¡Cómo cambian los tiempos! o mejor dicho: ¡qué tiempos vivimos en los que la ilegalidad se convierte en aceptable! Hace años, el Gobierno de Felipe González preparó un articulado que permitía la entrada en cualquier domicilio sin necesidad de lo que hasta se llamaba la preceptiva autorización judicial. Aquella ley era una auténtica chapuza redactada, sin demasiado decoro, por el equipo del ministro del Interior de entonces, José Luis Corcuera. El bodrio, que contravenía claramente lo dispuesto en la Constitución, fue tumbado, como no podía ser de otra forma, por el Tribunal y deparó, como consecuencia inmediata, la dimisión del ministro que había anunciado esta decisión si el Constitucional derogaba un solo artículo de la Seguridad Ciudadana. O sea, lo que se confirmó es que ninguna fuerza policial puede ingresar en un domicilio, aunque en éste -fíjense- haya constancia de la comisión de un delito.

Pues bien: en el Estado arbitrario de Pedro Sánchez, la ley de la patada en la puerta ha renacido. Aquí, en España, la Policía puede derribar una entrada sin antes asegurarse que el correspondiente magistrado le otorga la correspondiente autorización. El caso ha consistido en el derribo de un acceso dentro del cual una cuarentena de tipos y tipas irresponsables estaban celebrando una fiesta alcohólica y probablemente rellena de diferentes drogas todo fuera de los márgenes establecidos de respeto a un horario determinado y de limitación de personas. Y es curioso: resulta que la misma Policía -no olvidemos que obedece órdenes y por tanto solo es responsable en segunda instancia- que no puede intervenir para desalojar una vivienda ocupada de forma flagrante e ilegal por unos okupas, sí puede hacerlo para impedir que esa fiesta u otras muchas que actualmente se están realizado en plena pandemia, puedan seguir cumplimentándose con la mayor de las procacidades. El asunto es de tal trascendencia que la propia Policía ya está advirtiendo que nunca más procederá a intervenir sin el correspondiente mandato judicial.

El comportamiento del Gobierno de Sánchez es una muestra más del estado de tolerancia ilegal y sectaria que se ha aposentado en nuestro país. Al propietario de un piso no se le protege en absoluto de los delincuentes que se han metido a vivir en él, y cuando el tal propietario intenta que la Justicia ampare su demanda, se le ponen toda clase de obstáculos para recuperar su propiedad. Sin embargo, los eventuales disfrutadores de una fiesta ilegal sí pueden ser sacados de su escondrijo sin que nadie se llame a turbación, sin que ningún partido político de la oposición o cualquier asociación social se encabrite por una medida disuasoria tan parcial y subjetiva. Claro está que en esta crónica no se defiende, ¡faltaría más¡, el cúmulo de estos saraos que estallan en nuestros país todos los fines de semana. Claro que no, pero un Estado garantista como el nuestro o lo es en todos los casos, o no lo es en ninguno.

Sucede que este Gobierno social leninista no se para en barras. Aplica la legislación según le resulta más propicia. Me dirán que el caso no reviste tanta importancia como para montar una campaña de oposición y protesta por este tipo de medidas. Quizá no, pero es que coincide con otra serie de acontecimientos que están colocando el bien supremo de la libertad en almoneda. Por ejemplo, ocurre también con esta ley de Vivienda que perpetra el ministro Ábalos y que pretende autorizar al Estado a quedarse con la vivienda desocupada por su propietario. El Estado se basa en dos criterios: uno, que el domicilio lleve sin inquilinos dos años, y que, además, su dueño lo sea de además, de tres casas o más. En esas condiciones la ley de la Vivienda de Ábalos -un auténtico prodigio de analfabetismo legal- el Estado derriba la puerta y gerencia su usufructo para donársela a quien le dé la gana. Se carga así el propio concepto de la propiedad y se rinde ante las presiones de los comunistas que, eso es cierto, pretenden que ni siquiera los mínimos condicionantes antedichos supongan un freno para que el Estado usurpe la vivienda de un particular.

Este es el peculiar e insoportable concepto de la libertad que mantiene este Ejecutivo de ultraizquierda regido por Pedro Sánchez. De aprobarse la ley que ha querido dejar como herencia Pablo Iglesias, aunque el tiempo no se lo haya consentido, uno de los derechos fundamentales del individuo en una sociedad democrática quedará claramente ajado. Porque, además, ¿quién va a ser el jefe que dictamine cuando una morada particular es susceptible de ser enajenada? El hecho se presta a todas las manipulaciones posibles y, de ser confirmado por ley, abre una peligrosísima espita para que la Administración estatal o autonómica (algunas regiones del PSOE están felices con la iniciativa de Ábalos) vulnere nuestras capacidades. De aquí al «¡Exprópiese!» del autócrata sanguinario Maduro media solo una ápice, el que reside en la voluntad de los propios gestores. Una auténtica rapacidad.

Estado de alarma

En España se está coartando la libertad individual y colectiva paso a paso y lo peor es que las reacciones sociales o son mínimas o ni siquiera existen. Parece que ya aquí todo nos puede suceder. Una prueba más: ante el anunció, aún en categoría de globo sonda de que el estado de alarma, que termina en los inicios de mayo, se puede alargar sine die, nadie ha protestado. Nada hay más confortable para un Gobierno que mandar a toque de silbato sin ofrecer explicaciones semanales en el Parlamento y justificar ante la nación entera los motivos de sus irreparables decisiones. Aquí, en España, y actualmente, todas las patadas en las puertas de nuestras vidas ya son posibles, existen incluso más constancias, sin ir más lejos la llamada ley Celaá que persigue la libertad de enseñanza y que convierte a nuestro hijos en meros depósitos del Estado, en sus secuestrados. Otra arbitrariedad más. El gran mérito de Sánchez -para el mismo, claro está- estriba en haber hibernado una sociedad hasta dejarla inerme ante los sucesivos atentados que él está perpetrando. Los antedichos son únicamente un paradigma de lo que está ocurriendo en España.

Ahora si que es verdad aquel apotema que en su día asentó Alfonso Guerra. «A España no la va a reconocer ni la madre que la parió». Con muchos años de distancia la sentencia de aquel socialista, ahora profeso de la moderación, se está afirmando sin solución de continuidad. En unos días se ha convocado un acontecimiento electoral, comicios de Madrid para el 4 de mayo, que pueden resultar un auténtico filón para expulsar del poder a los verdugos de nuestra libertad. Sería necio desaprovecharlo.