El antichavismo agregó ayer una dosis de suspense al llamamiento a los paros en la administración pública que hizo a inicios de esta semana junto a cientos de gremios, al guardar silencio sobre los detalles de la convocatoria con la que espera aumentar la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.
Se esperaba que esta jornada los más de 600 sindicatos que reconocen al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente encargado del país, puntualizaran sus posiciones ante el paro convocado, del cual solo se ha dicho que será "escalonado".
Pero en vez de eso, los gremios informaron de quehoy darán los detalles de los paros en una rueda de prensa, a la que no se ha invitado a los políticos.
Las declaraciones serán ofrecidas por la enfermera Ana Rosario Contreras, una líder sindical que en 2018 lideró durante más de 100 días las protestas de su gremio en demanda de mejoras salariales, dotación hospitalaria y el fin de la crisis.
La huelga formará parte de la creciente presión que aplica la oposición contra Maduro, en el poder desde 2013, a quien busca desalojar del poder, no reconoce y le achaca la acuciante crisis económica que padece el país.
Guaidó no se pronunció sobre este tema, pero sí se reunió con el embajador de Alemania en Venezuela, Daniel Kriener, a quien el Gobierno de Maduro expulsó la víspera.
Además, se juntó, también, con una delegación de estudiantes "para sumar sus ideas al área educativa" del llamado Plan País, un programa de Gobierno que la oposición espera poner en marcha una vez tome el poder.
"Seguiremos escuchando a todos los sectores de nuestra nación para impulsar la reconstrucción de Venezuela. Sabemos lo que hay que hacer y cómo hacerlo", dijo el opositor en Twitter.
Maduro también guardó silencio respecto a los paros, aunque el miércoles reconoció las molestias de los empleados públicos y ordenó a los responsables financieros iniciar la discusión de los contratos colectivos vencidos.
Es este una de las principales reivindicaciones de los más de 1,5 millones de trabajadores que dependen del Estado: las prerrogativas largamente discutidas dentro de los convenios colectivos y que han quedado desactivadas después de la entrada en vigor del paquete económico de Maduro en agosto del año pasado.
El Parlamento, que controla la oposición, dijo en su última sesión que tras el levantamiento de las tablas salariales y bonificaciones por experiencia los ingresos de los más de 1,5 millones de trabajadores públicos son de 18.000 bolívares, o apenas 5,45 dólares.
Ese monto, que también reciben 2,5 millones de pensionistas, condena a los empleados públicos a la miseria y a otras labores para poner alimento en sus mesas.
La jornada finalizó a media tarde, después de un nuevo apagón que dejó sin servicio eléctrico a una decena de estados y a Caracas, la capital del país y sede de los poderes públicos.
Sin servicio eléctrico
El Gobierno de Maduro dijo de forma casi inmediata que el corte eléctrico, que se produjo cerca de las 17,00 horas locales y pasadas las 21,00 se mantenía, ocurrió por un "sabotaje" en las instalaciones hidroeléctricas de Guri, una de las más importantes del país.
Además, en Caracas, miles de personas caminaron largos trayectos para llegar a sus destinos, y que el servicio del Metro, vital en la movilización de pasajeros ante el descalabro del transporte público, tuvo que suspender sus actividades.
"Venezuela tiene claro que la luz llega con el cese de la usurpación. Sigamos adelante. Durante nuestra gira en el sur (de América) buscamos apoyos para atender esta crisis. El bloqueo al progreso lo vencemos con movilización ¡Nos vemos el sábado en la calle!", apuntó Guaidó en Twitter.
Todo esto ocurre en medio de la tensión política que se elevó en Venezuela en enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó se proclamó como presidente encargado y fue reconocido por más de 50 países.