En el primer trimestre de 2021 se han practicado en Soria un total de 14 lanzamientos hipotecarios, según los datos actualizados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La crisis económica provoca, de esta manera, un aumento respecto al mismo periodo de 2020, cuando se registraron 9. Sin embargo, las cifras de los últimos años quedan lejos de los 25 lanzamientos de 2018 y los 36 de 2013. De los 14 totales, solo uno corresponden a ejecución hipotecaria, mientras que 12 son consecuencia de la Ley de Arrendamientos Urbanos, según la clasificación del CGPJ en el apartado de Efectos de la crisis en los órganos judiciales. 

Si observamos el cómputo total anual, en el año 2020, en el que debido a la crisis sanitaria por la Covid-19 se paralizaron los desahucios por ley, los lanzamiento se redujeron a 32 en Soria, una cifra también muy inferior a los 102 de 2013 (la más alta), los 72 de 2017 y los 59 de 2019. Del total del año pasado, tan solo 1 corresponde a ejecución hipotecaria y 29 a la ley de arrendamientos;mientras que en 2013 esta proporción era muy distinta, con 33 por ejecución hipotecaria y 60 por alquiler (pasan de seis de cada diez a nueve de cada diez en ocho años).  

El Real Decreto-ley 37/2020 de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad, es un amparo judicial que los afectados deben solicitar mediante recursos, no una medida de oficio que paralice las expulsiones hasta el nueve de agosto, fecha de su última ampliación. Pero se está criticando que esta normativa no ha conseguido paralizar los lanzamientos arrendaticios a familias vulnerables. En el primer trimestre de 2021 en España las actuaciones judiciales para expulsar a inquilinos han aumentado en 29 de 50 provincias. En el caso de Soria, se mantienen en una docena. 

Plataformas y sindicatos de vivienda avisan de que las cifras no se reducen y de que bancos, fondos de inversión, inmobiliarias, grandes tenedores e incluso empresas públicas de vivienda denuncian a familias vulnerables e intentando expulsarles de su casa, «obviando el redactado del texto del decreto o colándose por sus fisuras». 

mediación. El Ayuntamiento de Soria puso en marcha el 5 de noviembre de 2012, dentro del acuerdo marco con la Junta de Castilla y León y debido a las consecuencias de la crisis económica de 2007, la Oficina de Información e Interlocución Hipotecaria. Allí, una asesora jurídica y una técnico atienden a las familias que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca y que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Según los datos facilitados por la Concejalía de Acción Social, en la actualidad hay abiertos 3 expedientes y durante 2021 se ha trabajado en 4. En el año 2020 se abordaron un total de 12 expedientes y en 2019 un total de 7. Eran menos en 2018, un total de 3, pero en 2017 se trataron 12, en 2016 un total de 8, en 2015 un total de 32, en 2014 un total de 10 y en 2013 un total de 42. Por lo que las cifras han mejorado en los últimos años. 

 El concejal de Acción Social, Eder García, explica que la oficina hipotecaria se creó en la anterior crisis, «cuando había muchas familias que accedían a la vivienda vía propiedad, lo que derivó en muchos impagos». Para poder ayudar a las familias en situación de vulnerabilidad a renegociar y acomodar esas hipotecas se puso en marcha esta herramienta. En esta oficina, el personal se encarga de hablar con las familias en situación de vulnerabilidad, indicarles toda la documentación que tienen que presentar, cómo presentarla..., mientras que la mediación con las entidades financieras las realiza la Junta de Castilla y León. «Se hace el acompañamiento a las familias y se recopila la información que se les requiere, resolviendo además todas las dudas que tengan antes de formular una propuesta. De esta manera, las familias no tienen que acudir a negociar con las entidades directamente», así que el Ayuntamiento lo que hace es trasladar los documentos necesarios a la Junta y realizar una valoración anual para presentar las estadísticas. Los casos pueden terminar en desestimientos y acuerdos.

«Ahora, afortunadamente, se atiende a muy pocas familias por esta vía, la de la hipoteca. Estamos con cuatro tres activos en estos momentos, tres que arrastramos del año pasado», según datos de mayo, cuando se realizó la última evaluación. Este mecanismo es solo para hipotecas, aparte de las subvenciones destinadas a la vivienda.

Además, el Ayuntamiento ofrece ayudas económicas que pueden ser ordinarias (se aprueban en junta de gobierno) y de emergencia, para familias también en situación vulnerable que tienen que hacer frente al pago del alquiler. «Las familias en situación de vulnerabilidad no acceden a las viviendas en propiedad, sino al alquiler» por cuestiones de movilidad y precariedad. Corresponden a la mitad de las ayudas económicas de emergencia que se conceden y a nivel económico sería un 60 por ciento de las mismas. Se trata de dos servicios distintos dentro del acuerdo marco y en el trabajo con estas familias se pueden detectar otra serie de problemas que se pueden derivar a otros servicios, por lo que la atención es complementaria.

Según los datos del Ayuntamiento sobre prestación económica para necesidades básicas de subsistencia en situación de urgencia social, prestación extraordinaria frente a situaciones de deuda hipotecaria y prestación económica de apoyo a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad, en los primeros cinco meses de este año se han destinado 158 ayudas (99 ordinarias y 59 de urgencia) a familias para el pago del alquiler por un importe de 123.432 euros (76.700 ordinarias y 46.700 de urgencia). Se trata de que esas familias puedan acceder a otros gastos de vivienda, para que lo les corten los suministros, por ejemplo, dentro de la línea de necesidades básicas de vivienda, que en este año han llegado a 43 destinatarios por un  importe de 13.987 euros. Con las familias a las que se ayuda en emergencia se les orienta en la negociación con arrendadores «porque lo último que queremos es tener a una familia en la calle o en alguno de nuestros recursos disponibles. «Cualquier caso es susceptible de estudiar por si necesita mediación».