Casi dos millones de euros. A eso ascendía la factura de los destrozos provocados en Barcelona durante la primera semana de disturbios tras la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél. Un millón corresponde, según el propio Ayuntamiento de la Ciudad Condal, al mobiliario urbano (contenedores quemados, marquesinas arrancadas, farolas sin cristales, adoquines levantados...) que los vándalos reventaron durante las movilizaciones violentas. Además, entre los desperfectos públicos en Cataluña, también figuran los 120.000 euros que corresponden a la Universidad de Lérida, donde se atrincheró el músico junto a sus seguidores para impedir el arresto por parte de los Mossos en cumplimiento con la orden de la Audiencia Nacional. Al tratarse de instituciones públicas, el dinero para pagar los destrozos sale de sus presupuestos que, evidentemente, se consiguen a través de los impuestos. Es decir, lo pagarán los ciudadanos.
Lo mismo ocurre en otras ciudades, como Madrid o Granada, que también se vieron afectadas por los actos vandálicos en sus calles. En el caso de la capital de España, su alcalde, José Luis Martínez Almeida, cuantificó los daños en «unos 200.000 euros», aunque incluyó también en esa cantidad los desperfectos ocasionados en los comercios del entorno de la Puerta del Sol, donde se produjeron los disturbios.
El Ayuntamiento de Barcelona, en cambio, no suma a su factura el dinero que tendrán que desembolsar los comerciantes y hosteleros que vieron cómo sus establecimientos eran saqueados y destrozados por la turba incontrolada que aseguraba protestar de esa forma por la detención de Hasél y en defensa de la libertad de expresión. Sin embargo, los empresarios, muchos de ellos autónomos, sí dan cifras: los daños ya rondan los 750.000 euros sumando los productos sustraídos, los escaparates rotos o pintados, los destrozos interiores en los locales...
Depende de la cobertura
¿Quién se hará cargo de los desperfectos de los negocios privados? No hay una respuesta genérica, ya que todo dependerá de si los locales están asegurados y qué cobertura tengan con las compañías de este sector. Así, según las entidades aseguradoras y los tipos de contrato, las pólizas pueden incluir o excluir los actos vandálicos. En este último caso, serán los empresarios los que tendrán que desembolsar su dinero para hacer frente a la factura de los vándalos. Además, si la póliza sí cubre este tipo de contrariedades es posible que no lo haga en su totalidad y que, a partir de cierto límite establecido en el contrato, la compañía deje de cubrir el coste.
Unos gastos inesperados que se suman a la precaria situación de muchos negocios debido a la pandemia de la COVID, que ha reducido su actividad durante el último año. De ahí que la gravedad de lo ocurrido obligase a los representantes de buena parte del tejido productivo catalán a reunirse con carácter de urgencia para llamar la atención de unos políticos locales que, sobre todo durante las primeras jornadas de movilizaciones violentas, no dieron un paso al frente para defender la convivencia y para tratar de frenar las revueltas. «Exigimos al Govern de la Generalitat y al Ayuntamiento que den apoyo con la máxima contundencia, con la máxima profundidad, a los Mossos», clamó el empresario Daniel Sánchez Llibre que puso la voz al comunicado conjunto suscritos por 35 organizaciones laborales.