Javier Izquierdo cambió el sillón de parlamentario nacional por la representación del Gobierno en la región. Un papel que desempeña en una de las crisis más graves de la historia del país, donde su intermediación con la Junta es básica para aplicar las medidas para paliar los efectos de la pandemia. Una colaboración leal en este caso, pero que no evita la confrontación cuando se habla de fiscalidad, inversiones o la nueva ley Celaá.

Defiende que los Presupuestos Generales del Estado dedican más a gasto social en la región que a infraestructuras. ¿Maquilla esto la inversión en dotaciones?

Los presupuestos tienen que ser de país. Estamos en un momento en que, como consecuencia de los efectos de la pandemia en lo sanitario, social y económico, es importantísimo tener unas nuevas cuentas, que superen las de 2018, que no están preparadas para afrontar esta crisis. Además, deben recoger los fondos europeos del plan de recuperación y resiliencia. A partir de ahí, hay un esfuerzo muy importante en políticas sociales. En Castilla y León el gasto social supondrá unos 12.000 millones de euros: pensiones, dependencia, educación,… Y otros mil millones de euros, sin provincializar, para el Plan Educa Digital, que es una gran oportunidad para la transformación de nuestro sistema educativo. 

¿Y las infraestructuras?

En Castilla y León hay una dotación por encima de la media, con unos datos razonables de inversión pública. Pero lo más importante es el plan de recuperación y resiliencia, que supone 21.000 millones de euros este año y más de 70.000 en tres años. Y tenemos la obligación de sacar el máximo partido de estas inversiones, que son las importantes porque permitirán transformar el modelo económico desde la perspectiva de transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género.

Habla de unos presupuestos de país, pero quizás esa es la crítica más general de la oposición y por la que Ciudadanos no ha entrado en el pacto con los nacionalistas.

La derecha lleva años en que cuando está en la oposición se dedica estrictamente a desvirtuar el debate. No oigo al PP una crítica a los PGE; son otro tipo de críticas, que tienen que ver con sus mantras. En esta región, con un senador autonómico del PP (Javier Maroto) que siendo alcalde de Vitoria pactaba con Bildu para determinadas cuestiones, y además daba lecciones de cómo integrar la parte política del independentismo abertzale, es sorprenderte escuchar estas críticas. El PP debería hacer algunas reflexiones sobre cómo hacer oposición. Desde hace tiempo, cada vez que pierden las elecciones, no asumen el resultado.

¿Estos pactos complican la defensa de estos PGE en Castilla y León? ¿Cómo se contesta a la crítica por las cesiones al nacionalismo?

Es muy fácil defender que se necesitan los presupuestos desde hace mucho tiempo. Estos tienen el mayor gasto público de la historia. Y traen oportunidades de desarrollo económico, que es lo que fundamentalmente necesitamos, y es lo que quiere la gente de cualquier territorio. El resto, en muchas ocasiones, parecen polémicas inventadas. Creo que el PP tiene que salir de su laberinto de no asumir el resultado electoral. Mientras no lo asuma, no podrá asumir la labor de oposición. Eso significa cuestionar al Gobierno en lo criticable, pero también estar en las cuestiones de Estado. 

Para financiar esas inversiones hay que recaudar dinero. ¿Apoya el incremento del IVA a las bebidas azucaradas?

Es una medida por la que se ha optado planteando una cuestión vinculada a temas de salud desde el Ministerio de Consumo. Creo que se ha exagerado la crítica en la medida que hablamos de un impuesto que afecta solo a las bebidas azucaradas, no a toda la producción del azúcar, y eso es una parte muy pequeña de la producción. Es cuestión de lanzar un mensaje de lo que significa el consumo de determinado tipo de bebidas para nuestra salud, y que sea un aliciente para que se modere.

En la región hay gran dependencia del sector agrario. Con el impulso de los PGE y los fondos europeos, ¿por dónde debe ir el cambio de modelo productivo regional?

