La Audiencia Provincial de Soria condenó a tres personas, vecinos de Soria, a un total de once años de prisión (cinco y medio, cuatro y medio y uno) al considerarlos autores de los delitos de detención ilegal, amenazas y coacciones, así como a dos meses de multa por un delito leve de maltrato.

La sentencia plantea como hechos probados que en la segunda mitad de marzo de 2018, dos de los acusados se pusieron en contacto con una persona a la que advirtieron que entregase una determinada cantidad de marihuana (valorada entre 4.000 y 6.000 euros) que los acusados afirmaban que les había hurtado, amedrentándolo con expresiones tales “si no lo hacía, él y su familia iban a sufrir mucho”.

Pocos días después, en fecha sin concretar, otra persona sin identificar avisó por telefonillo al presunto deudor y le trasladó en vehículo a dos o tres manzanas de su casa. Allí le esperan los dos acusados en presencia de una tercera persona, y desaparece la que había dado el aviso al telefonillo.

Las tres personas que quedan le introducen en un segundo coche y le sientan atrás, en el medio, donde uno de los acusados le ata las manos con una brida. En ese coche le trasladan a un descampado entre el colegio Santa Isabel y el camping Fuente La Teja. Allí, los dos acusados y la tercera persona se colocan frente a él y uno de ellos le propina dos puñetazos y le coloca un cuchillo en el cuello, mientras le avisan que “sabían que había sido él, que les dijera dónde estaba la marihuana o iba a ser peor para él”.

La sentencia relata como el agredido insistió en que nada sabía de la droga, a pesar de lo cual la detención en ese lugar se prolongó una hora. A la 1.00 horas de la madrugada, le llevaron a un descampado detrás de la concatedral de San Pedro y le dijeron que tendría que hacer de ‘mula’ para ellos, quemando el coche de otro chico. Al día siguiente, el agredido acudió a casa del acusado informando que no ha podido quemar el coche simulando que le había sorprendido el propietario.

Coacción continuada

Días después, los acusados siguieron coaccionando a la víctima a la que amenazaron a través de varios mensajes escritos y de voz. Esa vez le solicitaron que les entregue un coche, propiedad de su padre. Ante este requerimiento y para evitar males para él o su familia, accedió a entregar el coche a un tercer acusado que ni siquiera llegó a examinarlo o probarlo.

Para ello acudieron a una gestoría. La víctima consiguió las fotos del DNI del padre, pero la compraventa no se cumplimenta por faltar la ficha técnica del vehículo.

La Policía Nacional, tras tener conocimiento de estos hechos, practicó un registro autorizado en casa de un acusado, que contaba con antecedentes y se le intervienen 470 euros en varios billetes, cannabis valorado en 422,35 euros, hachís en 14,65 y MDMA en 416,56. Este acusado permanece en prisión provisional desde el 19 de abril de 2018, y desde el 19 de julio tiene aplicada la medida cautelar de prohibición de acercamiento a menos de 300 metros de la víctima, así como prohibición de comunicación con él.

El segundo acusado también tiene prohibidos el acercamiento y la comunicación, desde el 6 de junio. Además, los acusados deberán abonar con 6.000 euros a la víctima en concepto de daños morales. También habrán de pagar las costas procesales en una serie de proporciones acordes con su participación en los hechos.

La resolución no es firme, y contra ella cabe interponer recurso de apelación.