Es especialista en Menores, Criminalidad Informática y Protección de Personas con Discapacidad. Casi toda su carrera profesional (excepto dos años en Vilanova i La Geltrú, Barcelona) ha estado vinculada a la Fiscalía Provincial de Soria, a la que se incorporó hace diez años y de la que ha sido coordinadora. El 30 de septiembre, María José Burgos Monge tomó posesión como fiscal jefa provincial de Soria, en presencia de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que destacó de la fiscal Burgos su «sólida» y «versátil» formación, su «apuesta decidida» por la modernización, la conciliación y por la justicia restaurativa y la mediación, con la «óptica puesta siempre en las víctimas». Delgado también resaltó la importancia de las fiscalías territoriales e hizo hincapié en su actuación durante la crisis sanitaria, especialmente en «asistencia y protección» a las personas y colectivos más vulnerables. María José Burgos sabe mucho de ello, dedicada a velar por los menores y dependientes. Son siete fiscales en Soria, cada una con unas competencias concretas asignadas. La nueva fiscal jefa pide una plaza más ante las necesidades que han surgido durante la pandemia. «Si tenemos Violencia de Género, Menores, Siniestralidad Laboral, Medio Ambiente, Seguridad Vial, Criminalidad Informática, Discapacidad, delitos de odio... tenemos que ocuparnos de todo [...] Es verdad que nos forman mucho y tenemos apoyo en los casos más complicados, como puede ser en los delitos graves de siniestralidad laboral que se revisan por Madrid», resume respecto a la situación de la Fiscalía de Soria.

Acaba de tomar posesión como fiscal jefa de provincial, pero lleva más de una década vinculada a Soria en la Fiscalía de Menores. ¿Cuáles son las necesidades más urgentes de esta Fiscalía?

Es una Fiscalía pequeña, somos siete, pero con todo lo que ha pasado con la COVID-19, el parón de suspensión de plazos, es necesaria una plaza más. Es lo más inminente. O un refuerzo. Lo que tenemos en papel es abordable, lo podemos resolver, además tenemos teletrabajo, pero los servicios hay días que se nos comen. Asumimos la guardia de Soria, El Burgo de Osma y Almazán, la de Menores y todos los servicios de juicios de penal, contenciosos que ahora está habiendo muchos con el COVID, en Social que también ha aumentado mucho... eran parcelas en las que el fiscal no intervenía tanto y ahora como afectan a derechos fundamentales, tenemos que hacerlo. Hay mañanas en las que no hay fiscales en la Fiscalía porque están todos ocupados. Hasta ahora en número de fiscales llegábamos bien, es gente muy trabajadora, de muchos años en la plantilla y muy resuelta, pero no nos podemos desdoblar más. Y eso que en El Burgo de Osma y Almazán nos permiten hacerlo por videoconferencia y no tener que desplazarnos nos facilita mucho.

¿Qué otros retos se ha marcado como fiscal jefa provincial?

Todo es tan cambiante... porque de lo que me planteaba cuando pensé en esta Jefatura, hay muchas cosas que voy a tener que esperar porque las circunstancias de un día a otro cambian. Lo que quiero es que sea una Fiscalía ágil, moderna, que los compañeros estén bien, el teletrabajo me parece muy importante y se puede conciliar con la vida familiar. Hay que flexibilizar todo lo que se pueda. Teníamos la posibilidad de teletrabajo y ahí estaba, nos dieron un software bastante bueno y ahora que lo hemos empezado a utilizar es una maravilla. Al inicio de la pandemia hubo algunos problemas, pero el soporte informático desde Madrid estuvo muy atento y nos resolvió todas las incidencias.

Comenta que ha aumentado el volumen de trabajo con la COVID-19 y el parón de los plazos. ¿Se puede hablar de colapso en el caso de la Fiscalía Provincial de Soria?

No. Creo que tampoco lo hay en los juzgados. Es verdad que son juzgados de ir al día y estamos acostumbrados a que la pendencia nos cueste verla. Los juzgados han trabajado mucho para ponerse al día, pero no hay colapso en ninguno de los órganos judiciales ni en la Fiscalía.

Durante la pandemia el trabajo ha sido muy bueno por parte de los fiscales y de los funcionarios, es de agradecer encontrarte con un buen equipo. Eso hace mucho. La Fiscalía es un trabajo en equipo, continuamente hemos estado en contacto y todo el mundo ha estado dispuesto en cualquier momento y a cualquier hora. La gente ha dado la talla.