Todos los ámbitos pueden aplicar algunas de las cuestiones que están en el plan de recuperación. En agricultura, en la modernización de regadíos hay un importante esfuerzo inversor, que permitirá optimizar el consumo de agua y aumentar las zonas de riego. Pero hay una pléyade de desarrollos en la digitalización y transición ecológica que afectan a la ganadería, con lo que ahí también hay oportunidades. Y está la PAC, que tendrá una dotación superior, lo que permitirá mantener lo renta de los agricultores y modernizar algunas de las producciones. Esto tiene que ir asociado al incremento de la actividad en el sector primario y favorecer el mantenimiento de producción en el medio rural.

Habla de digitalización, una competencia compartida con la Junta. ¿Cuándo dejará de ser una promesa la cobertura digital en la región?

La semana pasada se conocieron las ayudas del Ministerio de Economía de avance digital que dejan en la región casi 20 millones. Esto supondrá que podamos llegar a más de 950 núcleos de población, un 20% de los más de 6.000, con más de 100 megas. Son núcleos pequeños por esa capacidad ya se oferta en los grandes. Esto implicará que el 88% de la Comunidad tendrá cobertura de 100 megas. Obviamente el objetivo que está marcado en la agenda digital 2025 es llegar al cien por cien y  habrá sucesivas convocatorias para proyectos de las empresas prestadoras de los servicios. Con estos casi 20 millones se conviertan en 35 millones de euros de inversión total, con una pequeña parte de la Junta. 

¿Cómo se fomenta el asentamiento de población en la España vaciada?

La conectividad en el territorio rural es muy importante. Con los 100 megas se permitirá desarrollar proyectos empresariales, con una importante deslocalización, pero también proyectos personales de vida porque el teletrabajo lo posibilita. 

¿·Es necesaria una armonización fiscal, incluidos el País Vasco y Navarra? ¿Debe ser al alza o a la baja?

Por un lado, el País Vasco y Navarra tienen su régimen establecido en la Constitución. Pero en este debate hay una reflexión importante: hacer más con menos es imposible. Querer ampliar el gasto público, la prestación de servicios públicos, el gasto en infraestructuras y a la vez bajar los impuestos, como dice la derecha, me parece imposible. Generalmente esta bajada de impuestos beneficia solo, o mayoritariamente, a las rentas más altas, no a las bajas. Esto pondría en tela de juicio lo que dice la Constitución sobre la progresividad de los impuestos. 

¿Beneficiaría a Castilla y León?

El presidente de la Junta dice que quiere armonización fiscal a la baja, pues no tiene más que hacerlo. Puede poner la misma regulación fiscal que Madrid. Tiene las mismas competencias. No lo hace porque sabe que no tendría recursos suficientes para pagar determinadas políticas. Es un discurso incoherente. Durante años las rebajas fiscales de Madrid, el gratis total en patrimonio y sucesiones más las rebajas a las rentas altas, han permitido la deslocalización de contribuyentes a su territorio. Esto genera un efecto absorbente respecto a rentas y patrimonio altos del resto del país, sobre todo de los que lindamos con ellos. Este es el debate y creo que el PPCyL está jugando a una posición que no es coherente. No se puede decir que quiere bajar los impuestos y que el Gobierno le dé más recursos para financiar sus políticas. Y no puede defender la armonización a la baja cuando no la aplica porque tiene las competencias. Eso es engañar a la ciudadanía.

¿Los gobiernos regionales están gestionando bien esta crisis?

El Gobierno tiene una posición de respeto absoluto a lo que han hecho las comunidades. Y yo como delegado del Gobierno de lo que me he preocupado en todo momento es de que tengamos la mayor colaboración con la Junta, con absoluta lealtad. Hemos conseguido no dar más problemas al ciudadano que el propio problema de la pandemia. En la primera etapa tuvimos más atribuciones, y en esta segunda etapa la dirección de las cuestiones sanitarias recae en las comunidades, y colaboramos al máximo con el gobierno regional y sin hacer ninguna crítica pública.

El incremento de fondos que recibirá la Junta, ¿será suficiente para paliar a los efectos de la pandemia?

