Ana María Ruiz Pereda, representante de la Asociación de Castilla y León de Academias de Enseñanza (Aclacen), considera un paso importante que el Procurador del Común haya respaldado a estos centros tras la petición que realizó el colectivo para obtener el reconocimiento de actividad esencial por la adminitración educativa. Aclacen presentó una queja en febrero ante la institución con el fin de lograr el apoyo para conesguir la catalogación como esenciales de los servicios educativos que prestan más de 500 empresas en la región. 

El informe del procurador recoge que "en el marco de las competencias de la Consejería de Educación, y en función del desarrollo de las previsiones contenidas en el artículo 5 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, sobre la educación no formal, deben tomarse en consideración y debe darse la oportuna respuesta a las propuestas que puedan hacerse desde el colectivo de academias de enseñanza, de cara a establecer un marco de complementariedad de la educación formal y la educación no formal, en el que dicho colectivo pudiera tener presencia en función del establecimiento de algún tipo de organización y planificación de objetivos”.

“En consideración a la relevancia del servicio que prestan las academias de enseñanza, como instrumento para complementar y reforzar la formación obtenida en el ámbito de la educación reglada, debe contemplarse la flexibilización las medidas restrictivas impuestas a la actividad desarrollada por dichas academias para hacer frente a la pandemia ocasionada por la Covid-19, pudiendo exigirse, en todo caso, el riguroso cumpliendo de las medidas y los protocolos de prevención que están establecidos de forma análoga para los centros educativos", añade el escrito recibido por la asociación.