Castilla y León registró un superávit de 56 millones de euros en mayo, lo que supone el 0,1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad, frente al déficit de 40 millones registrado en el mismo mes de 2020, que representaba el 0,07 por ciento. Además, de media, el conjunto de las comunidades alcanzaron en el quinto mes un déficit de 1.738 millones, equivalente al 0,14 por ciento del PIB.

Según la información del Ministerio de Hacienda y Función Pública, el déficit de la Administración autonómica obedece a un incremento de los gastos del 5,1 por ciento, frente a los ingresos que crecen a un mayor ritmo, del 5,6 por ciento. 

Entre los ingresos destacó los impuestos sobre la producción y las importaciones, que crecieron un 32 por ciento alcanzando la cifra de 6.110 millones, destacando el crecimiento de ITP y AJD en un 37,7 por ciento. También aumentaron los ingresos por impuestos sobre el capital en un 122,6 por ciento hasta alcanzar los 1.371 millones. Por su parte, los ingresos por impuestos sobre la renta y patrimonio cayeron un 2,5 por ciento hasta los 19.811 millones. 

Las transferencias entre administraciones crecieron un 3,6 por ciento, hasta los 44.723 millones. Las transferencias recibidas del Estado representan el 50 pro ciento de los recursos del subsector. Entre los gastos, la remuneración de asalariados creció un 8,8 por ciento debido, entre otras razones, al mayor número de efectivos, en educación y sanidad.

Los consumos intermedios subieron levemente un 0,2 por ciento hasta los 13.484 millones, de los cuales 8.615 millones corresponden al ámbito sanitario. Las subvenciones aumentaron un 31,2 por ciento, hasta los 1.441 millones, por el incremento de las ayudas al transporte, lo que se compensa con el descenso de los intereses, que disminuyeron un 12,8 por ciento hasta 1.293 millones. 

Las transferencias sociales en especie se elevaron en un 3,5 por ciento, hasta los 12.504 millones, debido al mayor gasto en conciertos educativos y al incremento del gasto en farmacia. Por su parte, las prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie aumentaron un 6,8 por ciento. Por último, la inversión subió un nueve por ciento respecto a 2020, alcanzando los 5.376 millones.

De acuerdo con la información transmitida por las comunidades autónomas, 3.063 millones corresponden hasta mayo a gasto sociosanitario derivado de la COVID-19. Castilla y León registró un desembolso asociado al coronavirus de 165 millones, el 0,28 por ciento del PIB, por encima del porcentaje de la media autonómica, que fue del 0,25 por ciento.

Hacienda indicó que la evolución hasta junio muestra que el déficit del Estado, que se situó en el 2,95por ciento, continúa la senda descendente iniciada a partir del mes de abril respecto al mismo periodo del año anterior como consecuencia de la reactivación económica por el avance del proceso de vacunación. En concreto, el déficit del Estado en la primera mitad del año de 2021 se redujo un 25,9 por ciento.

Hasta mayo el déficit consolidado de las Administraciones Públicas, excluyendo las Corporaciones Locales, se sitúa en el 2,98 por ciento del PIB al reducirse un 27,7 por ciento, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Finalmente, los Fondos de Seguridad Social registraron hasta mayo un déficit del 0,25 por ciento del PIB, con una caída del 80 por ciento respecto al mismo periodo de 2020.