PSOE y UGT exigen a la Junta responsabilidad por el incendio

SPC
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UGT reclama que los principales responsables de la lucha contra incendios abandonen sus cargos y los socialistas anuncian iniciativas en las Cortes, mientras que la Junta defiende el operativo desplegado

Varios miembros del operativo luchan contra el fuego en el Valle del Tiétar. - Foto: Ical

El consejero en funciones de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, defendió la actuación del operativo de lucha contra incendios en los fuegos declarados durante el pasado fin de semana en el sur de la provincia de Ávila. Frente a esta valoración, tanto los vecinos de las poblaciones afectadas como los sindicatos y el PSOE exigen la asunción de responsabilidades por parte de los responsables del operativo.
Suárez-Quiñones reclamó a los responsables institucionales que se preocupen «por lanzar mensajes de responsabilidad para que no se quemen los montes». «He oído pocos» lamentó después de recordar que los municipios tienen la obligación de mantener sus espacios naturales «libres de matorral y de vegetación que pueda favorecer que un incendio se acerque» a los núcleos urbanos. Así se pronunció sobre los incendios registrados estos días en la provincia de Ávila, sobre los que defendió la actuación del operativo contra el fuego.
En el caso del siniestro registrado en Gavilanes-Pedro Bernardo remarcó que en ningún momento se produjo riesgo para las zonas habitadas. «Está en situación operativa cero, con perímetro cerrado y sin llama pero con peligro de reproducción», comentó.
El incendio localizado en El Arenal, subrayó, fue intencionado -como el 93% de los casos- en una zona «peligrosísima, de alta montaña y de difícil acceso» aunque se pudo contener de forma inmediata y tan sólo se quemaron 31 hectáreas «gracias a la rápida y eficaz intervención del operativo», destacó.
«Estamos acostumbrados a que se critique a quien apaga un incendio y eso es absolutamente injusto. El operativo tuvo los medios necesarios porque es autonómico; la competencia es de todas las administraciones y el operativo es único, coordinado y dirigido por la Junta», manifestó.
Ceses

Sin embargo, estas explicaciones no bastaron ni convencieron a sindicatos y oposición. El PSOE trasladó su «afecto, comprensión y solidaridad» a los vecinos que «se han sentido solos» por los incendios en el Valle del Tiétar.
«Claro que hay responsabilidades políticas», afirmó la secretaria autonómica de Organización, Ana Sánchez, quien explicó que su partido es respetuoso con el trabajo del operativo de incendios, pero añadió que, después de lo visto, llega el momento de la denuncia y de iniciativas en las Cortes.
La dirigente socialista, como el domingo hiciera su compañera Virginia Barcones, agradeció los medios del Gobierno, tanto a través de la UME como de los del Ministerio de Agricultura, ante lo que calificó «gestión desastrosa» de la Junta y en la que censuró que el consejero estuviera en el concierto de ‘Músicos en la Naturaleza” mientras «Ávila se quemaba».
Por su parte, FeSP-UGT exigió el cese «de inmediato» de todo el equipo responsable del operativo de incendios en Castilla y León, ante el «grado de incompetencia» demostrado durante la gestión de los incendios de este fin de semana en Ávila, que les «inhabilita para seguir en sus cargos».
En concreto, el sindicato exige que abandonen sus cargos el consejero Juan Carlos Suarez-Quiñones; el actual director general, José Ángel Arranz, y el jefe de servicio competente en el operativo de incendios, Vicente Rodríguez. «Todos ellos deberían renunciar a sus cargos», sentenció en un comunciado.
El sindicato destacó que los incendios de Ávila, son la demostración de la «total incapacidad» de la Junta de Castilla y León en la gestión de los medios públicos, en materia de protección del patrimonio natural y en la prevención de incendios.
UGT lamenta la «gestión ideológica» del PP en esta materia, que se asienta en un sistema mixto, «con falta de medios públicos y encima, infrautilizados, como se ha demostrado este mes de junio», y «cuando todo falla, recurrir a otras administraciones públicas que cubran las insuficiencias del operativo propio», explican a través de un comunicado, según informa Ical.