El panadero rural, aquel que lleva todos los días este producto a sus vecinos más cercanos, el que más ha mimado su calidad, será el gran beneficiario de la ley del pan que entró en vigor el pasado 1 de julio. Así lo creen desde la Federación de Panaderías de Castilla y León, que insisten en que la repercusión en la Comunidad va a ser «importante» porque el 99 por ciento de los panaderos son «empresas pequeñas, familiares y del ámbito rural». 

El Real Decreto, que sustituye al de 1984, nace con el objetivo de crear un marco general de calidad sobre este producto, adecuando la normativa a las actuales demandas del mercado y ofreciendo una mayor seguridad al consumidor. «Ya era tiempo de que se modificará porque el sector de panadería ha cambiado radicalmente en los últimos diez años», señala Miguel Ángel Santos, secretario de la federación regional, que valora principalmente que con la nueva normativa se logre «una información real y veraz al consumidor sobre lo qué realmente está comprando». 

Esta nueva protección permitirá garantizar el futuro de muchos obradores. En la Comunidad existen más de 1.100, según los datos de los que dispone Santos, que pertenecen a un sector que «se muere», ya que actualmente prácticamente el 80 por ciento del pan que se vende lo hace en grandes superficies. «Así que el mercado que le está quedando al pequeño productor es mínimo, a lo que se añade que prácticamente la totalidad de este producto viene de otras comunidades, con lo que nos encontramos con un panorama desolador», comenta.

Ante esta situación, considera que la nueva ley del pan puede favorecer al «pequeño obrador que realmente hace pan con masa madre o con unas determinadas características». «Vamos a evitar ese fraude al consumidor con el tema del pan artesano, un nombre del que se está haciendo un uso abusivo», añade Santos, que confía en que la administración esté vigilante y compruebe las empresas que cumplen con el Real Decreto. 

«Esperamos que los inspectores de Sanidad realicen los controles necesarios, vayan a los puntos de venta y comprueben que aquellos productos etiquetados estén cumpliendo con la normativa. En el caso de las denuncias, será la federación o las asociaciones las que en su momento vigilarán porque esa norma se cumpla y si no se cumple comunicar a la administración dónde y en qué lugares no se hace», señala.

Jornadas informativas

Algunos panaderos ya han trasladado su preocupación por la falta de información sobre la nueva ley, aunque Miguel Ángel Santos insiste en que no deben «tener ningún miedo». «Si las cosas las están haciendo bien, que yo creo que sí, no tiene que existir ningún problema. Si ellos dicen que están haciendo un pan con masa madre, deben estar orgullosos de ello», puntualiza. Para resolver todo tipo de dudas al respecto, desde la federación, con la colaboración del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), se van a impartir conferencias informativas por las distintas provincias para explicar cómo puede afectar la ley a estas empresas.

Además, desde la federación regional se reclama de nuevo el apoyo de todas las administraciones para la promoción de las marcas de calidad de la Comunidad como son el Pan de Valladolid o la Torta de Aranda, así como el Pan de Ávila, que está en proceso de salir al mercado. «Necesitamos que ayuden al asociacionismo, a que el pequeño productor vea las ventajas de competir con un producto de calidad, que tiene una marca y un valor añadido que otras grandes empresas no lo tienen», indica.

Santos reclama una mayor divulgación de los beneficios del pan, ya que su consumo ha caído en los últimos años en Castilla y León, una de las comunidades que siempre se ha encontrado entre las primeras respecto a las ventas de este producto.