Hace apenas una década, cuando la abdicación de Don Juan Carlos casi ni se planteaba, imaginarse el retiro del por entonces Rey parecía un ejercicio de ciencia ficción. Pero si se hubiera cuestionado a la población española -mucha de la cual no se reconocía como monárquica, sino como juancarlista- seguramente una amplia mayoría hubiera imaginado al Monarca jubilado, rodeado de nietos y disfrutando del reconocimiento de un país que siempre se mostró agradecido al difícil papel que le tocó cumplir. Sin embargo, en algún momento, todo aquel idílico plan se rompió y ahora las dudas ensombrecen la trayectoria de quien con un notable papel ayudó a que la democracia se pudiera asentar en España después de la dictadura de Franco.
El pasado domingo, Zarzuela sorprendió con un duro comunicado en el que Felipe VI anunciaba su decisión de renunciar a la herencia personal de Don Juan Carlos y, además, le retiraba la asignación que le correspondía en los presupuestos de la Casa del Rey. Una decisión que, según incidía el comunicado, el Monarca había tomado para preservar la integridad de la Corona ante las dudas sembradas sobre el posible legado de Soberano emérito. Y es que Felipe VI era beneficiario, por decisión unilateral de su padre, de los fondos -unos 65 millones de euros- de una Fundación que supuestamente habría recibido Don Juan Carlos de Arabia Saudí por interceder en la construcción del AVE a la Meca. Esta información, además, coincidió en el tiempo con las revelaciones de las prensa británica sobre la empresaria alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein, quien al parecer, justificó el hallazgo de 65 millones de euros a su nombre en una cuenta en Suiza como un «regalo no solicitado» que recibió de Don Juan Carlos en 2012 por el «cariño» que este le profesaba a ella y a su hijo.
Inviolabilidad
Ninguno de estos dos asuntos ha comprometido judicialmente al Rey emérito, al menos de momento. No hay que olvidar que tras su abdicación y su retirada de la vida pública perdió su inviolabilidad ante los tribunales. Sin embargo, la Audiencia Nacional ya determinó en 2018 que todos los actos y acciones que cometió hasta su renuncia al Trono (19 de junio de 2014) no están sujeta a responsabilidad penal precisamente por esa inviolabilidad que le asegura la Constitución.
Un ocaso complicado para quien con decisiones como apostar por un joven y desconocido Adolfo Suárez para que disolviera las Cortes franquistas desde la Presidencia del Gobierno o con actuaciones como la noche del 23-F ayudó decisivamente a que la democracia fuera una realidad.