Cuando Nicolás Maduro asumió la Presidencia de Venezuela, el pasado 10 de enero, Juan Guaidó apenas llevaba cinco días al frente de la opositora Asamblea Nacional. El 5 de enero se convirtió en el jefe del Parlamento -un puesto rotatorio con un año de vigencia- y ya desde entonces se comprometió a acabar con la «usurpación» del poder del chavista. Apenas un día después del juramento de Maduro, anunció que se haría cargo de las competencias del mandatario y el 23 de enero, coincidiendo con el aniversario de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, juró asumir «formalmente las competencias del Ejecutivo nacional», invocando tres artículos de la Constitución por los que proclamaba «presidente encargado de Venezuela», con el objetivo de «lograr el cese de la usurpación, un Gobierno de transición y convocar unas elecciones libres».
Aquel anuncio desató una cadena de reacciones, tanto en el país caribeño como a nivel internacional, con una sucesión de reconocimientos a Guaidó como «presidente interino» -el primero, apenas unos minutos después del juramento, por parte de Estados Unidos- y el inicio de una incertidumbre que dura hasta hoy. Porque dos meses después, se ha reabierto una crisis que estaba en estado latente y que ahora ha vuelto a aflorar con fuerza.
Cuando el opositor, perteneciente al partido Voluntad Popular de Leopoldo López y diputado desde 2016, proclamó sus intenciones ante la Asamblea Nacional, pocos contaban con que fuera a dar un paso hacia delante de tal magnitud que más de medio centenar de países, con EEUU a la cabeza, avalaran su plan. Mucho menos cuando días antes, el 19 de enero, fue detenido durante unas horas por la Guardia Nacional Bolivariana, en lo que se consideró una advertencia velada del Gobierno de Maduro, que, no obstante, se desvinculó de dicha actuación y tomó acciones contra los agentes que llevaron a cabo dicho arresto.
Pero, a pesar de contar con numerosos apoyos, poco ha cambiado en Venezuela desde aquel 23 de enero. Poco en cuanto a los propósitos de Guaidó de iniciar un proceso de transición. Porque lo que sí ha cambiado es que el país ha vuelto a ser un foco de tensión y que la comunidad internacional ha vuelto a posar sus ojos en él, como ya sucediera en 2014, cuando las revueltas antichavistas acabaron con cientos de muertos y detenidos y decenas de líderes opositores arrestados e inhabilitados, entre ellos el propio López.
A diferencia de entonces, en esta ocasión no ha habido movilizaciones con violencia ni cargas policiales que deriven en un caos. Tal vez la esperanza por el mensaje lanzado por el jefe del Parlamento y por la seguridad desde el Gobierno de que la situación está controlada, las manifestaciones a favor y en contra de Maduro han transcurrido con la normalidad que permite una crisis política de tal calibre.
Una celebración frustrada. Con el respaldo de grandes potencias internacionales como presunta garantía de éxito, Guaidó se lanzó a por una afrenta contra Maduro que ponía contra las cuerdas el papel de las Fuerzas Armadas: el día en el que se cumplía un mes de su autojuramentación, el 23 de febrero, haría entrar «sí o sí», la ayuda humanitaria que aguardaba en las fronteras con Brasil y Colombia. Y lo conseguiría, auguró, a pesar de que desde el Gobierno insistieron en que ese suministro no ingresaría en suelo venezolano.
Lo que prometía ser un triunfo para el antichavismo, fue, sin embargo, una derrota para él. Los convoyes no accedieron a Venezuela y el apoyo que se prometía el opositor no lo fue tanto. Para colmo, la violencia llegó, con unas intervenciones que acabaron con la vida de casi una decena de personas que se enfrentaron a las Fuerzas Armadas. Y, mientras se culpó al oficialismo de haber quemado los paquetes con el cargamento solidario, que el Ejecutivo había considerado que incluía material «cancerígeno», una investigación externa publicada hace unos días por The New York Times apuntó que fueron los propios seguidores de Guaidó los que prendieron fuego para culpar a Maduro.
Sin detención. El pulso entre las partes, principalmente entre sus líderes, siguió adelante en los días consecutivos. El jefe del Parlamento había cruzado la frontera a Colombia para ingresar la ayuda humanitaria y, una vez fuera de Venezuela, aprovechó para hacer una gira por los países vecinos. Todo, a pesar de una orden judicial que le prohibía abandonar el país bajo la amenaza de una detención si regresaba.
Un posible arresto sirvió de argumento para volver a arengar al antichavismo. Guaidó regresó a Caracas, asegurando que su captura podría desembocar en una intervención extranjera. Pero, lejos de producirse, el oficialismo optó por mantenerse al margen y no dar pábulo a los opositores.
Sin novedades sobre esa transición prometida, pese al desafío constante de Maduro, que instó a su rival a convocar elecciones, llegó un apagón masivo que sumió a Venezuela en el caos. Y abrió un nuevo capítulo con acusaciones de un lado y otro.
Pero las fichas siguen sin moverse y, pese a las promesas de cambio, todo sigue igual.