Castilla y León suma tres emisiones de deuda en lo que va de año y ocho contratos bilaterales de préstamo suscritos, con lo que llega a mediados de mayo con el 90 por ciento de las necesidades de financiación previstas para el ejercicio ya cubiertas.

La última operación, que se cerró la semana pasada, permitió a la Junta captar 300 millones a través de la tercera emisión de deuda formalizada en 2019, que es la primera bajo formato público, el 60 por ciento de ello cubierto por inversores extranjeros. Lo hizo «aprovechando la fortaleza mostrada por los mercados financieros, que se ha visto reflejada en la buena respuesta a las operaciones llevadas a cabo tanto por el Tesoro Público como por alguna otra autonomía», señala un comunicado recogido por Ical.

La transacción se cerró por un importe de 300 millones, con un plazo de devolución de 10 años. El interés final se estipuló en el 1,11 por ciento fijo anual, siendo el tipo históricamente más bajo de los logrados en operaciones similares por las distintas autonomías. Asimismo, el diferencial sobre el coste del Tesoro a idéntico plazo se ha situado en el 0,17 por ciento, que es el margen más reducido aplicado a una comunidad no foral y se encuentra muy por debajo del límite autorizado de 50 puntos básicos.

Fuentes del departamento que dirige Pilar del Olmo explicaron que la «credibilidad y calidad» de Castilla y León como prestataria, unido a la receptividad del mercado a este nombre, impulsaron con fuerza la demanda de títulos en esta operación, que llegó a alcanzar los 1.500 millones en las dos horas que duró aproximadamente la apertura de libros, un importe cinco veces superior al objetivo previsto. De hecho, este elevado interés de los inversores permitió ajustar a la baja hasta en dos ocasiones el coste inicialmente previsto de la operación.

Asimismo, los datos de cierre de la emisión revelan que el 60 por ciento de las obligaciones se han colocado entre inversores extranjeros, un porcentaje superior al alcanzado en otras transacciones. En la distribución por países, sobresalen Francia (que captó el 17 por ciento de los bonos), Alemania y Austria (15 por ciento), países nórdicos (ocho por ciento) e Italia (cuatro por ciento), a los que hay que añadir cuentas inversoras procedentes de Suiza, Asia y Medio Oriente, con un tres por ciento cada uno. Los inversores nacionales, por su parte, han concentrado el 40 por ciento del importe.

Además, la calidad de las ofertas queda patente a tenor de la tipología de los adquirientes de los bonos emitidos, puesto que el 51 por ciento son bancos. Les siguen las gestoras de fondos (26 por ciento), los bancos centrales e instituciones oficiales (12 por ciento), y finalmente compañías de seguros y fondos de pensiones (nueve por ciento). Se trata de inversores de carácter no especulativo, que mantienen los títulos en su cartera.

La operación de 300 millones que acaba de formalizar la Junta es la primera sindicada de carácter público desde 2016, aunque no hay que olvidar que la Comunidad viene manteniendo una presencia recurrente en el mercado de capitales a través de otros formatos.

Así, en este periodo de referencia, la Administración autonómica ha llevado a cabo ocho colocaciones de títulos de deuda mediante acuerdos bilaterales con inversores privados, aprovechando su alto grado de accesibilidad a los mercados.

A través de esta fórmula se logra acceder a una mayor base inversora y tener una relevancia más significativa en el mercado, lo que es importante para facilitar la cobertura de necesidades de financiación futura. También contribuye a diversificar la cartera aumentando el peso del endeudamiento en títulos-valores, que ahora roza el 30 por ciento.