El Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas no lograron un consenso en su última y definitiva reunión celebrada este mes para cerrar el Plan Estratégico por el que se fijan las condiciones para la distribución de los 47.724 millones que se prevé lleguen a España entre 2023 y 2027 en el marco de los fondos de la Política Agraria Común. Este ha sido el final tras docenas de encuentros en los últimos tres años, además de con los gobiernos regionales, con organizaciones agrarias, cooperativas, organizaciones ecologistas, de consumidores, de la distribución, de la industria alimentaria y con otros departamentos ministeriales. Más de 3.000 páginas de trabajos que no han servido para poner a todos de acuerdo.

Aunque con carácter general existe consenso sobre la filosofía de la reforma para una mejor distribución de los fondos, la realidad es que, a la hora de la verdad, se han registrado escasos avances sobre la política seguida en la reforma de 2014, sin llegar a los cambios necesarios para lograr esos objetivos. Ante la falta de un acuerdo sobre aspectos importantes, ahora le toca decidir al ministro la redacción final del Plan que se deberá enviar a Bruselas antes de fin de año.

El Plan Estratégico Nacional se ajusta en su redacción a los mandatos generales de la Comisión Europea, que se concretan en tres puntos: el fomento de un sector agrario inteligente, resistente y diversificado que garantice la seguridad alimentaria; la intensificación en el cuidado del medio ambiente y del cambio climático; y el fortalecimiento del tejido socioeconómico de las zonas rurales. De acuerdo con esos retos, Bruselas planteaba la necesidad de un uso más eficiente del presupuesto para lograr una mayor equidad en el pago con una mejor redistribución de los fondos, garantizar el cumplimiento de los objetivos medioambientales para remunerar los esfuerzos de agricultores y ganaderos en esa dirección y la aplicación de medidas complementarias para lograr más innovación, más asesoramiento, información y la incorporación de los jóvenes y de la mujer.

En respuesta a esas exigencias, el Plan Estratégico elaborado por España contempla nueve grandes objetivos que se concretan en un apoyo a las rentas para lograr explotaciones viables a través de una distribución más justa, donde se hallan instrumentos de ajuste de pagos como el «capping», la convergencia o la política redistributiva; una mejora en la política de orientación de los mercados; la mejora del campo en la cadena alimentaria; atenuar los efectos del cambio climático; lograr unas energías más sostenibles; una mayor sostenibilidad de los suelos; reducción de los usos de los medios de producción o la potenciación de los seguros; apoyo de la biodiversidad; lograr la incorporación de la mujer y de los jóvenes; avanzar en la economía circular en las explotaciones; aplicar una política de bienestar animal; o producir alimentos suficientes en volumen y de calidad.

Al margen de la existencia de un consenso en cuanto a la filosofía general, desde un primer momento dominaron las diferencias entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Agricultura y entre las propias regiones, con el uso de la calculadora sobre lo que se gana o se pierde en cada medida.

Con carácter general, existía una sensación generalizada de que la aplicación de la reforma de 2014 supuso una línea de continuidad sobre lo existente en aquella fecha a la hora de la distribución de los fondos, con Andalucía como territorio ganador coincidiendo con un ministro de esa tierra. De cara a la aplicación de la nueva reforma, la impresión dominante entre las comunidades autónomas es que se han producido menos avances de los necesarios sobre lo actual y unos territorios van a seguir manteniendo mayores ingresos por producir lo mismo, con Andalucía, tierra de adopción del ministro, manteniendo diferencias en positivo.

Para consejeros como el de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez, se han registrado avances en aspectos como más apoyos a los jóvenes o para la mujer, tratando de no dejar fuera a ninguno de los actuales 660.000 perceptores, con la aplicación de la condicionalidad social en temas de empleo, pero considera que ha sido poco ambiciosa, renunciando a dar un cambio más profundo y rápido. En la misma línea se manifiesta el consejero de Aragón, Joaquín Olona, para quien la redacción del Plan ha respondido más a unos planteamientos políticos e incluso electoralistas que a unos criterios técnicos desde la perspectiva de la actividad agraria. Olona entiende que no se puede considerar a un a un pequeño agricultor activo simplemente por cobrar una pequeña ayuda de la PAC. El Plan solo excluye a quienes cobren menos de 300 euros, cifra que las comunidades autónomas pueden elevar hasta los 500 euros.

Bajando a aspectos más concretos, se mantienen las diferencias sobre la definición de lo que será un agricultor activo como destinatario prioritario de los fondos. Bastará con estar afiliado a la Seguridad Social por cuenta propia o que el 25% de todos sus ingresos procedan de la actividad agraria. Se considerarán además activos a quienes perciban ayudas de 5.000 euros o menos de la PAC, agricultores denominados como a tiempo parcial y ahora como ocasionales, con un peso muy fuerte en territorios como la Comunidad Valenciana, tierra de origen del ministro. Desde algunas regiones se reclama un mayor peso para a los profesionales de verdad.

El Plan se topa con las discrepancias entre las comunidades autónomas sobre la reducción de regiones de 50 a 20, ajuste considerado como excesivo por Andalucía, mientras desde diferentes posiciones se reclamaba una reducción muy superior hasta considerar que solo hubiera cuatro.

La convergencia de ayudas en una misma región es la prevista en la reunión sectorial del pasado verano, pero se produce un retraso sobre lo acordado en la misma mesa un año antes y se señala que la convergencia de pagos en una misma región será del 85% en 2026, para ir creciendo en los tres años siguientes por igual hasta la convergencia plena en 2029.

En el debate sobre la eliminación de los pagos por derechos históricos que están permitiendo en la actualidad que muchos agricultores o ganaderos cobren por una cabaña que no tienen o unas parcelas que no siembran, se mantiene el compromiso de eliminación a partir de 2029 para pasar a un pago por superficie.

Se mantiene el «capping» o ajuste en los pagos por peticionario a partir de los 60.000 euros con una reducción del 25% hasta los 75.000, del 50% entre los 75.000 a los 90.000 euros, del 85% de los 90.000 a los 100.000 y del 100% a partir de los 100.000 euros, en todos los casos deducidos gastos como los laborales o servicios.

Deberá decidir el Ministerio la estrategia de redistribución de los fondos y de los apoyos a las primeras hectáreas de una explotación en función del territorio, su dimensión y la región donde se ubique la misma.