La nueva Ley de Vivienda regulará los precios de los alquileres en España, poniendo topes en unos casos e incentivando el abaratamiento de los precios, entre otros. Cabe destacar, asimismo, que recoge penalizaciones a la vivienda vacía y define por primera vez al gran tenedor de vivienda y el concepto de área de mercado tensionado. En la provincia de Soria, según las estadísticas de la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, están registrados 2.004 titulares con más de diez bienes urbanos (de los   que 122 tienen más de 26, y 68, más de 50 propiedades).

Este es un dato orientativo, ya que no se especifica qué tipo de propiedades son (públicas o privadas) y si los bienes son viviendas, garajes, locales o trasteros, tampoco si los titulares son personas físicas o empresas.

Así las cosas, la nueva ley considera gran propietario al dueño de más de diez viviendas que sea persona jurídica y que se verá obligado a rebajar el precio del alquiler en las zonas tensionadas; a congelarlo en el caso de los particulares que tengan esta consideración.

La segunda cuestión es si Soria puede calificarse área tensionada, un término que se refiere a los ámbitos territoriales en los que exista un especial riesgo de oferta suficiente de vivienda para la población, en condiciones que la hagan asequible para su acceso.

En opinión de Sonia Lucas, gerente de la Inmobiliaria Hogares, Soria podría ser «zona tensionada» por las circunstancias actuales. «Mucha gente no ha encontrado alquiler en Soria y se ha ido a Almazán», asegura en declaraciones a La 8 Soria.

En este sentido, el portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Soria, Javier Muñoz, explica que se ha visto «cómo se ha incrementado el precio» de los alquileres en Soria en los últimos tiempos, a distancia de las grandes ciudades, y en el aumento de la demanda del arrendamiento por funcionarios de la nueva prisión se ha visto que «hay falta de vivienda» que, a su juicio, se resolverá a corto plazo con nuevas promociones.

Respecto al recargo de hasta un 150% del IBI en las viviendas vacías, Muñoz recuerda que la Ordenanza Fiscal número 24 ya contempla esta penalización, pero hasta ahora no se ha hecho efectiva. «Se aplicará un recargo del 50% de la cuota líquida del impuesto del IBI para aquellos bienes inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados permanentemente», puede leerse en la citada ordenanza. El mismo documento señala que se entenderá por desocupados a los inmuebles que no estén inscritos en alguna bolsa de alquiler y que permanezcan sin habitantes empadronados en la fecha del devengo del IBI; no tengan contratado durante un periodo superior a ocho meses, dentro del devengo, el servicio de abastecimiento y saneamiento de agua; o no haya constancia de consumo de los contratos suministro de electricidad y  agua. «A dichos efectos, se podrá elaborar un registro de inmuebles de uso residencial desocupados de acuerdo con la normativa vigente».

Así las cosas, el edil reitera que el concepto jurídico de vivienda vacía «no está desarrollado» por lo que, por el momento, no se ha puesto en práctica esta parte de la ordenanza. «La ley nos tiene que dar certidumbre», subraya Javier Muñoz.

De esta forma, el portavoz municipal deja abierta la puerta a aplicar ese recargo en el Impuesto de  Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas deshabitadas, mientras que estos días se ha sabido que ayuntamientos como los de Madrid, Santander o Salamanca no están dispuestos a penalizar a los propietarios de estas viviendas y, otros como el de Valencia no descartan recargos al IBI.

«La música de la nueva ley de vivienda suena bien, ahora hay que ver la letra cuando llegue al Consejo de Ministros y se tramite. Se pone encima de la mesa la regulación de los alquileres de las empresas que tienen más de diez viviendas en propiedad, no de los particulares, y sobre todo esos beneficios a través de ese bono de 250 euros para las rentas inferiores a 25.000 euros, que es lo que la sociedad está demandando», aseguró Javier Muñoz a La 8 Soria.

Por su parte, la gerente de la Inmobiliaria Hogares, Sonia Lucas, admite que «hay mucha gente que invierte en vivienda pero se queda parada» y apunta a que habrá que esperar a que se ponga en práctica la nueva ley para comprobar si surte efecto y estos domicilios se incorporan al mercado inmobiliario. «Para la persona que invierte en vivienda le tiene que ser rentable. El planteamiento de la subida del IBI no va a caer bien, así que o se venderán o se pondrán en alquiler, ahora mismo serían bienvenidas para los funcionarios de la prisión», concluye.