La intentona del Gobierno por modificar de manera unilateral el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial ha vuelto a soliviantar a los integrantes de una judicatura que llevan años pidiendo la completa despolitización de este órgano, pero que, visto lo visto, se conforman con que las cosas sigan como hasta ahora y que los grandes partidos se citen a un diálogo que entienden imprescindible para la salvaguarda del equilibrio entre los poderes del Estado. La Asociación Profesional de la Magistratura es la agrupación mayoritaria de la carrera judicial y una de las que se mostró más beligerante con la propuesta del Gobierno, que, incluso, recibió la censura de la UE y que, por ahora, ha quedado en suspenso hasta ver si PP y PSOE son capaces de llegar al acuerdo que piden los jueces.

En este tiempo en el que la crisis sanitaria lo eclipsa casi todo, ¿cuál sería su diagnóstico sobre el estado de salud actual de la Justicia española, tras las últimas polémicas entre la clase política y la judicatura?

La Justicia española es un enfermo que siempre está necesitado de asistencia, en este caso, tanto en forma de recursos materiales como humanos. También desde un punto de vista orgánico, como demuestra todo lo que ha ocurrido durante las últimas semanas con la reforma de la elección de los miembros del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial), que afecta a la elección de los cargos de carácter discrecional y, por ello, también a las importantes funciones que tiene el CGPJ en ese sentido. Aunque ahora, una vez que ya se ha retirado ese proyecto, estamos todos más tranquilos, los profesionales de la Justicia y las propias instituciones de la Unión Europea, que también se habían asustado porque hablamos de una reforma que era peligrosa de cara a mantener la separación de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial.

¿Cómo definiría la reforma que planteaba el Gobierno hasta hace unos días?

La reforma iba en contra de todo lo que debe ser un mayor equilibro entre los poderes, porque hablamos de una mayoría absoluta frente a una mayoría de tres quintos para la elección de los vocales del CGPJ, lo que acrecienta mucho más el poder que tienen los partidos políticos, en este caso el partido del Gobierno; el que esté. Y eso es malo, porque da una imagen de politización de la Justicia, sobre todo, en los órganos superiores. Quizá esto no afecta en la justicia del día a día, pero sí en la elección de los nombramientos de magistrados de órganos que son tan importantes como el Tribunal Constitucional o el Supremo. Está claro que siempre está la tentación de controlar esto, pero ha quedado claro que no es el camino.

La reforma llegó incluso a activar las alarmas en Europa...

Sí. El informe Greco del Consejo de Europa, así como otras instituciones europeas lo han entendido de este modo. Creo que hay que mantener el equilibrio entre los poderes y esos tres quintos del parlamento que se requieren ahora lo que buscan es que se lleguen a pactos entre los partidos políticos. Rebajarlo a una mayoría absoluta supone quebrar ese equilibrio. Más aún cuando la propia Constitución Española se interpreta ya de forma favorable para el poder político, porque doce de los veinte miembros del CGPJ podían ser elegidos por los más de cinco mil miembros de la Carrera Judicial. La retirada de la reforma supone que, al menos de momento, se mantiene la situación actual, que para la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) no es el bueno, no es el deseable, pero al menos no vamos a peor, como se pretendía, porque el equilibrio se iba a romper aún más.

¿Esto va de ideologías dentro de la magistratura o de independencia del Poder Judicial?

Yo creo que todas las asociaciones profesionales nos hemos opuesto a la reforma, a excepción de Jueces para la Democracia que también ha manifestado cierto recelo a lo que se planteaba. Pero las otras tres (Foro Judicial, Francisco de Vitoria y APM) hemos dejado claro que estábamos en contra.

Esto no va de ideologías, porque ahora está el PSOE en un Gobierno de coalición con Unidas Podemos, pero es que antes estuvo el PP y la desde la Asociación Profesional de la Magistratura siempre se ha manifestado lo mismo, abogando por un cambio para que doce de los veinte vocales del Poder Judicial fuesen elegidos por los miembros de la Carrera Judicial y los otros ocho por el sistema parlamentario. No es así, el legislador optó por que todos sean elegidos a través del Congreso y el Senado, pero alcanzando una mayoría de tres quintos, lo que se traduce en ser una garantía de que los partidos mayoritarios alcancen un acuerdo.

Sus críticas no se dirigían, por tanto,  hacia PSOE o Podemos, sino a este sistema...

No, porque ahora está el PSOE en el Gobierno, pero ante estuvo el PP y con mayorías absoluta y nunca se ha modificado el sistema para que sean los jueces los que elijan esos doce. Al final siempre han seguido con el tema de tres quintos y, sí, no es lo ideal, pero al menos vamos a mantenernos así. 

En noviembre de 2018 fueron a la huelga entre otros motivos por su descontento con la reforma del CGPJ que se planteaba, ¿se imagina un escenario similar?

No. Ahora mismo no estamos para huelgas. Esto es algo que ni se ha planteado en la asociación porque ahora estamos todos para arrimar el hombro y trabajar. Lo que necesita nuestra sociedad son acuerdos. Ya bastantes problemas hay como para introducir ahora reivindicaciones profesionales, además, yo creo que la reforma que se planteaba se puede decir que es historia.

¿Están ya tranquilos?

Ahora ya hay una tranquilidad, pero no solo en España, porque había una intranquilidad que venía desde la propia Unión Europea, la Comisión y el Consejo de Europa. Las críticas hacia la reforma no eran un asunto corporativista de los jueces, sino que la sociedad en general también demanda la división de poderes del Estado y mantener un equilibrio.

¿Confía en que los partidos sepan llegar a un consenso?

