Las Cortes de Castilla y León aprobaron hoy el “histórico” techo de gasto de 10.980 millones, base de los presupuestos para 2021, para una situación “complicada e incierta” debido a la pandemia, con el voto en contra de PSOE y Podemos, que le ven “pitufo y cicatero” cuando cuentan con más financiación del Gobierno, y de Vox, al considerar que antes de acudir al déficit se debe recortar “gasto político”, como informa Ical.

Los socios de PP y de ciudadanos solo recibieron, desde la oposición, el voto a favor del procurador de Por Ávila, Pedro José Pascual, quien pidió a cambio que “se reequilibre” la inversión hacia su provincia en las próximas cuentas autonómicas, mientras que el leonesista Luis Mariano Santos se abstuvo, en un debate cruzado de reproches entre PSOE y Podemos, por un lado, y el PP, por otro. 

En la presentación, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, manifestó que la pandemia condiciona las previsiones al pasar de una estimación de crecimiento en febrero de la economía autonómica del 1,6 por ciento, ya con una desaceleración, al “hundimiento y recesión actual”.

Fernández Carriedo expresó el compromiso con los objetivos de estabilidad por “responsabilidad” pese a que el Gobierno haya suprimido la regla de gasto y calificó de “razonable” que se permita a las comunidades un déficit del 1,1 por ciento en el próximo ejercicio porque Castilla y León tiene una deuda pública tres puntos por debajo de la media, el 21 por ciento del PIB. 

El límite de gasto no financiero para 2021, base de los presupuestos para el próximo ejercicio, presentado por el Ejecutivo de coalición se eleva a 10.980 millones el más elevado de la historia de la Comunidad, con un 14,7 por ciento de incremento sobre 2018, últimas cuentas aprobadas y en vigor a través de sus sucesivas prórrogas.

Aunque recoge un crecimiento del 7,5 por ciento del PIB en 2021, el consejero recordó que se prevé una caída del 10,1 por ciento en este ejercicio, que no compensará en su totalidad la pérdida de este año, en un escenario que calificó de “incierto” ante la evolución de la intensidad del virus. “Son previsiones, tienen un margen, pero en este momento son más estimativas que nunca en el contexto de la pandemia”, afirmó. 

Fernández Carriedo mantuvo la “mano tendida” a la oposición para la aprobación de los presupuestos de la comunidad para 2021, en lo que calificó de unas cuentas “complicadas y difíciles” que requieren, en su opinión, de un amplio consenso de los grupos.

Mienten, no son de fiar

El portavoz socialista de Hacienda, José Francisco Martín, sentenció que tanto el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, “mienten y no son de fiar” -”lo hicieron en la comisión de las eólicas”-, y tildó de “pitufo” el techo de gasto, cuando van a tener más financiación que nunca del Gobierno.

Martín, que recordó previsiones que no se cumplen de ejercicios anteriores en los impuestos propios gestionados por la Junta con ingresos inferiores a los presupuestados, aseguró que tienen un supéravit de 230 millones, “que son incapaces de gastar”, para subrayar los 633,78 millones en que se pueden endeudar por el 1,1 de déficit previsto por el Gobierno.

Aprovechó para expresar la “preocupación” por contar con “más financiación que nunca” y ver como la gastará el “Gobierno de la rapiña” y defender que el PP “no puede aguantar” contar con el presupuesto estatal más expansivo y social, en el que Castilla y León es la quinta comunidad en inversión y la tercera por habitante.

“Se hacen trampas al solitario”, replicó el popular Salvador Cruz, que habló de un “techo de gasto histórico” debido al impacto de la pandemia y reconoció unos presupuestos estatales expansivos pero alertó del aumento de la deuda pública “que vamos a pagar todos”, a lo que unió que Castilla y León ejecuta muy por encima de comunidades socialistas sus cuentas.

Cruz argumentó que Castilla y León, como estima Ceprede, tendrá una recesión del 8,8 por ciento inferior a la media y con una deuda pública menor, pero criticó que Martín haya obviado que la Comunidad es “la peor tratada en las inversiones” del Gobierno y que no se haya devuelto la liquidación del IVA, que sí se ha hecho a las comunidades forales. “Cuando gobiernan no prima el interés general”, aseveró.

