El acuerdo de gobierno que Pedro Sánchez mantiene con sus socios del PNV, ERC y Bildu está en peligro si el Ejecutivo no accede en los próximos días a las pretensiones que le exigen modificar el texto sellado con los agentes sociales y que, de hacerlo, supondría una ruptura inmediata con la patronal.
La ministra de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez, pidió ayer a estos partidos que se respete la reforma laboral por que es buena para los trabajadores y avisó que si alterando el acuerdo, cambia la posición de los agentes sociales, entonces no se logrará «el máximo».
Rodríguez recordó que en el seno de los empresarios ha ganado el consenso y, en esta línea, reclamó a sus socios que hagan esa reflexión.
«El recuperar el diálogo social es una gran noticia. Tiene una connotación muy positiva y esto no puede obviarse por los grupos parlamentarios», enfatizó la ministra, que apuntó que esta reforma «logra romper con algo que nunca debió haber ocurrido», en referencia a la reforma de Mariano Rajoy porque, según Rodríguez, «no hubo diálogo».
También explicó que para que la reforma perdure en el tiempo es necesario que este acuerdo entre empresarios y trabajadores se consolide. «Esto es muy importante, yo tengo mucha confianza en que todos los grupos políticos hagan esa reflexión», declaró.
Sobre el traspaso del Ingreso Mínimo Vital (IMV) al País Vasco, la ministra aseguró que «está firmado» y que se encuentran en un «cruce de documentos para dar total seguridad jurídica» a ese traspaso de competencias.
En relación a si se ha activado a Ciudadanos para conseguir los votos de sus diputados, Rodríguez sostuvo que son partidarios de que la negociación tenga el apoyo de todos los partidos, «incluso del principal grupo de la oposición».
Por su parte, la viceprimera secretaria del PSC, Lluïsa Moret, criticó que haya partidos que se planteen no apoyar la reforma laboral acordada con sindicatos y patronal: «Confiamos plenamente todavía en que ERC asuma este papel de responsabilidad y humildad respecto a la posición de los agentes sociales y económicos» y la apoye.
«Si no fuera así, entonces ya veríamos cómo evoluciona todo y cuáles son las consecuencias reales» y avisó que ERC deberá dar muchas explicaciones si no la apoya esta reforma laboral, sobre la que el PSC organizó una jornada la semana pasada con representantes sindicales y patronales.
Mientras, el coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, consideró la «voluntad inquebrantable» de su espacio político para alcanzar un consenso sobre la reforma con los socios de investidura y, al respecto, avanzó que confía en que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pueda lograrlo.
Movilización
En este contexto, la Mesa Política de EH Bildu anunció que la formación soberanista se sumará a las movilizaciones convocadas para el próximo 30 de enero por «la mayoría sindical vasca» contra la reforma laboral, acordada entre el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, los sindicatos CCOO y UGT, y la CEOE, y llamó a la ciudadanía de Euskadi a secundarlas.
Los actos de protesta, organizados por ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru y Etxalde, se desarrollarán en Bilbao, San Sebastián-Donostia y Vitoria-Gasteiz, así como en Pamplona.
La dirección de EH Bildu hizo público un comunicado en el que manifestó que la derogación de la reforma laboral «ha sido desde el inicio una de las principales propuestas del Gobierno español».
Finalmente, la Confederación General del Trabajo (CGT) calificó la nueva reforma laboral como «un lavado de cara» de la normativa de 2012 y exigió una «derogación real». CGT anunció «cuantas movilizaciones sean necesarias contra esta no derogación» para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.