Con las elecciones generales a escasos 37 días, Cataluña se ha vuelto a colocar en el centro del debate. La detención de los siete integrantes del Comité de Defensa de la República (CDR) acusados de terrorismo, así como la posible reacción social y política a una sentencia del procés que se conocerá en breve, han unido a PP y Ciudadanos en su exigencia a Pedro Sánchez para actúe en la Comunidad, bien con la activación de la Ley de Seguridad Nacional, como piden los populares, o bien aplicando el artículo 155 de la Constitución, que es la opción preferida por los naranjas. El líder socialista siempre se ha opuesto a estas dos vías, considerando que aún hay margen de diálogo con la Generalitat. Sin embargo, el presidente del Gabinete en funciones parece que ha cambiado de opinión tras los últimos acontecimientos y bajo la presión de las urnas. Así, según fuentes del Ejecutivo, el Gobierno contempla "todos los escenarios posibles" en el caso de que se produzcan graves alteraciones del orden público en Cataluña.
Diversas fuentes señalaron ayer que el plan de Moncloa ya estaría diseñado por si tras la próxima publicación del fallo del Tribunal Supremo en la causa del procés los separatistas toman de forma violenta las calles y las instituciones. Sánchez y su Ejecutivo apostarían por activar la Ley de Seguridad Nacional, ya que es un trámite más sencillo que el que requiere la aplicación del artículo 155, sobre todo con un Gobierno en funciones y las Cortes disueltas.
La activación de esta normativa, que fue aprobada en septiembre de 2015, en virtud de un acuerdo entre el PP y el PSOE, solo requiere la publicación de un Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado que detalle la situación de crisis que obliga a tomar esa determinación y el ámbito de aplicación de las medidas necesarias para sofocarla. Esta opción, según los expertos, no invadiría las competencias autonómicas de Cataluña, como si ocurriría con el artículo 155, pero también posee menor fuerza jurídica respecto a otras opciones, aunque permitiría, por ejemplo, que los Mossos d’Esquadra estuvieran obligados a acatar las órdenes del Ejecutivo central.
El propio Sánchez al ser cuestionado por la hoja de ruta del Ejecutivo en caso de que se den desórdenes públicos en la región tras la sentencia del procés pidió "paciencia" y mostró su confianza "en el trabajo de los Mossos", aunque reconoció que es consciente de que puede dictar y publicar un decreto presidencial en minutos sin el visto bueno del Consejo de Ministros.
"El Gobierno está analizando, estudiando y observando la realidad de Cataluña y actuará en la forma oportuna en el momento que sea preciso, siempre conforme con el ordenamiento jurídico", expresó el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, al ser cuestionado, precisamente, sobre la Ley de Seguridad Nacional. No obstante, pidió no ser "alarmistas" ni hacer de "futurólogos" sobre la aplicación de este tipo de mecanismos legales que solo deben utilizarse «en los momentos oportunos". "Las leyes en este país se aplican cuando los supuestos de hecho concurren", apuntó.
Por su parte, la titular en funciones de la cartera de Defensa, Margarita Robles, evitó vaticinar las futuras acciones de Moncloa en caso de que la tensión en Cataluña se eleve, aunque lanzó una dura advertencia al presidente del Govern: "Tiene que tener muy claro el señor Torra que este Gobierno apuesta por la defensa a ultranza de la Constitución y cualquier planteamiento que implique una vulneración tendrá un respuesta serena y reflexiva, pero con todos instrumentos jurídicos que nos da el Estado de derecho".