Sólo 34 de las 74 empresas de Castilla y León con más de 250 trabajadores cumple con su obligación legal de contar con planes de igualdad, según ha advertido este martes el sindicato Comisiones Obreras, que ha puesto en marcha una campaña para exigir el desarrollo de los mismos. En Soria, ninguna de las tres empresas con obligación de tener plan de igualdad la cumple, según el sindicato

La secretaria de Mujer y Políticas de Igualdad de CCOO en Castilla y León, Yolanda Martín, ha explicado que hasta ahora, la Ley de Igualdad de 2007 sólo afectaba a las empresas de más de 250 trabajadores, mientras que con el nuevo decreto aprobado por el Gobierno el pasado mes de marzo, se ampliará progresivamente la obligatoriedad de contar con estos planes a todas aquellas a partir de 50 trabajadores. 

Así, a partir de marzo de 2020 todas las empresas de más de 150 trabajadores deberán elaborar estos planes; a partir de marzo de 2021, las de más de 100, y a partir de marzo de 2021, las de más de 50, con lo que la cifra total de empresas obligadas a tener planes de igualdad en Castilla y León pasará de las 74 actuales a 781, 849 si se tienen en cuenta las administraciones públicas. 

En cuanto a las que hoy por hoy deben tener dichos planes, el porcentaje de cumplimiento se queda en el 47 por ciento, según ha desvelado la coordinadora de agentes de igualdad del sindicato en la Comunidad, María Elena Pinilla, que ha reconocido un avance en los últimos años en paralelo a un endurecimiento de las inspecciones. 

Por provincias, Zamora presenta un cumplimiento del cien por cien --las dos empresas que superan los 250 trabajadores--, mientras Burgos (nueve de 15) y Palencia (seis de diez) alcanzan un 60 por ciento, Valladolid el 50 por ciento (diez de 20), Salamanca un 44 por ciento (cuatro de nueve) y León un 25 por ciento (tres de doce). Por su parte, ninguna de las tres empresas con obligación de tener plan de igualdad en Segovia y Soria la cumple. 

Yolanda Martín ha explicado que, además, a partir de ahora los planes de igualdad en las empresas deberán fijar objetivos, estrategias y prácticas para que hombres y mujeres puedan tener las mismas oportunidades y posibilidad de desarrollar sus carreras profesionales dentro de las empresas. FASES 

Las fases que se establecen para ponerlos en marcha comienzan con la recopilación de datos de la empresa, tras lo que se ha de llevar a cabo un diagnóstico negociado con la parte social, elaborar medidas evaluables y que, a juicio de Martín, "no sean una mera declaración de intenciones. 

Los nuevos planes deberán ser registrados --aspecto que hasta ahora no era necesario--, para su posterior ejecución, seguimiento y evaluación por si fuera necesario rehacerlos en caso de que no estuvieran cumpliendo con su objetivo. 

La secretaria de Mujer y Políticas de Igualdad ha advertido de que en función de que las empresas estén más feminizadas o masculinizadas, estos planes "no beneficiarán sólo a mujeres", sino también a hombres, ya que persiguen la "igualdad de oportunidades real" en el ámbito de la empresa. 

Las materias que deben contener estos planes son, como ha explicado Martín, un proceso de selección y contratación, clasificación profesional, formación, promoción profesional, condiciones de trabajo (incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres), ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, infrarrepresentación femenina, retribuciones y prevención del acoso sexual y acoso por razón de sexo. 

Por su parte, el secretario autonómico de Negociación Colectiva y Acción Sindical, Fernando Fraile, ha hecho un llamamiento a los empresarios para que se impliquen con la igualdad, más allá de la obligación de dotarse de planes, que en 2022 sólo afectará al 0,5 por ciento de las empresas de Castilla y León. 

Fraile ha defendido que apostar por la igualdad "favorece" a las empresas, pues las hace "más competitivas" y las permite "acceder a nuevos talentos". 

Por otro lado, ha pedido "más inspección" y sanciones más altas a las empresas que no cumplan, al tiempo que ha pedido que éstas no se escuden en procesos de negociación "ficticios", mientras que Yolanda Martín ha lamentado que muchas "prefieren pagar las multas" antes que elaborar el plan debido a que las sanciones "son muy bajas".