Se había mostrado inalterable durante meses: la fecha del 29 de marzo era la prevista para que se produjera el Brexit y no se iba a modificar. Sin embargo, la primera ministra británica, Theresa May, cedió ayer a las presiones del ala conservadora más europeísta, a la amenaza de un segundo referéndum propuesto el día anterior por los laboristas y a los consejos planteados desde la UE y aceptó que el Parlamento tenga, como última opción, la posibilidad de votar un aplazamiento del divorcio.
Ante la Cámara de los Comunes, la premier informó del estado de sus negociaciones con Bruselas, destinadas a hacer algunas modificaciones sobre el acuerdo rubricado el pasado noviembre, con el objetivo de que pueda ser avalado por los diputados, que ya lo tumbaron contundentemente en enero.
En su declaración, May ofreció tres alternativas para desenredar el complicado nudo de la desconexión y, en primer lugar, se comprometió a presentar un documento retocado, como muy tarde, el próximo 12 de marzo, tal y como adelantó el pasado fin de semana. En caso de no haber consenso en la Cámara a favor de ese texto, los Comunes podrán votar, como muy tarde el 13 de marzo, sobre si quieren una retirada de la UE sin acuerdo -«el Reino Unido solo saldrá sin acuerdo si hay un consentimiento explícito para que así sea», subrayó entre abucheos del Hemiciclo-. Y, si esa opción tampoco prospera, Westminster podrá decidir, el 14 de marzo, si retrasa la fecha del 29 de marzo, lo que implica pedir una ampliación del vigor del Artículo 50 del Tratado de Lisboa. Eso sí, se trataría de una prórroga, según avisó «corta y limitada».
La conservadora destacó en su intervención los «progresos» en sus conversaciones con los líderes europeos de cara a negociar «acuerdos alternativos» que permitan solventar «en paralelo» las actuales suspicacias de los diputados británicos, principalmente en relación a la salvaguarda en Irlanda.
Sin embargo, y tras reconocer que hay parlamentarios «preocupados de verdad porque el tiempo se está agotando», esbozó el nuevo calendario, con el que pretende evitar inquietudes, cuando faltan menos de cinco semanas para que llegue el día previsto para la salida del Reino Unido. May insistió en que no quiere «que se extienda el Artículo 50» -«debemos concentrarnos totalmente en trabajar para conseguir un acuerdo y marcharnos el 29 de marzo», insistió-, pero agregó que el Gobierno cederá a una prórroga del Brexit «corta y limitada» que, en su opinión, no debería extenderse más allá de «finales de junio», entre otras razones porque lo contrario supondría que los británicos deberían participar en las elecciones europeas de mayo.
Desde la oposición, el líder laborista, Jeremy Corbyn, acusó a la mandataria de dejar «correr el reloj» y de negociar con la UE de manera «imprudente». Le reprochó, además, el «prometer algo que sabe que no puede alcanzar», en alusión a la supuesta renegociación del acuerdo con Bruselas.
Sin embargo, desde el bloque comunitario aseguraron que si el Reino Unido solicita retrasar el Brexit, las autoridades europeas están «preparadas» para evaluar esa petición y «potencialmente apoyarla». «Desde la UE hemos estado señalando nuestra disposición a posponer también la fecha para permitir conseguir un acuerdo o las clarificaciones necesarias», apuntaron.