No olvidó el popular referirse al “mal” modelo de financiación, cuyas entregas a cuenta no cubren los servicios básicos públicos lo que obliga a recurrir cada año a la deuda, aunque subrayó que la Comunidad está por debajo de la media de las comunidades. 

El líder de Podemos-Equo, Pablo Fernández, anunció el voto en contra a un techo de gasto “cicatero y austero” al considerar que sin las mayores transferencias del Estado y de la Unión Europea sería inferior a lo asignado en el último presupuesto de 2018. “Señores de PP y Cs nada nuevo bajo el sol”, zanjó, para pedir unas cuentas expansivas ante una “pandemia mundial sin precedentes”. 

En contra votó también el procurador de Vox, Jesús García-Conde del Castillo, ya que, aunque admitió la necesidad del endeudamiento por la pandemia, rechazó el techo de gasto al considerar que antes de acudir a la deuda se deben recortar el gasto político a entes “ineficaces” que pagan los ciudadanos. 

A favor

También, el portavoz de Cs, David Castaño, introdujo en el debate una valoración de los recién aprobados presupuestos estatales para reconocer que Castilla y León es la quinta en inversión pero añadió que es “una media verdad” porque falta por completar la alta velocidad y hay “150 millones de razones”.

Castaño apeló al acuerdo para aprobar los dos presupuestos, ambos prorrogados, se refirió a un escenario complicado para las próximas cuentas autonómicas, donde pidió que se ajusten a la realidad aunque “no gusten”, y expresó la preocupación por el aumento del déficit. “Vamos a apoyar el techo de gasto, esperemos que permita aumentar el gasto en educación y sanidad y aumente la actividad asociada al conocimiento”, concluyó.

El techo de gasto contó con el voto a favor del procurador de Por Ávila, Pedro José Pascual, quien argumentó que lo hace por “lealtad institucional” pero reclamó que ese apoyo se vea en los presupuestos con más inversiones para “reequilibrar” lo que Ávila no recibe de las cuentas estatales.

Por su parte, el leonesista Luis Mariano Santos se abstuvo ya que también esperaba un techo de gasto más elevado y acorde con la situación actual pero añadió que lo más importante será comprobar en qué se gasta, en espera de que se detalle en los presupuestos. “No nos vamos a oponer, pero no le vamos a apoyar”, concluyó. 

En cifras

Economía y Hacienda estima un crecimiento para el próximo año del 7,5 por ciento, después de un desplome en este ejercicio del PIB del 10,1 por ciento debido al impacto de la pandemia, si bien será insuficiente para recuperar los niveles anteriores a la crisis, que no se prevé hasta 2022.

En cifras, la tasas de paro se situará en el 13,9 por ciento, solo una décima menos que la prevista para este año y los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo crecerán un 2,8 por ciento, frente a la caída del seis por ciento en 2020, con un déficit público del 1,1 por ciento, frente al 0,2 por ciento de este año.

De los ingresos, un total de 6.758,85 millones provienen del modelo de financiación, con un aumento del 4,3 por ciento respecto al dato de 2018, aunque suponen 170 millones de euros menos que las partidas recibidas ese año. Los fondos de la UE subieran un 0,8 por ciento, hasta los 1.205 millones, sin presupuestar el importe de fondos nueva generación porque el reparto por el Gobierno no se ha efectuado. 

Asimismo, las transferencias crecerán un 15,6 por ciento, hasta 734,64 millones de euros; y otros ingresos, menguarán un 4,5 por ciento, con 984,7millones, ante una caía del siete por ciento de la recaudación de los tributos propios respecto a 2018.

Así, los ingresos no financieros sumarán 10.317,82 millones de euros, a los que se sumarán 633,78 millones del 1,1 por ciento de déficit. Además, los ajustes de contabilidad nacional supondrán 28,69 millones. La cifra global de límite gasto de las tres fuentes sumará 10.980,3 millones.