La voz de alarma la dio el pasado lunes un diario nacional que aseguraba que el Gobierno tenía encima de la mesa la primera petición de indulto para los 12 condenados por el 1-O. La reacción ayer del Ministerio de Justicia fue furibunda: solo se dedican a servicios esenciales. No obstante, conviene recordar que el pasado sábado, en el BOE, La Moncloa decidió reanudar la tramitación de los expedientes de indulto «por razones de interés general», después de que quedaran en suspenso con la declaración del estado de alarma decretada por la pandemia de coronavirus.

Al parecer, según el rotativo, el abogado Francesc de Jufresa remitió el pasado mes de diciembre al Servicio de Indultos del Departamento dirigido por Juan Carlos Campo la solicitud de la medida de gracia para los promotores del procés, condenados por el Supremo a penas que van desde los 13 años de prisión e inhabilitación para cargo público al año y ocho meses de inhabilitación más una multa.

En estos momentos, la tramitación de los indultos, una figura creada en 1870, se mantiene activa después de que Justicia, que no se ha pronunciado aún sobre esa noticia, dictara una resolución, publicada el pasado sábado, donde argumentó que concurren en las medidas de gracia un «interés general» que «constituye el fundamento de su excepcionalidad» durante el estado de alarma.

Esto provocó las airadas protestas de PP, que criticó lo inoportuno del movimiento, y Vox. «La gente muriéndose y el Gobierno pensando en cómo salvar de la cárcel a los delincuentes golpistas. Pagando favores y olvidándose de la salud de los españoles», señaló en un tuit Santiago Abascal. 

Tras estos ataques se señaló desde el Ejecutivo que se decidió reactivar la tramitación de indultos porque es un servicio que puede prestarse de forma telemática y afecta a derechos fundamentales.

Tramitar los expedientes, por regla general, supone denegarlos, recalcaron desde Justicia, que pusieron como ejemplo que este martes llegan al Consejo de Ministros 198 indultos denegados.

El año pasado se tramitaron 4.022 y se concedieron 39, el 0,97 por ciento; y en el ejercicio anterior se concedieron solo 17 indultos de los 4.382 tramitados.

Hay que recalcar que la puesta en libertad de los condenados por el proceso independentista es una exigencia de ERC a los socialistas para que les apoyaran en la investidura. Ylos Presupuestos. El president Torra también lo pide.