Los socios de PP y Ciudadanos desestimaron hoy la toma en consideración por el pleno de las Cortes de la propuesta socialista para modificar la ley del Juego de Castilla y León con los argumentos de que es “restrictiva”, “demoniza” a las empresas del sector, y de la búsqueda del consenso para los cambios a través de la implicación de todos que se recogerá en el futuro proyecto de ley que remita la Junta.

En la defensa de la proposición de ley, en la que se endurece la actual ley del juego, el socialista Luis Ángel Fernández Bayón se remitió a la resolución del Procurador del Común para aumentar la distancia entre estos establecimientos de colegios -ahora 100 metros-, a la propuesta de las asociaciones afectadas y a las peticiones de los ayuntamientos de todos los colores políticos.

Fernández Bayón subrayó el aumento de personas atendidas por ludopatía y puso el foco en la “multitud” de jóvenes que frecuentan las casas de juego y apuestas y en el cambio de perfil, que ha pasado ahora a personas de entre 18-25 años y que la Comunidad tiene la tasa más alta en esta adicción en personas de 14-18 años.

El procurador de Cs Miguel Ángel González defendió que el juego es una actividad legal que cuenta con 500 empresa que dan empleo directo a más de un millar de personas en Castilla y León y genera unos ingresos por impuestos de 70 millones, si bien abogó por una reforma del actual texto para mejorar la prevención hacia los colectivos más vulnerables.

Sin embargo, manifestó que la actualización de la ley se debe realizar con todas las partes implicadas y “sin demonizar” a las empresas del juego y apuestas, así como desde la prestación de la atención a nuevas modalidades como el juego online y la publicidad. “El escenario que dibujan en la proposición de ley es anacrónico y cargas al sector del juego”, argumentó.

También, afirmó que el rechazo a la toma en consideración no significa que no se esté de acuerdo en diversos puntos pero recordó que el formato más adecuado es un enfoque global, “no frentista”, en la ley comprometida por la Junta, que los grupos podrán enmendar.

En la misma línea, Leticia García (PP) rechazó como dice el PSOE que se haya producido una proliferación de los locales de juego, aunque si ha habido un “nacimiento” de las casas de apuestas que está estabilizado. “La improvisación no vale, hay que escuchar a todos los implicados”, aseveró, para recordar que se les escuchará en la Mesa Responsable del Juego creada por la Consejería de la Presidencia.

García argumentó que algunas de las propuestas socialistas se tendrán en cuenta en la futura ley pero preguntó al PSOE si el problema está en las distancias o los anuncios, más que la modalidad online a través de la que puede acceder cualquier persona con un dispositivo. “La prohibición no es el camino”, señaló al socialista, a quien acusó de “criminalizar” a las empresas del sector.

Sí contó con el voto a favor de la toma en consideración de los procuradores del Grupo Mixto de Vox, Unión del Pueblo Leonés y Podemos y con la abstención de Por Ávila, a los que PP y Cs pidieron trabajar en común para adaptar la norma a los tiempos actuales.

Tras escuchar a PP y Cs, Fernández Bayón les acusó de hacer un “papelón” y les recriminó que se muestren en contra de lo que dice la sociedad y ahora anuncien una ley después de la iniciativa del PSOE, a la vez que rechazó que se cargue la responsabilidad en las personas jugadoras y no en la que tienen las empresas, de las que dijo que “no tributan lo que deberían”.

“No hay dos bandos”, replicó Leticia García, que insistió en que el mayor problema está en el juego online y la publicidad agresiva, que son competencia del Gobierno, por lo que pidió que se lo trasladen al ministro de Consumo, Alberto Garzón, que tendrá un “ejemplo” en una norma de Castilla y León “adaptada a los nuevos tiempos”.

Cambios

En concreto, la proposición de ley establece que no se podrán otorgar licencias para instalar locales específicos de juego ni para máquinas de juego tipo B o C en una distancia mínima de 500 metros lineales -ahora es de 100 metros- de colegios, aularios, instalaciones deportivas, bibliotecas o parques públicos.

Igualmente, no se podrán instalar nuevos locales de juego cuando exista otro específico a una distancia de menos de 1.000 metros lineales -ahora está en 300 metros-. A ello, se une los menores de edad y los incapacitados judicialmente no podrán practicar juegos ni participar en apuestas, como tampoco las personas mayores de edad que esten con menores en cualquier establecimiento.

El periodo máximo de explotación será de cinco años desde la fecha de apertura del salón de juego, cuya licencia puede ser renovada, en este momento es de diez años. Se establece una moratoria de cuatro años desde la entrada en vigor de la nueva ley durante la que no se podrá autorizar nuevas licencias.

Infracciones

Otro de los artículos de la PPL socialista se refiere a las infracciones, que en el caso de muy graves se sancionarán con multas desde 60.001 hasta 600.000 euros. En materia de tributos propios y cedidos, se elevan los tipos impositivos un dos por ciento, cuyos ingresos se destinarán a la rehabilitación de personas afectadas por esta adicción.

En el apartado de publicidad, las casas de juego o de apuestas no podrán ubicar carteles, anuncios o reclamos en las fachadas o visibles desde la vía pública.