El proyecto de decreto de zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos elaborado por la Junta de Castilla y León eleva a 709 el número de municipios afectados en Castilla y León por la elevada concentración de nitratos, por encima de los niveles permitidos por ley para las aguas de consumo público, que es de 50 miligramos por litro. Según denunció la organización Ecologistas en Acción a través de un comunicado, hace apenas nueve años eran 67 los municipios que superaban este límite, aunque en este tiempo se ha multiplicado por más de diez.
El colectivo ecologista ha publicado un mapa detallado, que está disponible para su consulta en la página web www.nomascerdos.org, que muestra de un amanera «clara e impactante» los términos municipales castellanos y leoneses afectados por este problema. El documento se ha elaborado con la base de un informe de la Junta, según informaron fuentes de esta organización.
El decreto que elabora el Gobierno autonómico eleva a 709 el número de municipios afectados en la Comunidad por este problema derivado principalmente del uso de abonos químicos en la agricultura y el avance de la ganadería industrial.
Ecologistas en Acción denuncia que «a pesar de que detrás de este problema se encuentran el uso creciente de abonos químicos en la agricultura y el avance de la ganadería industrial», las acciones encaminadas a solucionarlo se encuentran paralizadas desde hace años, y siguen permitiendo la ampliación de explotaciones de ganado porcino y la apertura de nuevas explotaciones de ganadería industrial.
Además de «malos olores», emisión de gases contaminantes y problemas de abastecimiento de agua en algunos municipios, la contaminación producida por la ganadería industrial en Castilla y León afecta a las aguas subterráneas, y puede perjudicar a «la salud» y «empeorar» la fertilidad del suelo, explican desde la organización medioambiental.
La campaña ‘No más cerdos’, puesta en marcha por Ecologistas en Acción de Castilla y León, ofrece información detallada sobre este problema que afecta ya casi a una tercera parte de los municipios de la Comunidad.
Esta organización ecologista va aún más lejos e incorpora incorpora varias propuestas concretas para alcanzar una solución a este problema. A través de un comunicado incide en que «para empezar debe aprobarse una moratoria de cuatro años (ni granjas nuevas ni ampliaciones), así como un plan para la reducción paulatina del número de cabezas hasta alcanzar un nivel de producción sostenible».