Los profesionales sanitarios que acepten trabajar en zonas de difícil cobertura tendrán un complemento de garantía asistencial que en el caso de los médicos de familia y pediatras será de 6.000 euros anuales, de 1.300 euros para los enfermeros y de 300 euros para resto de categorías.

Esta medida forma parte del decreto ley de medidas urgentes que ha preparado la Consejería de Sanidad y que el jueves será presentado al Consejo de Gobierno de la Junta para paliar el déficit de médicos especialistas de Atención Primaria. En el mismo también se contempla la recuperación de los incentivos de productividad, mecanismo suspendido en el año 2012 como consecuencia de la crisis económica, la fidelización de los licenciados sanitarios especialistas en medicina familiar y la posibilidad de utilizar el transporte a la demanda para garantizar la asistencia en los casos de por no poder hacerlo en los consultores locales por carencia de profesionales.

El consejero de Sanidad, Antonio Sáez Aguado, explicó, en declaraciones recogidas por Ical, que dentro del objetivo de paliar el déficit de médicos, este decreto ley se suma a las medidas ya adoptadas por su departamento como la prolongación de la edad de jubilación de los médicos de familia y pediatras, que ha permitido que el 30 por ciento de estos profesionales mayores de 65 años mantengan la actividad; la Ley de Medidas que en 2017 permitió a los médicos no comunitarios poder trabajar en Castilla y León tras acabar el MIR, modificación que permitió que se incorporaran a Sacyl medio centenar de especialistas, y el incremento de plazas de médicos de familias, que en los últimos cuatro años alcanzan las 1.352.

El completo de zonas de difícil cobertura podría beneficiar a 587 profesionales, de los 245 son médicos de familia, y tendrá un coste para las arcas públicas estimado en algo más de 2,6 millones de euros anuales. Además, puntualizó que en el decreto se contemplan los criterios para calificar un puesto como de difícil cobertura, que de forma general afecta a más de una veintena de zonas básica de salud de las comarcas periféricas de la Comunidad.

El consejero, que argumentó que ante el déficit de médicos muchos profesionales prefieren trabajar como interinos que aceptar una plaza, explicó que el incentivo se ha fijado teniendo en cuenta los establecidos en otras comunidades, situándose entre los de mayor cuantía.

La distancia desde el centro de salud al hospital de referencia, el tiempo semanal empleado en los desplazamientos, el grado de dispersión geográfica y los accesos adversos, son los criterios que se tendrán en cuenta para calificar un puesto de difícil cobertura, que también contemplarán otras ventajas como la flexibilización del horario; la disponibilidad en los llamamientos temporales de interinidad en las bolsas de empleo temporal; la valoración como mérito en la carrera profesional, considerándose como cooperación con el Servicio de Salud; la prioridad en la participación en las actividades de formación, y la prioridad de los centros e instituciones sanitarias a los que estén adscritos puestos de difícil cobertura en los proyectos piloto o de investigación.

En cuanto a la productividad, Sáez Aguado indicó que los incentivos ascenderán a 36 millones de euros y estarán incluidos en el Plan Anual de Gestión para cada centro o unidad, mientras que la fidelización de los MIR permitirá que durante este año y el que viene se podrán realizar nombramientos eventuales a todos los licenciados sanitarios especialistas en medicina familiar y comunitaria que hayan finalizado su residencia en los tres años anteriores a la fecha del nombramiento por un periodo de dos años prorrogable, en su caso, por un año más. Posteriormente, se realizará un estudio y valoración sobre si procede la creación de una plaza en la plantilla orgánica.

Medio rural

Además, el consejero insistió que la posibilidad de contratar el transporte a la demanda para garantizar la asistencia sanitaria no supone el cierre de los consultorios locales en el medio rural. En este sentido argumentó que el déficit de personal afecta sólo a los médicos, no a los profesionales de enfermería.

Por otra parte, el consejero recordó que el problema del déficit de profesionales no está vinculado a las medidas de contención del gasto público ni a los recortes y subrayó que “el déficit de médicos afecta al conjunto de comunidades autónomas, no solo a Castilla y León. De hecho, todas las plazas de Atención Primaria tienen la correspondiente dotación presupuestaria”.

Además, recalcó que, según datos del Ministerio de Sanidad, Castilla y León continúa siendo la comunidad con mayor dotación de médicos de familia: 119,4 por 100.000 habitantes, frente a 84,5 en el conjunto nacional. También, indicó que de todos los médicos especialistas el 36 por ciento trabajan como médicos de familia de Atención Primaria, mientras que en España es el 31 por ciento.

Finalmente, Sáez apuntó que se mantienen a buen ritmo las reuniones de los grupos de trabajo constituidos con sindicatos, sociedades científicas, plataformas, entidades sociales y grupos parlamentarios para la elaboración de un documento de consenso social, político y profesional sobre el futuro de la Atención Primaria.

No obstante, el consejo afirmó que todas estas medidas deben estar acompañadas también por las que desde su departamento se ha solicitado al Ministerio de Sanidad y que pasan por una convocatoria extraordinaria de plazas MIR en Medicina Familiar, un incremento de estas plazas en diversas especialidades, nuevas plazas de formación y agilizar los trámites de homologación de los títulos de especialistas extracomunitarios, dado que en la actualidad son 4.000 los profesionales en toda España que están a la espera de cumplir con este trámite.