Habla de una plaza más de fiscal o un refuerzo, ¿en la plantilla de funcionarios también se necesita más personal?

Está prevista la convocatoria del tramitador de apoyo a la jefatura provincial .Quedó vacante con el anterior fiscal jefe, no se pudo convocar después y está pendiente. Necesitamos uno más, porque en cuanto hay cualquier incidencia nos quedamos un poco justos de funcionarios.

El problema de esta plantilla, tanto de fiscales como de funcionarios. Es que está ajustada para circunstancias normales, pero cuando algo cambia, falta. Esa plaza no sabemos muy bien cuándo se va a convocar,  pero nos va a venir muy bien, sobre todo por el sistema de guardias de los funcionarios, porque van muy ahogados. 

En febrero de 2019 se constituyó la nueva Oficina Fiscal, ¿cómo está funcionando?

Constituida como tal está funcionando, pero nos falta este tramitador de apoyo que daría sentido a toda la Oficina Fiscal, que cuenta con un coordinador y con esta persona se podría completar todo lo que se establecía sobre la calidad en la tramitación, el control de datos, etcétera. Otras personas asumen en parte estas funciones, pero no en su totalidad porque no les corresponde. 

Los funcionarios trabajan fenomenal, además están muy dispuestos, pero con todo no pueden. Han trabajado muy bien durante la pandemia, insisto, han teletrabajado en parte y han venido de forma presencial a las guardias y, en todo momento, han cumplido muy bien, con mucha disposición de la Fiscalía y del servicio público, poniendo también sus propios medios, porque los mandaron a casa con su ordenador.

¿Qué papel ha desempeñado la Fiscalía en los distintos periodos de la pandemia, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también con otras entidades públicas y privadas?

Durante la pandemia la incidencia fue sobre todo en las residencias, donde llevamos un buen control con la Gerencia de Servicios Sociales y con la Junta de Castilla y León, así como con el fiscal delegado en personas con discapacidad de la Comunidad autónoma. Fue una coordinación diaria, constante y viendo la evolución de contagiados, fallecidos, de las medidas que se estaban implantando en las residencias... a veces, estuvimos asustados porque no sabíamos lo que se nos venía encima y lo que estaba pasando.

Tanto la Junta como la Gerencia de Servicios Sociales nos han facilitado los datos que hemos pedido continuamente, nos lo han proporcionado de manera puntual. Lo hacían a través del delegado de la Comunidad y él nos los distribuía. Si veíamos que alguna residencia se estaba disparando, nos poníamos en contacto con ellos y siempre nos han dado información de lo que les hemos pedido, que era lo más importante en ese momento.

Alude a situaciones que se ‘dispararon’ en residencias. ¿Tuvo la Fiscalía que intervenir en alguno de estos casos?

Si hemos incidido en alguna residencia ha sido porque algún familiar lo ha solicitado o si nosotros veíamos números elevados. Pero todas las residencias han colaborado de forma inmediata cuando les requeríamos la información de todos los protocolos que se estaban siguiendo de desinfección, personal... mandaban unos informes completísimos y al final de la noche, con la que estaban teniendo. La gente estaba muy nerviosa en ese momento y había familiares que nos incidían, pero se  solucionaba. Fueron, a veces, malos entendidos o falta de información, que eso pone muy nervioso. En ninguna residencia hemos detectado que se estuvieran incumpliendo ni las medidas ni los protocolos, lo cumplían a rajatabla. Hemos tenido pocas incidencias, la verdad.

Las diligencias siguen abiertas porque ahora con los brotes hacemos el seguimiento y estamos evaluando los datos, porque en ese volumen brutal que teníamos hacíamos un seguimiento y ahora estamos en ese momento de análisis, en hacer comparaciones entre el número de residentes, fallecidos, trabajadores afectados... Son tres carpetas enormes y en eso estamos.

¿Y denuncias sobre la gestión de residencias?

En su día hubo dos denuncias por parte de un sindicato [UGT, sobre la residencia de Los Royales] y por parte de un partido político [Vox] que interpusieron unas denuncias muy genéricas, inconcretas... a base de lo que veían en los medios de comunicación. Eran poco concisas, no sabíamos ni por dónde empezar ni a quién se estaban dirigiendo. Se distribuyeron por toda España. Ahora no hay ninguna.

¿Y en el ámbito sanitario?

Por ahora no ha llegado nada. Ahora otra vez la Junta le comunica los datos al delegado de la Fiscalía en Castilla y León, y él nos lo manda. Vemos que ha habido brotes, como es sabido por todos, y estamos haciendo un seguimiento. Pero a nivel particular no nos han trasladado nada.

