conversación con el propio «presidente encargado». Además, aunque fue presionado para que despidiera a Rendón y a otro colaborador implicado, finalmente fueron estos los que dimitieron, y el mandatario alabó su «trabajo por Venezuela». Una cadena de actuaciones que ha dejado mermada su credibilidad entre la población.
Al margen de la fallida operación Gedeón, los diputados opositores se quejan de que Guaidó, su mentor Leopoldo López y funcionarios de Estados Unidos mantienen muy cerrada la estrategia para derrocar a Maduro. Varios de ellos consideran que la planificación debe trasladarse de Washington a Caracas -ya que no descartan que la ofensiva de la Casa Blanca contra el actual jefe del Ejecutivo sea una mera estrategia de campaña de cara a la reelección de Donald Trump en noviembre- y realizar consultas a los partidos antichavistas
Primero Justicia (PJ), una de las principales formaciones opositoras, exigió hace unos días nuevos mecanismos para la toma de decisiones, «para que se respete la unidad y el foco de la lucha esté en la salida de Maduro». Henrique Capriles, fundador de PJ y excandidato presidencial, ha repetido durante meses que los «fracasos de Guaidó» no deberían volver a ocurrir, instando a retomar las negociaciones. «Hay que barajar la partida», sostuvo en referencia a una renuncia del autoproclamado mandatario. Sus seguidores, y otra buena parte de la oposición, sugieren que le reemplace y lidere la respuesta.
Sin embargo, desde la oficina del dirigente salen en su defensa, asegurando que «reemplazarlo sería perjudicial para las fuerzas democráticas, ya que es el único líder que ha logrado aglutinar un amplio apoyo internacional contra Maduro». Alegan, en este sentido, que Guaidó ha recabado el «reconocimiento» de cerca de 50 países, que avalaron, en enero de 2019, su plan para iniciar una transición.
Sin embargo, ha pasado mucho tiempo y no solo no se ha puesto en marcha ese proyecto, sino que el opositor se está viendo salpicado en un escándalo golpista que podría retirarle el apoyo de numerosas potencias mundiales. Y de los suyos, que ya dudaban de que la nueva vía democrática llegase y ahora aumentan sus recelos hacia un hombre que podría haberse salido de la legalidad con tal de hacerse con el poder.