La Consejería de Sanidad estima que su presupuesto real a finales de este año ascenderá a 4.459 millones, 882 más del previsto inicialmente, de los que 370 millones corresponden a ‘gasto covid’ hasta el mes de diciembre, si bien, pese a ese incremento, los recursos de este departamento son “deficitarios e insuficientes”.

Así lo constató hoy el secretario general de la Consejería de Sanidad, Israel Diego, en su comparecencia en las Cortes recogida por Ical, a solicitud del Grupo Socialista, en la que detalló las actuaciones realizadas por su centro directivo y las previsiones relacionadas con la pandemia por COVID-19 y sus efectos.

Hasta el 30 de septiembre, el impacto directo de la COVID-19 en el gasto real de la Consejería de Sanidad y de la Gerencia Regional de Salud era de 254 millones de euros, de los cuales, cerca de 82 millones se han destinado a la contratación de profesionales y otros gastos de personal; 97,8 a la compra de productos sanitarios y equipos de protección individual para los profesionales del Servicio Público de Salud de Castilla y León, y 13,9 millones a productos farmacéuticos de uso hospitalario.

Sin embargo, Israel Diego explicó que la previsión hasta diciembre de 2020 es que este gasto real aumente considerablemente, hasta situarse a final de año en 370 millones de euros, con casi 116 millones destinados a retribuir al personal; 138,5 millones destinados a la adquisición de productos sanitarios; 24,6 a la ejecución obras y adquisición de equipamiento; y 19,7 millones para gasto farmacéutico hospitalario.

Esta previsión, puede sufrir variaciones como consecuencia de la segunda ola de expansión de la pandemia en la que se encuentra inmersa, no sólo esta Comunidad Autónoma, sino todo el territorio nacional, anotó.

El secretario general de Sanidad se refirió a los próximos presupuestos en Sanidad y subrayó que tratará de mejorar la financiación de la sanidad pública y garantizar la sostenibilidad y la calidad del actual y futuro modelo del sistema público y universal, cuyo objetivo es que el gasto sanitario autonómico llegue a representar el siete por ciento del PIB y cumplir con lo previsto en el ‘Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social’.

Por otro lado, manifestó que, desde principios del mes de marzo hasta el día de hoy, han incorporado a los servicios centrales de la Consejería de Sanidad y a los servicios territoriales de Sanidad existentes en cada una de las provincias 118 empleados públicos, lo que supone un aumento en un 31 por ciento del personal médico con la incorporación de 17 nuevos profesionales sanitarios y en un 16 por ciento el personal de Enfermería, con ocho profesionales nuevos.

Asimismo, se ha incorporado otro personal imprescindible en la situación de pandemia como farmacéuticos (23), veterinarios (29) y personal de laboratorio, así como personal administrativo, informático y de servicios (telefonistas, conductores, mantenimiento).

De esa manera, afirmó que se ha reforzado fundamentalmente a la Dirección General de Salud Pública y a los servicios territoriales de Sanidad, "claves" en el ejercicio de las labores de prevención y vigilancia epidemiológica para la lucha contra la pandemia, así como las funciones de inspección, vigilancia y control oficial realizadas por los Servicios Oficiales Veterinarios y Farmacéuticos de Castilla y León.

Reserva de equipos de protección

En concreto, precisó que, hasta la fecha, han tramitado, de forma centralizada, la compra de más de 242 millones de unidades de equipos de protección individual por importe superior a 65 millones de euros y más de 1,1 millones de pruebas de detección individual (PCR, anticuerpos, antígenos) por importe superior a 6,7 millones de euros.

A ello sumó las adquisiciones realizadas por los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud que han efectuado compras de este tipo de material, por un importe de más de 21 millones de euros.

A fecha de hoy, resumió que han tramitado expedientes de contratación para garantizar tanto equipos de protección individual como pruebas de detección de la COVID-19 por valor de más de 92,7 millones de euros, lo que demuestra “el importante esfuerzo que se está realizando en dicho objetivo estratégico en la lucha contra la pandemia”.

De esa manera, afirmó que está garantizada una reserva estratégica de material de protección superior a 75,7 millones de unidades y cercano al millón de unidades de pruebas de detección COVID-19, lo que asegura material de protección para los profesionales sanitarios en los próximos meses, con los más de 30 millones de mascarillas quirúrgicas y FFP2 para una cobertura de los consumos superior al año o los más de 42 millones de unidades de guantes de nitrilo, con una cobertura superior a los cuatro meses.

Tras referirse a las dificultades en el mercado internacional para la compra de material en los primeros meses de la pandemia, defendió que la Consejería de Sanidad ha realizado “los mayores esfuerzos” para dotar del material necesario para la protección de los profesionales sanitarios, “que fueron y continúan siendo nuestro mayor valor en estos momentos de gravísima emergencia sanitaria”.