El progresivo incremento de casos de covid- 19 ha elevado la incidencia acumulada a catorce días a niveles de riesgo alto en muchas comunidades autónomas, una circunstancia que ha activado las alarmas y que ha recuperado como tema central de debate la vacunación. España puede presumir de estar entre los países occidentales con mayor tasa de inmunización gracias a la intensa campaña de prevención llevada a cabo durante este año, situando a los españoles como ejemplo de concienciación y solidaridad ciudadana a nivel mundial. 

De hecho, ese comportamiento ejemplar asumiendo finalmente que la pauta completa sería el mejor freno a la pandemia, tiene ahora un reflejo perfecto en la comparación de la situación sanitaria de España frente a la de otros países europeos. Pese a que en este repunte también se producen contagios entre personas inmunizadas, la eficacia de la vacuna es evidente porque la velocidad de transmisión del virus en nuestro país está siendo muy inferior a la de otros, como Alemania o Austria, donde se ha llamado de nuevo al confinamiento de la población, algo impensable hoy por hoy en España.

 La situación, no obstante, requiere de control y de acierto en las próximas decisiones que adopten las administraciones, que es de suponer y desear que se seguirán tomando bajo recomendación de expertos sanitarios. Sin embargo, el hecho de que este cambio de tendencia consolidado al alza -que ya se ha empezado a denominar sexta ola pero que en poco se parece a las anteriores en cuanto a incidencia y hospitalizaciones– se produzca en puertas del mes de diciembre, con el largo puente de la Constitución y la Purísima y la Navidad, supone una complicación en la toma de decisiones, porque cualquier medida que no guarde el perfecto equilibrio entre la sanidad y la economía puede generar incertidumbre. Es cierto que a ningún gobierno le tembló la mano en otros momentos de 2020 y de 2021 en los que el escenario sanitario fue complejo. De hecho, el mes de diciembre del año pasado se vivió bajo unas restricciones severas, anteponiendo la salud a la economía, con todo lo que ello significaba en un mes de alto consumo.

 El foco en este repunte se está situando sobre la población no vacunada y va creciendo la división entre gobiernos de comunidades autónomas a la hora de sopesar si se debe establecer un control férreo sobre aquellos ciudadanos que no han recibido los correspondientes pinchazos.

 Son tantas las dudas jurídicas sobre algunas de las soluciones planteadas que hasta tener un escenario clarificador al respecto lo que deberá hacerse es reforzar todo lo posible hacia esas personas el mensaje de las ventajas de la vacunación, sobradamente demostrables. Pero si el avance de esta ola se acelera, habrá que tener un plan B preparado. Queda tiempo para establecerlo, pero se debe comenzar a trabajar ya en ello.