¿Qué datos maneja la Fiscalía Provincial en cuanto al incumplimiento de las medidas sanitarias?

Respecto de las autorizaciones/ratificaciones de medidas sanitarias por COVID-19, los juzgados de guardia de Soria, fuera de las horas de audiencia, han registrado diez; una en el Juzgado de El Burgo de Osma; y cuatro en el Juzgado de Contencioso-Administrativo, en horas de audiencia. Lo que se ha hace es ratificar esas medidas, a través del Juzgado de Guardia o el Contencioso Administrativo en horas de audiencia.

¿Y por incumplir cuarentenas?

En cuanto a delitos de desobediencia por incumplir el confinamiento en periodo de estado de alarma, no puedo decir número exacto, porque el programa informático no diferencia. Los incumplimientos de cuarentenas entran por el servicio de guardia y, dependiendo de la gravedad, nos encontramos o no con un delito de desobediencia, en función de la reincidencia, de si se ha judicializado previamente, si son solo infracciones administrativas... todo eso se valora porque el derecho penal solo incide cuando es muy grave la situación. Casi todos los casos pasan a previas para solicitar todas las infracciones administrativas y penales, para valorar si constituye un delito o no de desobediencia. Nosotros lo que hacemos es ratificar que esa persona no salga de su domicilio, ya que se trata de un derecho fundamental como es el de la libertad.

En la Memoria de la Fiscalía de Castilla y León de 2020, la de Soria hace referencia a las «dificultades» para poder reflejar con fiabilidad los datos de violencia de género debido a la falta de concreción por parte de los juzgados de instrucción al remitir a la Fiscalía el parte de incoación de diligencias previas o urgentes. ¿Cómo puede resolverse?

Es por los programas informáticos, porque los juzgados tienen uno, que es Minerva, y nosotros tenemos otro, Fortuny, pues entre ellos no se llevan bien, no se hablan [ironiza]. A base de estas reclamaciones que hacemos intentamos que se vayan compaginando, porque denominan mismos procedimientos con distintos nombres. Cada vez se va puliendo más. De todas formas, nosotros tenemos articulado un sistema de papel en el que rellenamos a mano la medida cautelar, el procedimiento, si ha habido sentencia, conformidad... lo que sea. Lo hacemos para que el funcionario compruebe si los datos que nos ha mandado el juzgado coinciden con los que entran vía informática. En cada asunto de violencia de género o doméstica lo rellenamos todo para poder cumplimentarlo bien.

¿Se ha notado el confinamiento en los casos de violencia de género y doméstica?

Sí, los asuntos que más ha habido en guardia durante el confinamiento eran violencia de género y doméstica. Tampoco había otro tipo de delitos, como robos, había mucha vigilancia por la calle, entonces fueron los que se cometían en casa, en la intimidad. No es que hubiera un gran volumen, pero lo que había de guardia era de esto.

Otra de las propuestas de la Memoria es la creación de juzgados de familia especializados en todas las provincias. ¿Urge en Soria?

Creo que sí, más que nada porque el Juzgado de Violencia de Género lleva Familia, todo tipo de medidas administrativas, es un juzgado de Instrucción y de Civil, tiene asuntos de todo tipo. Está muy colapsado, Familia es una materia delicada y es mejor que esté especializada, porque los juzgados de Familia son atendidos por magistrados y fiscales especialistas en la materia.

Continúa al frente de la Fiscalía de Menores. Volviendo a la Memoria, se alude a cinco casos de abusos/agresiones sexuales a menores de 16 años y a que tres de ellos fueron archivados por ser los investigados menores de 14 años. En este sentido, se informó de la «escasa implicación por parte de los padres a las citas concertadas, ya que restaban importancia a los hechos, e incluso culpabilizaban a las víctimas», cito textualmente. ¿Qué se puede hacer en estos casos?

Por ley, todos los casos que se archivan de menores de 14 años se remiten a la entidad protectora, para que valore si en esa familia pasa algo o hay algún indicio de desprotección o de riesgos. Luego nos comunican qué trabajo han hecho con esa familia, si es una familia estructurada y es un hecho puntual o si, por el contrario, es una familia muy desestructurada que necesita apoyo. En este caso nos llamó la atención que las familias no colaboraran, que es lo normal y más en Soria, que no fueran a las citas... por eso lo plasmamos, pero ha sido coincidencia. Lo normal es enviarlo a Servicios Sociales y que las familias colaboren. Si viven fuera también lo mandamos, quizás si es a ciudades grandes se diluye todo más, eso puede ser.

