La Junta amplía desde los cinco a los nueve millones de euros el presupuesto para formación de trabajadores ocupados, que permitirá llegar a 14.000 trabajadores durante este año y el próximo. El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica hoy la ampliación del crédito destinado a la convocatoria de subvenciones para financiar los programas de formación transversal para trabajadores ocupados en la Comunidad.

En un comunicado, la Junta indicó que los programas de formación transversal para trabajadores ocupados, que se refuerzan con este incremento presupuestario, forman parte del Plan Anual de Políticas de Empleo de Castilla y León que -entre otros objetivos- pretende mejorar la cualificación profesional y la empleabilidad de los trabajadores de la Comunidad. 

En este sentido, el Ejecutivo subrayó que se contempla la financiación de acciones formativas que permitan dar respuesta tanto a las necesidades actuales como a las necesidades de futuro, especialmente en aquellos sectores de actividad económica que favorezcan la empleabilidad y movilidad intersectorial de los trabajadores.

Con 5,4 millones este año y 3,6 millones el próximo, la Consejería de Empleo e Industria, a través del Servicio Público de Empleo, podrá dar respuesta a la demanda formativa de unos 14.000 trabajadores impartiendo más de un millar de acciones formativas a través de entidades de formación o agrupaciones inscritas, y debidamente acreditadas, en el correspondiente Registro de Entidades de Formación. Estas entidades han podido presentar sus solicitudes, en régimen de competencia competitiva, hasta el pasado 3 octubre.

En esta convocatoria ha tratado de potenciar la participación de los trabajadores en estos programas de formación. Con este objetivo se ha ampliado la oferta formativa, ajustándola a las necesidades de los sectores productivos y estableciendo medidas que permitan que los trabajadores puedan compatibilizar su formación con el desarrollo de su actividad laboral. En este sentido se ha reforzado la formación on line, con la posibilidad de que la modalidad de teleformación alcance hasta el 50 por ciento de la totalidad de las acciones formativas objeto de financiación.

Junto a los trabajadores ocupados, podrán participar también en estos programas trabajadores en situación de desempleo, hasta un máximo del 30 por ciento del total de participantes.