PSOE pide amparo a Clemente para convocar la comisión eólica

SPC
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José Francisco Martín advierte de que habrá otro "recurso" si el PP niega un calendario de comparecientes y señala que la Fiscalía fue "más dura" que el TC

Los socialistas José Francisco Martín y Pedro González vuelve a pedir amparo a la Mesa de las Cortes para que se convoque la comisión de las eólicas. - Foto: Ical

El Grupo Socialista vuelve a pedir amparo a la Mesa de las Cortes de Castilla y León para que el presidente de la comisión de investigación sobre las eólicas y el edificio de Arroyo de la Encomienda y los terrenos de Portillo (Valladolid), el ‘popular’ Julián Ramos, convoque de forma “inmediata” este órgano para establecer un calendario de comparecientes, o lo haga la presidenta del Parlamento autonómico, Silvia Clemente.

Los socialistas, según explicaron hoy el presidente del Grupo, Pedro González, y el secretario general, José Francisco Martín, toman esta medida 48 horas después de que se conociera la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que reconoce el amparo a dos procuradores del PSOE que la Mesa de las Cortes negó a finales de 2017, aunque en enero de 2018 se celebró una reunión de la comisión de investigación, por decisión de Clemente.

“Aquí no hace nada nadie”, afirmó José Francisco Martín en declaraciones recogidas por Ical, quien junto a Pedro González, recordó que el fallo del Constitucional obliga a retrotraerse al momento previo a la denegación del amparo, que según el procurador socialista se refiere a la solicitud de reunión de la comisión de investigación de las eólicas para fijar un calendario de comparecientes, al contar ya con una lista de personas.

En ese sentido, Martín advirtió al PP de que su grupo presentará otro recurso si se niega a dotar de un calendario de comparecencias a la comisión, que reconoció cuenta con un número “importante” de personas seleccionadas para explicar lo sucedido con las eólicas, así como con el edificio de Arroyo y los terrenos de Portillo, después de que la justicia haya imputado por estos dos últimos asuntos a la excupula de la Consejería de Economía, así como a un grupo de empresarios.

Asimismo, el procurador socialista reconoció que a un mes y medio de que finalice esta Legislatura es complicado llevar a cabo “bien” los trabajos de la comisión de investigación, aunque apostó por elegir a los comparecientes más relevantes para que den explicaciones. Entre ellos, aseguró que deben estar el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que no fue incluido en un primer momento; al consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, así como los exviceconsejeros imputados Rafael Delgado y Begoña Hernández. “Si se quiere, se puede”, insistió

Conclusiones del fiscal

En su intervención, José Francisco Martín aprovechó para “deshacer” la “mentira” del exportavoz ‘popular’ y expresidente de la comisión, Juan José Sanz Vitorio, quien en su opinión se refirió a la posición del fiscal sin conocer su posición, ya que recalcó que el procurador segoviano no tiene el escrito, que el PSOE facilitó este jueves a los medios de comunicación, al ser quien presentó el recurso de amparo.

“Hasta aquí llega este señor”, dijo José Francisco Martín en su necesidad de “mentir y engañar”. A su juicio las conclusiones del fiscal Alfredo Ramos son “más duras” que la propia sentencia del Tribunal Constitucional. Todo ello muestra como es la “moral” del dirigente ‘popular’, a quien acusó de paralizar la comisión durante la etapa en la que fue presidente de la misma.

En su escrito, el fiscal indica que “se impide ejercer íntegramente sus funciones a los representantes elegidos, utilizando los mecanismos establecidos y con unos objetivos de control de Gobierno que se integran en el núcleo fundamental del ius in officium, no solamente con carácter general (art. 6.1) sino en particular en cuanto tienen el derecho de asistir con voz y voto a las ssesiones del Pleno y de las Comisiones, lo que no ocurre si no se convocan (art. 6.3), lo que afecta, singularmente, a los recurrentes y determina, en consecuencia, la imposibilidad del ejercicio del cargo”.

Además, señala que el acuerdo de la Mesa de las Cortes cuenta con una motivación “insuficiente” y “no adecuada”, al presentar una “interpretación no integrada y fraccionada de la lesión denunciada y con una justificación de la ausencia de fijación de plazo de convocatorias, que determina una dilación ilimitada e imprevisible, con afectación negativa al cumplimiento de la función para la que la comisión fue creada”.