Pero la Ley de Responsabilidad Penal del Menor es muy adecuada. Es verdad que con los menores inimputables no podemos actuar porque a nivel internacional lo tenemos prohibido, se establecen esos límites punitivos entre los 14 y los 18 años, pero no se deja, el artículo 3 remite a los Servicios Sociales. Además, mientras que la Fiscalía solo actúa con el menor, Servicios Sociales trabaja a nivel global, con la familia, con el colegio... es mucho más integral. Y si ven que pasa algo se deriva a Protección a la Infancia.

Hay una falsa percepción de que en Soria no tienen lugar ciertos delitos, pero con cierta frecuencia se tiene constancia de casos de abusos a menores, entre otros...

Sí, claro que se dan, no con mucha frecuencia, pero hay. Va un poco por rachas, recuerdo que recién llegada tuve muchísimos casos, luego paró bastante. Son delitos que se cometen en la intimidad, muchas veces no se denuncian y otras veces nos llega del colegio, de un familiar, de otro servicio... depende.

El caso de ‘la manada’, ¿ha supuesto un punto de inflexión para que afloren más este tipo de casos y para que se aborden desde otra perspectiva?

Lo más importante es siempre tratar bien a la víctima, hay que focalizar en la víctima para que declare las menos veces posibles, que se sienta bien cuando lo haga, que no sea una tortura. Cada vez tenemos más equipos psicológicos que se ponen a disposición, se les ofrece no solo abogado, sino ayuda psicológica desde el primer momento, para que no haya una desprotección con las víctimas. Poco a poco se va haciendo algo. Se hacen pruebas preconstituidas para que no tengan que volver a declarar más veces, que no sea una tortura, que sea una forma de ayudarles, que es lo que pretendemos. Es verdad que se ha hecho mal y se trata de mejorar.

Por otra parte, en la misma Memoria de la Fiscalía se destaca que hay «varias sentencias condenatorias por delitos de caza ilegal de corzos sin autorización del titular del coto». ¿Es relevante el furtivismo en Soria como para que se mencione en la Memoria de la Comunidad?

Gran número de casos no hay. Tenemos una fiscal especialista en Medio Ambiente, que se ocupa de todos estos temas.

Estamos en campaña micológica. ¿Cuál es la implicación de la Fiscalía en cuanto a la recolección ilegal y, sobre todo, a la organización de cuadrillas ilegales de recolectores?

Tuvimos una reunión la semana pasada con el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta, iba a estar también la Guardia Civil, pero no pudo acudir. Hay un protocolo y la Fiscalía lo revisa y lo apoya. Nos comentaron todo el trabajo que están haciendo, que es tremendo, lo que habían hecho en años anteriores y este año a ver qué pasa, porque con el COVID es especial, dan más respeto las actuaciones. Pero la administración está trabajando muchísimo. 

La Fiscalía incide en aquellos casos más graves, porque lo penal es lo último, entonces son casos de muchísima cantidad, que supere con creces los 400 euros que es lo que es delito o en aquellos casos en los que el comportamiento con los agentes medioambientales constituya un delito. Casi todo se queda en el nivel administrativo, además lo están haciendo muy bien, con la incautación de vehículos y del producto.

La ocupación ilegal de viviendas se está generalizando. ¿Cuál es la situación de Soria y qué repercusión tendrá la nueva instrucción dictada por la Fiscalía General del Estado en esta materia?

No hemos tenido ningún caso. Cuando salió lo que nos mandó la Fiscalía General del Estado, pregunté en los juzgados y me dijeron que tenían algún caso de desahucio, pero no de ocupación ilegal. Por ahora, no, ¿qué surja? Pues no sé, porque a Soria llega todo un poco más tarde. Cuando pasa algo en Málaga, por ejemplo, aquí llega como dos años después. Nos pasaba con los delitos informáticos, que mis compañeros de otras provincias estaban calificando ‘phishing’, aquí nada, y llegó después.

También lleva Criminalidad Informática, ¿qué volumen de la tarea de la Fiscalía Provincial de Soria ocupan estos delitos?

