Partido Popular y Ciudadanos, con el apoyo de los procuradores de Vox, UPL y Por Ávila, se unieron en el pleno de las Cortes para reclamar la retirada de la denominada ley Celaá por considerar que ataca al idioma castellano, la educación concertada y la especial en una «victoria» de los independentistas y en una «derrota de la libertad», argumentos rechazados por PSOE y Podemos que les acusaron de «mentir».
La popular Carmen Sánchez enmarcó la iniciativa en la defensa del derecho de la educación después de que el debate de la reforma de la ley se sustanciara en una sesión, criticó que el Gobierno por primera vez deje fuera a la comunidad educativa, cuestionó el principio de igualdad tal y como está recogido y advirtió de que «se oficializa» a otras lenguas frente a la española.
«Espero que voten en conciencia, impulsen los valores constitucionales y escuchen a los socialistas que rechazan el pacto con Bildu», argumentó la procuradora popular, durante un debate marcado por el cruce de criticas entre PP y Cs, por un lado, y PSOE y Podemos por otro, en las que se coló el apoyo presupuestario de EH-Bildu y las «mentiras» vertidas sobre la norma por populares y naranjas.
Precisamente, Sánchez Bellota solicitó la votación por separado de cada uno de los dos párrafos de la propuesta de resolución, la primera de retirada del proyecto y la segunda con cuatro apartados concretos, lo que permitió el presidente, tras la consulta a la letrada, si bien ambos contó con el voto en contra de PSOE y Podemos, y en el segundo con la abstención de UPL.
En concreto la PNL aprobada solicita la retirada de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de Educación para abrir un proceso de diálogo con expertos educativos y sectores implicados, como familias, profesionales y Consejo Escolar. También, reclama la garantía de que el castellano seguirá como la lengua vehicular en toda España, el mantenimiento de la enseñanza concertada como complemento de la pública, conservar el derecho de los padres de menores con discapacidad a elegir su escolarización en centros educativos especiales y contra con una única prueba de evaluación del bachillerato común a todos los estudiantes de España.
«La ley Celaá cada vez es menos de la ministra y más de Bildu y ERC», asentó la procuradora de Cs Marta Sanz, en apoyo de la propuesta del PP, para rechazar las «lecciones de moral» de PSOE y Podemos y lamentar que el castellano deje de ser una lengua vehicular, pero afirmó que el debate no solo va de un idioma, sino de igualdad.
Tacticismo político
El socialista Jesús Guerrero inició su intervención con un recordatorio de los presos etarras acercados al País Vasco con Gobiernos del PP y acusó a populares y naranjas de sacar de nuevo este asunto «lleno de mentiras» por tacticismo político. También rebatió que no tenga consenso ni se haya hablado con la comunidad educativa y acusó de mentir al decir que el castellano deja de ser vehicular cuando está protegido en la Constitución.
«Utilizan la bandera y la Constitución para apropiárselas, son una maquina de hacer independentistas», anotó el socialista, que advirtió de que la misma PNL en Madrid y Murcia no recoge la petición de una Ebau única porque es competencia autonómica.
«Su iniciativa deja a las claras sus pretensiones y su ideología», inició su intervención Pablo Fernández (Podemos), que defendió la educación pública y lamentó que los menores no conozcan en sus comunidades las lenguas cooficiales de sus territorios en una intervención en la que reivindicó también el leonés.
Un voto «rotundo» a favor de la iniciativa, anunció el procurador de Vox, Jesús García-Conde, que defendió el castellano frente al «acoso» de los nacionalistas que ven un «escollo a sus pretensiones rupturistas», la libertad de centros y la Ebau única, según informa Ical.
El leonesista Luis Mariano Santos consideró que el PP hace un «ejercicio de tactismo político», pero se mostró de acuerdo con algunos de los principios de la PNL