Confiamos. La situación actual del Consejo no es la deseable, pero es un problema derivado de algo que ya apuntó en su día la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por ese riesgo que tiene de politización, por esa cuotas de los partidos, porque al final esto es trasladar las mayorías parlamentarias hasta un órgano de gobierno del Poder Judicial, que no es un órgano jurisdiccional, pero sí tiene funciones de nombramiento, de informes, de inspección... Sí, lo lógico es que los partidos políticos se sentaran y, al menos, renovasen el Poder Judicial en sus plazos, porque si no se plantea un problema. Todos esperamos que lleguen a un acuerdo y se renueve el Consejo, porque es de sentido común.

¿Lo ideal sería que contasen con los jueces para afrontar cualquier tipo de reforma del CGPJ?

Los jueces nos dedicamos a aplicar la ley, nada más. El resto es cosa del poder legislativo y no confío mucho en que vayan a contar con la opinión de los jueces, porque llevamos años apostando porque doce miembros del Poder Judicial fuesen elegidos por los jueces, porque así es como interpretamos nosotros el famoso artículo de la Constitución. Aunque ahora mismo nos conformamos con que lleguen a un acuerdo, respeten esa mayoría de los tres quintos y que se renueve.

¿Y por qué se ha enquistado tanto esta renovación del Poder Judicial?

No lo sabemos. Esto es un asunto de los políticos y no estamos en esas negociaciones para acordar uno u otro nombramiento. Lo lógico es que se pusiesen de acuerdo.

¿La sociedad, el ciudadano de a pie, entiende esa imagen de ‘reparto de cromos’ que se transmite cada vez que se va a renovar el CGPJ?

Es difícilmente entendible y más en estos tiempos. No es la primera vez que el Consejo General del Poder Judicial tarda en renovarse y suele deberse siempre a discrepancias en cuanto a las personas o al número de vocales. No es entendible, no. Lo ideal es llegar a un acuerdo y que se nombren los vocales siguiendo el actual sistema. Pero el caso es que siempre que se enquista, se plantea una reforma del sistema de elección en la que siempre se trata de rebajar esa mayoría de tres quintos para así tener una preponderancia a la hora de la elección de los miembros. Y eso no es bueno y las sociedad no puede entenderlo. Ojalá no hubiera que abrir un debate cada año y que se dejara mayor independencia a un poder del Estado como el judicial.

¿Cómo sienta a la magistratura que haya críticas desde la clase política, incluso vertidas por miembros del Gobierno?

Las decisiones judiciales son objeto de crítica siempre, pero que vengan desde un miembro del Gobierno no es lo aconsejable ni lo deseable. Los poderes del Estado creo que deben respetarse.

En el caso concreto del juez Manuel García-Castellón las críticas se han transformado en amenazas…

Pues ahí está el sistema para que se investiguen a través de la Policía y que el CGPJ ampare al señor García-Castellón o De Prada. Para eso están las instituciones.

Cuando la sociedad se suma a esas críticas partidistas hacia un juez o hacia la justicia, no cree que a veces el ciudadano se olvida el papel de garantes de las libertades, como ha venido ocurriendo con las distintas medidas que se iban adoptando durante esta pandemia, antes de la declaración del estado de alarma...

La Justicia es una institución que es transversal y absolutamente esencial en una sociedad democrática y, en ese sentido, ahí está todo el control de los actos de la administración pública a través de la jurisdicción Contencioso-Administrativa. Y en durante estos meses se han dictado resoluciones de todo tipo, llevando a cabo ese control siempre en base a la legislación. Pero lo mismo que se hace en el resto de jurisdicciones, la penal, la civil, la laboral... En el día a día, los ciudadanos pueden estar muy tranquilos porque la Justicia funciona. Puede carecer de medios, personales y materiales, pero sí que funciona y su papel en la sociedad es absolutamente necesario. Hay que corregir esa imagen partidista de la Justicia siempre que llegan los nombramientos de los vocales del Poder Judicial, pero esto es algo que ya escribió hace más de 30 años el Tribunal Constitucional al analizar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde ya advertía el riesgo de politización.

Y en esa búsqueda del equilibrio entre poderes, qué le parece que el Gobierno se plantee un estado de alarma de seis meses...

En este momento, con el estado de alarma lo que se pretende es dar una cobertura legal, proporcionar un paraguas jurídico a las decisiones de las comunidades autónomas porque hay dudas sobre hasta dónde llega la legislación sanitaria. El estado de alarma debe ser convalidado luego por el Congreso de los Diputados y eso ya es ajeno al Poder Judicial, a no ser que llegase a entrar el Tribunal Constitucional.

Nosotros estamos para aplicar las leyes en el ámbito competencial que toque y todo lo que pueda hacer el Gobierno para tratar de solucionar esta situación, me parece correcto.

Y en medio de esta crisis que lo abarca todo, ¿cómo está la justicia en Castilla y León, qué tal se trabaja en tiempos de pandemia? 

Depende de las jurisdicciones, ya que ahora están muy sobrecargados en el ámbito Mercantil y Social, y se prevé que esto pueda ir a a más en fechas próximas a consecuencia de la pandemia. En cambio, en Civil y Penal, no hay tanta avalancha y se está funcionando bastante bien con la posibilidad de celebrar juicios en vía telemática. El ritmo no será el ideal, pero nadie puede decir que está parada, aunque sí hay ligeros retrasos. Se sigue trabajando, se da respuesta al ciudadano y tratamos de hacerlo sin riesgo, siempre con la premisa de la seguridad y la salud pública, motivo por el que se ha ido potenciando la vía telemática.