Con la tramitación urgente de la propuesta para limitar las competencias del Consejo General del Poder Judicial en funciones, el Congreso arranca la agenda de Justicia que pretende impulsar este año la Ley de Enjuiciamiento Criminal y aprobar el Código Penal (CGPJ), que podría adelantar la salida de prisión de los condenados por el procés.

La llegada de Juan Carlos Campo al Ministerio hace más de un año estuvo acompañada de la promesa de agilizar la administración de Justicia desde el consenso, pero la realidad ha sido otra y solo hay que mirar el bloqueo del CGPJ  para percatarse de la falta de entendimiento entre los partidos llamados a liderar ese pacto de Estado que nunca llega. Y aunque la iniciativa para limitar las competencias del Poder Judicial en funciones se tramita como una proposición de Ley de los dos partidos de Gobierno -PSOE y Unidas Podemos- la propuesta está en la órbita de Justicia, cuyo ministro ha está implicado directamente en la renovación de los vocales.

Sin embargo, si hay una reforma de la que saca pecho Campos es del anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que introduce la figura del fiscal investigador en sustitución del juez instructor y propone que las fuerzas políticas no puedan acusar en causas de corrupción.

Aprobada en noviembre, inicia ahora un largo recorrido de informes preceptivos antes de llegar a las Cortes donde la tramitación puede conllevar años e incluso no agotar esta legislatura, aunque también cabe que se quede en un cajón, como ya ocurrió en 2011 y en 2013, habida cuenta de que supone un cambio integral del modelo procesal español.

Valga como ejemplo que se trata de una norma que en el mejor de los casos tardará, al menos, seis años en ejecutarse como recoge la vacatio legis (perÍodo que tarda una ley entre que se publica en el Boletín Oficial del Estado y su puesta en marcha), tiempo en el que se deberán abordar otras reformas estructurales de enorme calado en leyes como, por ejemplo, la del Poder Judicial o el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para encajar la Lecrim.

Rebelión y sedición

El proyecto más político del departamento es el que pretende modificar los delitos de rebelión y sedición en el Código Penal, unos cambios muy controvertidos que podrían beneficiar de forma inmediata a los independentistas condenados por el procés, quienes esperan a ver si los cambios les permiten rebajar sus penas de prisión y adelantar la salida de la cárcel.

Por el momento, Justicia tiene ya sobre la mesa una propuesta de Unidas Podemos para que la sedición solo sea considerada delito si se usan armas en el alzamiento contra las autoridades competentes, con lo que los condenados por el 1-O no lo habrían cometido.

No será el único cambio relevante ya que el Gobierno contempla reforzar del delito de desobediencia al Tribunal Constitucional, además de abordar los nuevos tipos penales ante la emergencia climática, los derechos de los animales o el cibercrimen.

Digitalización

Con mucha menos repercusión mediática se sitúan otro rango de reformas que, en cambio, implican importantes cambio organizativos, de gestión y tramitación de los asuntos en la administración de Justicia, especialmente en la apuesta por la digitalización. Son la Ley de Eficiencia Organizativa, la Ley de Eficiencia Digital, y los proyectos para impulsar las nuevas Oficinas de Justicia en el municipio así como la integración digital del expediente judicial.

Ahora bien, el primero en ver la luz ha sido el anteproyecto de ley de Medidas de Eficiencia Procesal - en fase ya de informes preceptivos- que pretende impulsar la resolución de conflictos fuera de juzgados y tribunales mediante instrumentos de mediación, hasta el punto de hacerlo obligatorio antes de acudir a la vía judicial.

Esta reforma estará relacionada con la futura Ley del Derecho de Defensa, para la cual se ha creado una comisión de expertos, liderada por el abogado Antonio Garrigues, presidente de honor del mayor bufete de España, para elaborar el anteproyecto que abordará el desempeño profesional de los operadores jurídicos, la tramitación de los procedimientos y el acceso de los ciudadanos a la Justicia.