Mientras el Gobierno de Estados Unidos y el de Venezuela protagonizan día sí, día también, intercambios de amenazas, a raíz de que la Casa Blanca iniciase una ofensiva contra Nicolás Maduro, al que acusó de «narcoterrorismo» y le conminase a aceptar un «plan de transición democrática» para poner fin a la crisis política que vive la nación caribeña durante años, el líder opositor Juan Guaidó salió ayer a escena. Y lo hizo para cargar también contra Maduro, al que avisó que «vienen  más medidas contra la dictadura». 

El autoproclamado «presidente encargado» de Venezuela explicó que lo que está en marcha es «una estrategia general articulada con los aliados internacionales» de la oposición antichavista.

En este sentido, indicó que hasta ahora se han priorizado «las opciones que generan estabilidad, gobernabilidad y una transición ordenada», tales como la hoja de ruta propuesta por Estados Unidos. Así, insistió en que la misma oferta que la delegación opositora planteó al oficialismo durante el proceso de Oslo y Barbados de 2019, que consiste en que tanto él como Maduro se aparten para dar paso a un Gobierno de transición que guíe al país hacia unas elecciones «creíbles».

El jefe del Ejecutivo ya ha rechazado tajantemente la idea estadounidense, si bien Guaidó subrayó que «ya hemos quemado la etapa de apelar a la buena fe de la dictadura», manteniendo que se dirigen a un sector más amplio, incluso dentro del chavismo. «Esta es una apelación a las capacidades del pueblo y del mundo», recalcó.

De este modo, reiteró que «vamos a escalar a donde sea necesario para lograr la libertad de nuestro país». «Venezuela ya está pagando un coste social altísimo, sin precedentes, que nos coloca a la vera de una catástrofe no imaginada», censuró, enfatizando que «todas las opciones tienen que contemplarse». «No estamos jugando», añadió al respecto.

Guaidó descartó, sin embargo, un nuevo diálogo con el Gobierno, en respuesta a la vía planteada por algunos opositores, entre ellos el excandidato presidencial Henrique Capriles. En su opinión, es un «error de arranque» porque supone «hacerle un favor la dictadura» al «equiparar su carga y responsabilidad con el Ejecutivo encargado». «Son 20 años de corrupción, abusos, persecuciones», apuntó.

Al ser interrogado sobre el balance que hace de su primer año como «presidente encargado», se mostró «satisfecho» porque ha recabado «apoyos fundamentales dentro y fuera del país» y ha logrado «acorralar a la dictadura», aunque también se declaró «insatisfecho» porque no ha conseguido echar a Maduro del Palacio de Miraflores -sede del Gabinete-. 

«No hemos concretado el esfuerzo y se ha prolongado el sufrimiento de nuestra gente», lamentó.