Un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales revela que la administración central financia el 23,6 por ciento del sistema de dependencia de Castilla y León, mientras que el resto de la inversión pública corre a cargo de la Junta. Una cuantía que supone casi siete puntos más que la inversión media en el resto de comunidades, donde esa cantidad asciende al 16,7 por ciento del total, y que sitúa a Castilla y León como la segunda de España que más porcentaje recibe del Estado, solo por detrás de Galicia.

La entidad facilitó esos datos, recogidos por Ical, tras revisar las certificaciones anuales que arrojan que la inversión pública alcanzó los 8.054,1 millones para financiar la dependencia en España en el año 2018. De esa cantidad, la aportación finalista del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para el conjunto de las autonomías (salvo País Vasco) fue de 1.347,6 millones mientras que las comunidades destinaron 6.706,5 millones, el 83,3%. En el caso de Castilla y León, la administración regional aportó el 76,4%.

Galicia (25,5%) fue la comunidad que más recibió por parte del Estado para financiar la dependencia, solo por delante de Castilla y León. El gasto promedio por persona en situación de dependencia atendida en 2018 ascendió en España a 8.090 euros anuales, de los que solo 1.348 euros fueron aportados por el Gobierno central, en concepto de nivel mínimo garantizado.

Urgencia

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales aseguró que han existido y existen razones «sobradas» para abordar la cuestión con «toda urgencia». No en vano, precisaron que se impide el ejercicio de derechos a cientos de miles de personas dependientes y que incluso muchos de ellos fallecen sin haber llegado a ser atendidos. En concreto, cifra que cada mes, aproximadamente el uno por ciento de la lista de espera causa baja por fallecimiento con lo que cada día que pasa son 80 las personas fallecidas sin haber podido ejercer su derecho.

La organización recuerda que la financiación de la dependencia se recortó por la vía de un Decreto-ley en 2012, apelando a circunstancias de «extraordinaria y urgente necesidad». La «cruel imposibilidad» actual de atender a las personas en situación más vulnerable resulta que no ha sido considerada así y no ha sido objeto de un tan ansiado Decreto-ley que «alivie» la situación.

Consejo Territorial

La convocatoria de un Consejo Territorial para el próximo jueves sin abordar el asunto de la financiación en su orden del día es considerada por la entidad otra «oportunidad perdida» para poner el asunto encima de la mesa y de obtener el más fácil de los consensos con todas las comunidades: la aprobación – «al menos»- de un Real Decreto en cumplimiento de las previsiones de los presupuestos prorrogados de subida del 5% con efectos 1 de enero de 2019. «Esto era y es perfectamente posible, pero de nuevo, no parece que vaya a ser así», lamentaron. Ante este panorama, manifestaron que «toca otra vez conformarse con promesas».