Siete años después de que elGobierno de MarianoRajoy aprobase por decreto la ampliación de la jornada de los funcionarios para afrontar la crisis, los 85.000 trabajadores públicos de Castilla y León han vuelto a recuperar las jornadas de trabajo de 35 horas semanales. Un extremo que llega después de que esta semana el Ministerio de Hacienda confirmase que la Comunidad había cumplido con la regla de gasto en 2018 y, de esta forma,  tuviese los tres requisitos contables necesarios para aprobar esta medida. De esta forma, el preacuerdo firmado ayer por la Junta de Castilla y León y los principales sindicatos de la función pública -CCOO, UGT y Csif-, servirá para recuperar los derechos de los empleados públicos autonómicos tras años de reclamaciones de las organizaciones sindicales. La aplicación de las 35 horas comenzará a partir del 1 de junio, aunque los funcionarios de la Comunidad ya tenían implantada esta jornada para los meses de verano desde el año pasado. En esta ocasión, en virtud del documento suscrito por la comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco, cuando finalice septiembre no volverán a las 37,5 horas y continuarán con la jornada de 35 que tenían antes de la crisis.

En un comunicado, la Junta recoge que la implantación requiere de modificaciones normativas y la adaptación de los calendarios laborales, por lo que la aplicación «puede demorarse unos meses». Para hacer posible la efectividad de las 35 horas desde el 1 de junio, se aplicarán transitoriamente los acuerdos adoptados en materia de jornada. Los acuerdos suscritos se mejoran con el presente acuerdo de manera que los días de compensación de 2019 se disfruten en su totalidad antes de abril de 2020.

Para que los cuerpos docentes de enseñanzas no universitarias puedan disfrutar de la jornada de las 35 horas se realizarán las actuaciones que implanten la aplicación de la jornada laboral de 35 horas en las partes lectivas, complementarias y de libre disposición a partir del 1 de septiembre de 2019.

Los firmantes del Acuerdo trasladan al Gobierno autonómico que se forme tras las elecciones la necesidad de realizar las modificaciones normativas necesarias para implantar la jornada de las 35 horas antes de finalizar la vigencia de los acuerdos de jornada. 

En el caso de que no sea posible aprobar los textos antes del 30 de septiembre, solicitan al Ejecutivo regional prorrogar los acuerdos hasta que se produzcan las modificaciones normativas necesarias. La Junta de Castilla y León se compromete a elaborar la propuesta de modificación de los textos normativos y propuesta de calendarios laborales para octubre, noviembre y diciembre de 2019 antes del 24 de junio de 2019 para avanzar en su aprobación», añaden.

Alegría y prudencia

Las tres centrales sindicales firmantes del preacuerdo expresaron tras el mismo una satisfacción general aunque se mostraron prudentes hasta su análisis y aplicación. El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León, Tomás Pérez Urueña reconoció la «satisfacción moderada» que les ha producido el pacto, ya que matizó que se ha llegado a un preacuerdo pero aún no se ha firmado y hay que analizar más a fondo por parte de todos los documentos presentados. Pérez Urueña apuntó que se ha esperado «bastante» para recuperar la jornada y ha llegado el momento de que se recupere, aunque sostuvo que la situación política es «complicada», por lo que es necesario que haya un compromiso para el gobierno que entre en la Junta, ya que ahora no se puede modificar la ley para la entrada en vigor. 

La secretaria regional de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Ana Rosa Arribas, aunque también expresó «satisfacción» en términos generales, apeló a la prudencia hasta que se analice el preacuerdo por parte de las federaciones. «No nos parece mal», señaló Arribas, quien recordó que había un acuerdo firmado «pero ha coincidido en un momento político muy difícil», y aseguró que hay que ver «algún matiz» en sectores como el educativo. 

Menos positivos se mostraron desde el Sindicato Independiente de Funcionarios, que indicaron que el preacuerdo «es más de los mismo y suena a trampa». En su opinión, la situación recuerda a la del pasado año por estas fechas «ya que no está nada claro lo que se va a hacer, se quiere vender la reducción del horario del verano y no se cumple lo pactado en el acuerdo marco». En este sentido Csif valorará el preacuerdo «a fondo» el próximo lunes «para ver la letra pequeña», informaIcal.