Las autoridades laborales recibieron 19.130 solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) de empresas con centros de trabajo en Castilla y León desde el lunes 16 de marzo, hasta las 14 horas de hoy, en el contexto del estado de alarma decretado por el coronavirus covid-19. Estos trámites afectan a un número potencial de 101.795 trabajadores en la Comunidad, según informó la Junta.
Los ERTEs presentados a efectos administrativos ante las nueve oficinas territoriales de trabajo (OTT) se reparten entre los 4.149 de León, con 14.436 trabajadores; 4.137 en Valladolid, para 16.784 personas; Salamanca, con 2.594 y 9.575; Burgos, con 2.142 ERTEs y 11.795 trabajadores; Segovia, con 1.482 ERTEs y 6.691; Zamora, con 1.399 y 4.914; Palencia, con 1.186 y 5.475 trabajadores; Ávila, con 960 y 3.935; y Soria, con 851 ERTEs y 4.734 personas.
A ellos se suman los 207 recibidos ante la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Empleo e Industria, que afectan a 22.904 trabajadores; y los 23 expedientes ante el Ministerio de Trabajo y Economía Social, con 552 personas.
Igualmente, la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior informó de que ha incorporado un nuevo contenido en el portal web de la Junta para facilitar una visualización clara de la evolución de los ERTEs recibidos en la Comunidad y su impacto potencial sobre el empleo en el contexto de la crisis del coronavirus covid-19.
Conforme a la normativa vigente, las autoridades laborales competentes para tramitar estos expedientes de regulación son las oficinas territoriales de Trabajo de Castilla y León cuando los trabajadores afectados desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en el territorio de una provincia.
Además, la Consejería de Empleo e Industria se encarga en tres supuestos, cuando los trabajadores desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en el territorio de una provincia, pero tenga más de 200 trabajadores afectados; cuando éstos desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en el territorio de dos o más provincias de Castilla y León; y cuando el procedimiento afecte a trabajadores que desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo situados en el territorio de dos o más comunidades autónomas, pero el 85 por ciento de la plantilla de la empresa, como mínimo, radique en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León y existan trabajadores afectados en la misma.
Por último, el ministerio con competencias en el ámbito laboral, se encarga de los expedientes cuando la empresa disponga de centros de trabajo en dos o más comunidades autónomas.