Desde julio de 2018 hasta el 5 de noviembre de 2019 se han incorporado a la sanidad pública en la provincia de Soria un total de 344 extranjeros en situación irregular. Del total, 87 corresponden a Soria Norte, 67 a Soria Sur y 10 a Soria Rural. Por centros médicos de la provincia de Soria, 41 serían de Burgo de Osma, 30 de Almazán, 27 de San Esteban de Gormaz, 19 de Ólvega, 14 de Ágreda, 13 de Arcos de Jalón, 12 de San Leonardo, 12 Berlanga de Duero, 7 de San Pedro Manrique, 4 de Pinares-Covaleda y 1 de Gómara. De esta manera, el 47,6% son atendidos en centros de salud de la capital, lo que son 164 usuarios; y el 52,4% en centros de la provincia.

Por nacionalidades, 38 vienen de Bulgaria; 36 de Marruecos; 33 de Honduras; 30 de Rumanía; 24 de Colombia; 23 de Ecuador; 16 de Perú; 11 de República Dominicana y Argentina; 10 de Brasil; 9 de Paraguay; 8 de Bolivia, Portugal y Venezuela; 5 de Cuba, Gambia, Nicaragua y Senegal; 3 de Armenia, Ghana y Uruguay; 2 de Argelia, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Costa de Marfil, Mali, Mauritania, Pakistán, Rusia, Francia y Túnez; y 1 de Camerún, China, Chile, Guinea, Israel, México, Polonia y Sierra leona.

No se puede establecer un porcentaje del número de inmigrantes irregulares de la provincia que solicitan este derecho de sanidad universal, ya que el total de este tipo de inmigración no se puede calcular porque no están en ningún registro. Se estima que podría ser en torno a un 15% de la población inmigrante.

recuperación. Sobre la recuperación de la sanidad universal, hay que recordar que en el año 2012, en plena crisis económica, los inmigrantes sin papeles fueron expulsados de la sanidad pública española, que hasta entonces había sido universal. Se aprobó el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, «de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud  mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones». En Castilla y León se garantizaron las urgencias y la atención a menores y mujeres embarazadas y la atención primaria a personas con enfermedad renal, enfermedad respiratoria crónica, patología mental grave o enfermedades que supusieran un riesgo para la salud pública. Pero la mayoría de la población extranjera quedó desasistida. El compromiso de gran parte de sanitarios en Castilla y León, que actuó como en una red alternativa dentro del sistema mejoró algo la situación y no se pudo evitar que en muchas ocasiones los inmigrantes recibieran la factura ante que la atención sanitaria.

El derecho se recuperó en la comunidad en 2018. La Junta de Castilla yLeón fue la que primero aprobó en junio del año pasado una resolución de la Gerencia de Salud para garantizar formalmente la atención sanitaria a la población inmigrante en situación irregular.De esta manera, las personas sin papeles han podido contar desde hace más de un año con un documento que no es la tarjeta sanitaria pero que acredita el procedimiento para ser atendido como el resto de ciudadanos, tanto en Atención Primaria como en los hospitales de Castilla yLeón. Dos son los requisitos para optar: estar empadronado al menos tres años en algún municipio de España y contar con una declaración de carecer de recursos económicos o tener un ifnrome de los trabajadores sociales de que esa persona no dispone de medios. Esta atención ya se venía prestando en Castilla yLeón pero con esta medida de la Junta esta garantía se ha reforzado. 

legislación nacional. Posteriormente, en septiembre de 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el Real Decreto Ley 7/2018 de Sanidad Universal, que ofrece cobertura a la población extranjera en situación administrativa irregular que no se encuentre autorizada ni registrada para residir en España, a las personas que no tengan derecho a la condición de aseguradas ni de beneficiarias reconodidas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, a las personas que no puedan exportar su derecho a la asistencia sanitaria desde su país de origen y a las que no tengan terceros que estén obligados al pago de esta asistencia. Para contar con este documento, los interesados deben dirigirse a un centro de salud y pedir cita con los trabajadores sociales, que realizarán un informe en el que se reflejen todas sus circunstancias y en el que se constate que la persona que aspira a incorporarse al sistema público de salud no tiene recursos económicos para poder financiarse la asistencia. También deberá figurar que lleva más de tres meses empadronado, una condición indispensable.

La normativa del Gobierno ha recibido numerosas críticas de colectivos sociales, ya que deja sin cobertura sanitaria a los inmigrantes sin papeles que lleven menos de tres meses en España, incluidas embarazadas y menores. Sanidad envió a las comunidades autónomas un documento con recomendaciones sobre cómo aplicar el citado decreto, que prevé que durante esos primeros 90 días los inmigrantes en situación irregular que precisen esa atención podrán obtenerla a través de un informe de asuntos sociales.