Castilla y León registra un superávit de 230 millones de euros hasta agosto (último dato facilitado por el Gobierno central), lo que supone un 0,44 por ciento del PIB, frente al déficit de 470 millones, el 0,79 por ciento, en el mismo periodo de 2019. Esto se debe, según recoge el Ministerio de Hacienda, al traspaso de fondos COVID por parte del Ejecutivo, que publica hoy en su página web una serie de datos correspondientes a la ejecución presupuestaria que muestran el impacto de la pandemia provocada en las cuentas públicas, así como el efecto de las medidas adoptadas para gestionar esta emergencia sanitaria y mitigar las consecuencias de la crisis.
La Administración autonómica española registra así un superávit de 2.097 millones, lo que supone el 0,19 por ciento del PIB, frente al déficit del 0,25 por ciento del PIB registrado hace un año. Según Hacienda, esta evolución se debe a varias medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar los recursos de las comunidades y dar respuesta a la emergencia provocada por la COVID-19.
Por el contrario, en los nueve primeros meses del año (este dato se analiza hasta septiembre), el déficit del Estado se situó en 56.291 millones, lo que equivale al 5,09 por ciento del PIB. Si se deduce el efecto del gasto en intereses (déficit primario) la cifra se sitúa en el 3,56 por ciento, precisa Hacienda.
Todas las comunidades autónomas (salvo Navarra y País Vasco) registran hasta agosto de 2020 un comportamiento más positivo que hace un año. Además, salvo estas dos regiones y Castilla-La Mancha y Murcia, el resto, es decir un total de 13 autonomías, logran situarse en superávit.
Las transferencias a las comunidades autónomas aumentan tanto por la actualización de las entregas a cuenta realizada en marzo y abril, como por la mayor liquidación definitiva del sistema de financiación del año 2018 respecto a la efectuada en el ejercicio anterior, según Hacienda. El objetivo de estas medidas es “garantizar” a las comunidades los recursos necesarios para hacer frente a la pandemia y que puedan seguir prestando servicios públicos esenciales de calidad.
A lo anterior hay que sumar la parte correspondiente a los dos primeros tramos del Fondo COVID por importe de 8.000 millones (sobre un total de 16.000 millones). Este fondo no reembolsable se distribuye teniendo en cuenta los costes derivados de la pandemia en el sistema sanitario, educativo, así como para compensar la caída de los ingresos fiscales autonómicos. Además de este aumento en las transferencias del sistema de financiación, las comunidades han recibido, entre otros, 300 millones destinados a la cobertura de gastos originados en el Sistema Nacional de Salud, 300 millones al Fondo Social Extraordinario para la financiación de prestaciones básicas de los servicios sociales, 25 millones al Fondo de alimentación, 10 millones por medidas excepcionales por el COVID-19 en el sector ganadero y 447 millones de subvenciones al Plan Estatal de Vivienda.
Además, los ingresos se han incrementado un 8,3 por ciento, recordó el Ministerio. En este sentido, destacó el aumento de los de carácter impositivo en un 8,7 por ciento, sobre todo los corrientes sobre la renta y el patrimonio, que crecen un 20 por ciento, fundamentalmente por el aumento de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva del sistema de financiación y la subida registrada en las transferencias recibidas de otras administraciones públicas en un 11,9 por ciento, por los mayores recursos recibidos del Estado.