Hay muchas denuncias por delito informático, muchísimas, sobre todo por estafa, pero el problema es el autor, su identificación. Muchas veces se les pierde la pista porque están en el extranjero, las comisiones rogatorias son imposibles porque por 12 euros no se hacen... y es gente que se vale de 12, 12, 12... y se forra, pero nosotros no podemos hacerlo. Casi todas las denuncias por delito informático se quedan en archivo. Otras son más fáciles, como las ventas por Wallapop, porque la Policía tiene un sistema muy bueno y por teléfono o por IP en seguida se identifica, pero son delitos más domésticos, los entramados un poco más grandes se nos diluyen.

La Fiscalía de Sala en la Unidad de Criminalidad Informática de Madrid está luchando por conseguir una base de datos para poder trabajar de una forma más coordinada y más global para perseguir a esta gente. Poco a poco, se va haciendo. Pero es muy difícil, internet va rapidísimo y  los delitos van cambiando.

¿Cómo se halla la incidencia de la siniestralidad laboral?

Tratamos los casos más graves, o fallecidos o lesiones muy graves siempre que haya habido imprudencia por una de las partes. Hay pocos, la verdad, lo que pasa es que son graves y son conocidos.

La Fiscalía Superior de Castilla y León ha solicitado que se cree la figura del delegado del Ministerio Fiscal contra la Corrupción y el Crimen Organizado y unidades especializadas. ¿Hace falta en una provincia como Soria?

Urgen más otras cosas. A veces nos toca, siempre hay algo, y si lo crean nos tocará tener a alguien y asumirlo, pero en principio nos viene tangencial, algo que pasa en otro sitio y nos toca aquí.

Hace año y medio se inició una investigación por un supuesto delito fiscal y otro contra el patrimonio a la organización Cives Mundi. ¿En qué punto se encuentra?

Está judicializado y no puedo dar información, tengo obligación de reserva por eso mismo, porque está judicializado.

La sociedad reclama una Justicia más cercana al ciudadano, ¿se debe, en general, hacer un esfuerzo respecto al ejercicio de transparencia de su labor?

Creo que sí. Y, de hecho, se está trabajando en ello. Lo que pasa es que, a veces, es muy difícil compaginar la intimidad de las personas, al verse afectados sus intereses, y la transparencia. Esto es muy difícil en la Justicia. Intentamos ser más abiertos, porque viene de un tiempo muy cerrado también, pero hay que tener cuidado con la protección de datos y la intimidad. 

En Soria es muy fácil determinar de quién se trata en cualquier asunto. Alguna vez han venido a quejarse porque en un medio de comunicación sale lo que ha pasado en un pueblecito pequeño y es muy fácil saber quién es esa persona. Han venido a quejarse víctimas de violencia de género, padres de menores... Transparencia con los asuntos creo que no se puede, pero con nuestra labor del día a día, sí, creo que tenemos que esforzarnos. 

Tenemos que ser más cercanos al ciudadano, en el lenguaje y en la comunicación, porque a veces reciben notificaciones que no saben lo que es, porque es un lenguaje muy enrevesado y nuestras leyes son muy antiguas, tenemos un Enjuiciamiento Criminal y Civil muy antiguos que emplean un lenguaje que cuesta. Yo como llevo menores y a personas con discapacidad por lo que intento que me entiendan, tienes que explicar de la mejor manera posible qué es lo que va a pasar, que va a haber un procedimiento judicial, cómo va a ser... vienen muy nerviosos y cuando lees los derechos... se asustan, claro. Hay que relajar.

A nivel nacional se habla continuamente de la politización de la Justicia. Está de actualidad, aunque haya quedado aparcada de momento, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). ¿Llega la presión política a la Justicia en Soria?

Diría que no, a mí desde luego, no. Esto es a otros niveles, pasa también con la Fiscalía General del Estado, pero en Soria estamos bastante ajenos a todo eso. Creo que a los órganos judiciales de aquí, tampoco, eso se queda en otras instancias.

La mayoría de las fiscalías están ocupadas por mujeres. ¿Se puede hablar de igualdad en la Justicia española?

El sistema de oposición es muy duro, no mira quién hay detrás, y lo abarcan mujeres, creo que por nuestra capacidad de constancia y de estudio. Si el filtro ya es ese, si ya entran muchas mujeres en oposición, es algo totalmente transparente. Luego vamos ocupando, poco a poco, los puestos. 

En la Fiscalía de Soria somos todas mujeres, salvo un fiscal sustituto que está cubriendo una baja por maternidad. Y en los órganos judiciales está un poco más repartido, pero también hay muchas mujeres. 

¿Ha notado conductas machistas?

En mi trabajo nunca he percibido machismo, siempre me he sentido bien acogida y recibida; fuera sí lo he notado, desde luego, pero aquí no.