El Gobierno ha puesto encima 843 millones para la región, el 8% del presupuesto regional. Dinero a fondo perdido, y que pone de manifiesto que hay una manera diferente de salir de la crisis. En la anterior el Gobierno de Rajoy daba préstamos. Además ha destinado unos 350 millones en ERTEs en la región, unos 200 millones en prestaciones de cese de actividad para autónomos y 4.000 millones en préstamos ICO para empresas regionales. Unas ayudas que se cobraban al mes de su aprobación frente a las medidas de la Junta, acordadas en abril, y que se van a empezar a cobrar ahora y donde tres de cada cuatro solicitantes se quedarán sin ellas.

¿Comparte la insuficiencia de ingresos del modelo de financiación autonómica?

Hay que revisar el modelo y determinar qué modelo de Estado de Bienestar y de servicios públicos queremos, con una evaluación de los costes y de posibles fuentes de ingresos para después establecer cómo se reparte eso en el modelo de financiación autonómica. 

Una revisión en un escenario político polarizado y donde algunas comunidades anuncian que no aplicarán algunas leyes.

No sé si el PP está advirtiendo de desobediencia de una ley. Eso sería tremendamente grave y cuando lo hemos escuchado en otros territorios nos ha sonado a otras cosas. Recomendaría al PP que se borrara de este planteamiento. ¿Con qué legitimidad decide un Gobierno autonómico si aplica o no una ley del Estado? La ley, si está en vigor, habrá que aplicarla. Y después cada administración podrá decidir si destina más o menos recursos a la Educación en su región.

¿Es difícil explicar la cesión de que el castellano deje de ser vehicular?

Niego la mayor. La ley dice que se garantizará en todos los centros educativos, donde hay lenguas cooficiales, que los alumnos aprendan los dos idiomas en buenas condiciones. El castellano no dejará de ser lengua vehicular. Esta es una de las falsedades del PP, pero deben recordar que la Constitución también reconoce que hay otras lenguas que merecen el respeto y la protección. 

¿La Delegación es una buena plataforma para la Junta?

Soy delegado del Gobierno. El presente es lo que importa.

¿Considera que la oposición en las Cortes está siendo efectiva y eficaz?

El PSOE ganó las elecciones y hoy deberíamos tener un Gobierno bien distinto al que conocemos. Con la llegada de la pandemia, el PSOE se ha puesto a arrimar el hombro con el apoyo a las medidas de la Junta y unos acuerdos políticos, que hay que ver si se han ido cumpliendo y parece que hay cuestiones que no. Y entiendo que ahora se critique esos incumplimientos. Es lo correcto, pero es que llueve sobre mojado porque todavía estamos esperando que se ejecute el acuerdo de la jornada laboral de 35 horas.

¿Qué es lo que más le preocupa en la evolución de la pandemia?

Esto es un esfuerzo colectivo. Los poderes públicos tenemos una capacidad de decisión y ejecución y la responsabilidad de intentar que el impacto de la pandemia sea el menor posible. Pero todos tenemos una responsabilidad individual muy importante de respetar las normas básicas de seguridad. 

 ¿Y las Navidades?

Ojalá podamos tenerlas lo más parecido a otros años, pero parece que no será así. Hay que ser prudentes y hacer ejercicio de disciplina social para reducir el impacto de la covid y poder flexibilizar algunas medidas. Sé que es complicado y que hay cansancio, pero queda menos para que la vacuna pueda ser una realidad. 

¿Ha falta de liderazgo del Gobierno para asumir el mando en esta segunda oleada y evitar la falta de homogeneidad en las medidas?

Es al contrario. El Gobierno estableció con las comunidades, al finalizar la primera oleada, el plan de respuesta temprana, para controlar los contagios. Luego se llegó a un acuerdo en el Consejo Interterritorial de Salud para fijar los indicadores, niveles de emergencia y medidas mínimas a aplicar. Ahí está el liderazgo del Gobierno. Esta estrategia está asociada a la cogobernanza con las comunidades. Lo que ocurre es que cada región tiene una incidencia distinta y por eso parece que en cada sitio se toman decisiones diferentes. Pero a iguales niveles de emergencia, la respuesta es similar