CRÓNICA PERSONAL

Antonio Casado

Periodista especializado en información política y parlamentaria


Franco, 10 de junio

Una de las promesas incumplidas de Sánchez es la relacionada con los huesos de Franco. No pudo ser el traslado antes del nuevo reparto de cartas en las urnas. El voluntarismo del Gobierno socialista reaparece en su decisión de que los restos del dictador salgan del Valle de los Caídos el próximo 10 de junio camino del cementerio de El Pardo. Unos 56 kilómetros es la distancia que separa a los dos camposantos. 
Dicho sea lo de voluntarismo porque la pugna con la familia de Franco ya está judicializada. Aunque solo sea porque un juzgado de lo contencioso-administrativo ha suspendido provisionalmente la licencia urbanística pedida por el Ayuntamiento de El Escorial para proceder a la exhumación, si bien dice Moncloa que ese es un problema menor, pues llegado el momento no haría falta esa licencia municipal de obras. 
El problema está en el Tribunal Supremo, al que ha recurrido la familia del anterior jefe del Estado. Palabras mayores. Es el alto tribunal el que ha de decidir sobre el fondo de la cuestión. Pero incluso mucho antes del 10 de junio puede paralizar el traslado, como medida cautelar en aplicación de la tutela judicial efectiva de los recurrentes (Carmen Martíez Bordíu y otros seis nietos), que así lo han solicitado. Y si el Supremo no lo paraliza, está por ver que el Gobierno decida efectuar el traslado ese 10 de junio o aguardar la sentencia sobre el fondo del asunto. 
Como es sabido, la decisión del Ejecutivo responde a un mandato parlamentario derivado de la Ley de Memoria Histórica. Que los restos de Franco no podían seguir en lugar de pública exaltación junto a los de unas 30.000 victimas de la guerra provocada por el fallido golpe de Estado que el propio Franco co-protagonizó en julio de 1936. También apela Moncloa a una resolución del Parlamento Europeo que compromete a los Gobiernos contra cualquier forma de enaltecimiento del fascismo. 
Como los malos jugadores de ajedrez, Sánchez movió pieza sin haber pensado los dos o tres siguientes movimientos según la respuesta del adversario. Decidió la exhumación por decreto-ley sin haber pensado en la re-inhumación. Y el asunto se enredó tras el viaje vaticano de Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno. Ahora se parece más a una comedia que a un drama, sin olvidar las pegas del prior benedictino del Valle de los Caídos, Santiago Cantera. Moncloa le acusa de obstruccionismo y rastrea su pasado falangista las causas de su negativa a permitir la exhumación sin expresa autorización familiar. 
Cantera es un digno sucesor del primer prior de la basílica, fray Justo Pérez de Urbel, mitad monje y mitad soldado falangista, adalid de aquel nacional-catolicismo que paseó a Franco bajo palio y autor facial de un libro sobre los mártires de la guerra civil cuyas biografías se inventó en sus horas libres el gran Carlos Luís Álvarez (Cándido).