El Tribunal Supremo ha condenado al Gobierno central a pagar a Castilla y León la cuantía correspondiente a la parte transferida a las comunidades autonómas de la recaudación del IVA del mes de diciembre de 2017, no abonado en la liquidación del sistema de financiación. El auto da la razón en parte a la Junta que interpuso un recurso contencioso-administrativo el 25 de septiembre de 2020. Sin embargo, el tribunal no fija la cuantía -el Ejecutivo autonómico estima que se le deben 182 millones- ya que no queda «debidamente acreditado que sea precisamente ése el importe que le debe ser abonado» a las arcas autonómicas.

Las reacciones no se hicieron esperar y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, aprovechó su intervención en el pleno de las Cortes para asegurar que  «Castilla y León gana y Sánchez pierde» tras la sentencia del Tribunal Supremo por la liquidación del IVA de 2017, fecha en la que, como le recordó el portavoz socialista, Luis Tudanca, gobernaba el PP y el ministro de Hacienda era Cristóbal Montoro.

Mañueco, al inicio de la sesión plenaria, sacó a colación esta cuestión al ser preguntado por Tudanca por el trabajo de la Junta en materia de igualdad. El presidente, que destacó que la sentencia reconoce la «lealtad institucional» del Gobierno castellano y leonés, insistió en que demuestra la defensa de la Junta de los intereses de los ciudadanos de Castilla y León, al tiempo que insistió en la necesidad de que el Gobierno convoque un Consejo de Política Fiscal y Financiera para que ese dinero llegue «cuanto antes» a la Comunidad y destinarlo a la reactivación económica.

Ante la respuesta, Tudanca afeó el «manoseo repugnante» de Mañueco ante todo lo que tiene que ver con la Comunidad. «Le preocupa tanto la igualdad que cuando le pregunto habla de Sánchez», criticó.

No obstante, sobre la sentencia del Supremo, el líder socialista recordó que el PSOE firmó la devolución de esa cantidad en el Pacto por la Reconstrucción y, además, aprobó en las Cortes una Proposición No de Ley la reclamación de las mismas al Gobierno. «Nosotros defendemos Castilla y León y ustedes sus intereses, hasta tal punto que se le olvida recordar que el dinero del IVA no lo teníamos por culpa de Montoro que gobernaba en 2017», zanjó.

La deuda.

Las reclamaciones de la Junta han sido insistentes desde hace años. Después de que el Consejo de Ministros desestimara, por falta de respuesta, la reclamación del pago de las cantidades correspondientes al IVA, la Junta solicitó el pago de la pérdida de ingresos, que ascienden a 120,49 millones.

Asimismo, se solicitó el abono de las cantidades correspondientes al nuevo cálculo de la variación de los Ingresos Tributarios del Estado y su repercusión en los fondos del sistema de financiación autonómica, que ascendía a otros 61,51 millones. Esta cantidad corresponde a 30,98 millones del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, 21,21 millones del Fondo de Suficiencia Global y 9,32 millones del Fondo de Cooperación.

Sin embargo, la sentencia del Supremo señala que la compensación concreta deberá fijarse en ejecución de sentencia y vendrá determinada por la diferencia la liquidación practicada en su día por la Administración del Estado y la que habría resultado de computar en dicha liquidación incluyendo también la de noviembre de 2017.

El recurso precisaba que, al final, los ciudadanos habían ingresado el IVA correspondiente durante ese mes, y sin embargo el Estado se había quedado con toda la recaudación sin repartir la parte correspondiente a las comunidades autónomas, lo que lógicamente conllevaba un enriquecimiento injusto del Estado. Así lo reconoce la sentencia de 19 de abril de 2021 que señala que esto «trajo consigo una alteración en las reglas del sistema de financiación autonómico» y explica que se ha producido «un desequilibrio que es necesario corregir, al haberse producido un quebranto financiero para la Comunidad y, correlativamente, un enriquecimiento indebido para el Estado».

El Tribunal Supremo viene a reconocer la importancia de la prueba aportada por los Servicios Jurídicos de la Junta en el recurso y reprocha al Gobierno la repuesta -o la falta de ella- dada. Tras destacar todas las iniciativas de «arreglo extrajudicial» impulsadas por la Junta en los dos últimos años que resultaron «fallidas» concluye: «el principio de lealtad institucional en la actuación de las administraciones públicas […] habría exigido que por parte de dicha Administración se diese a la reclamación de compensación una respuesta muy distinta», según figura en la sentencia conocida por Ical.

Hacienda.

Ante esta decisión del Tribunal Supremo, el Ministerio de Hacienda recordó que los Presupuestos Generales del Estado de 2019 ya contemplaban un crédito de 2.800 millones para compensar el IVA adeudado a las CCAA y Ayuntamientos de 2017 y puntualizó que estudiará la sentencia.

Fuentes del ministerio incidieron en que si los tribunales dan la razón a los gobiernos autonómicos se pagará la cantidad adeudada. Incluso valoran que así sea, ya que la ministra defiende que la financiación autonómica y la recaudación del IVA deberían ir por separado.