Amparada en la amenaza de que se impongan sanciones internacionales sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, principalmente desde Estados Unidos, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela aprobó ayer la  Ley Antibloqueo para, según argumentó, «contrarrestar, mitigar y reducir de manera efectiva los efectos nocivos generados por la imposición de medidas coercitivas unilaterales emanadas por otros Estados».

Fue el propio Maduro quien presentó este proyecto legislativo para «defenderse y contraatacar» frente a las sanciones, alegando que el país sudamericano ha dejado de percibir más de 65.000 millones de dólares entre 2015 y 2019 por la presión sobre su industria petrolera.

La nueva normativa establece que sus artículos tendrán acción preferencial sobre el marco legal preexistente, mientras que otorga al Ejecutivo la capacidad de «modificar los mecanismos de constitución, gestión, administración y funcionamiento de empresas del Estado, públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior», según el propio texto legislativo. Es decir, que el presidente del Gobierno tendrá un poder absoluto en cualquier tipo de gestión.

El jefe de la ANC, Diosdado Cabello, insistió en que esta nueva ley se aplicará sin perjuicio del artículo 303 de la Constitución que ordena al Estado conservar la totalidad de las acciones de la petrolera estatal, PDVSA, que se encarga de suministrar las reservas de crudo del país sudamericano.

Asimismo, añadió que «esta ley es un instrumento para blindar la economía del país, ante las constantes arremetidas de Estados Unidos, que busca desestabilizar al país».

Ante las acusaciones de que este nuevo marco legislativo es inconstitucional, Cabello insistió en que «garantiza» a la Carta Magna, aunque el Ejecutivo ha decidido presentarlo al Consejo de Estado para que este, a su vez, solicite a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia su opinión sobre su constitucionalidad.

El dirigente también señaló que la ANC está en el derecho de dotar al presidente con un instrumento legal con el cual se pueda seguir «combatiendo y maniobrando las sanciones criminales impuestas por Estados Unidos». Por esto, la nueva ley otorga facultades al Ejecutivo para «la celebración de todos los actos o negocios jurídicos que resulten necesarios para la protección de los activos nacionales».

Por otro lado, este marco legislativo declara «secretos y reservados los procedimientos, actos y registros efectuados con ocasión de la implementación de alguna de las medidas», confidencialidad que se mantendrá «hasta 90 días posteriores al cese» de las sanciones que hayan «propiciado la situación».

Sin embargo, algunos sectores del chavismo tildaron el proyecto de «ley del saqueo», al considerar que «entregará empresas y activos del Estado al capital privado, utilizando la excusa del bloqueo».

Por su parte, Maduro, que señaló que la vigencia de la ley será «hasta tanto cese el bloqueo», consideró que la regulación proporcionará «normativas y cancha para maniobrar y trancarle el juego a los que han causado este malévolo bloqueo».