Casi medio millón de euros en ayudas. Esa es la cantidad que el Tribunal de Cuentas reclama a distintas formaciones ahora integradas en Unidas Podemos para ser devuelta al Ministerio del Interior. Una cifra que corresponde a subvenciones que les fueron concedidas en 2016 para sufragar gastos de seguridad, pero que no fueron utilizadas estrictamente para los fines que establece la ley o que ni siquiera se usaron.
En concreto, en su informe de fiscalización sobre la contabilidad de los partidos políticos y las fundaciones a ellos vinculadas correspondiente al ejercicio de ese año, el órgano cifra en 632.761,69 euros la cifra que deben reintegrar un total de 12 formaciones.
Más de la mitad de ese montante global (323.828,22 euros) corresponde a los morados. La coalición que lidera el hoy vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, recibió ayudas para gastos de seguridad del ejercicio 2016 por importe de 384.276,94 euros, asegurando haber invertido en este concepto un total de 452.955,97 euros.
Sin embargo, el tribunal ha detectado algunos conceptos no subvencionables por esta categoría que suman 323.828,22 euros. El grueso corresponde a los costes laborales de ocho trabajadores cuyas funciones no se ajustaban exactamente a las tareas de seguridad por las que se pueden recibir ayudas, tales como el control de la entrada de su sede o labores de protección informática, y que, por tanto, deben ser devueltos.
Mientras, Izquierda Unida Federal, que presentó parte de la documentación fuera de plazo, percibió 95.486,47 euros en subvenciones de este tipo y declaró gastos por 107.024,28 euros, la mayoría de los cuales (104.522,88 euros) han sido considerados nos subvencionables.
Y es que la federación consignó en el apartado de seguridad esos 104.522,88 euros, correspondientes al coste laboral de tres trabajadores encargados de identificar a los visitantes de su sede pero en cuyos contratos no se especificaba que desarrollasen labores de seguridad y, por tanto no cotizaron como personal dedicado a esas tareas. Así, el tribunal solo considera justificados 2.471,40 euros y pide el reintegro de 93.015,07 euros.
Un caso similar es el de Barcelona en Comú, a quien no se ha contabilizado como subvencionables los 13.357,07 euros que pagó a la persona que controlaba el acceso a su sede. En 2016 recibió 28.593,56 euros en ayudas, los ya citados que no se incluyen y los 15.236,49 que no utilizó deben ser devueltos.
Otros grupos
Pero además, esta formación debe reintegrar a Interior 859,47 euros que cobró aquel año en concepto de gastos de seguridad por el período comprendido entre el 21 y el 31 de diciembre de 2015. El Tribunal se los reclama porque los registró como ingresos del ejercicio 2016, sin haber presentado la cuenta justificativa correspondiente. Con lo que, en total Barcelona en Comú ha de devolver un total de 29.453,03 euros.
El fiscalizador también comunicó al departamento que dirige Fernando Grande Marlaska que debe recibir devoluciones de ayudas por parte de Esquerra Unida i Alternativa (la federación catalana de IU; 16.809,17 euros), así como de Podemos-Ahora Alto Aragón en Común (2.184,06 euros).
De su lado, Ciudadanos recibió 345.040,47 euros para gastos de seguridad, pero el tribunal ha encontrado también algunos conceptos no subvencionables por valor de 98.997,31. Es decir, el importe de la subvención que se considera justificado asciende a 246.043,66 euros, por lo que la formación naranja de debe devolver los casi 99.000 euros restantes que embolsó.
La relación de formaciones que deben reintegrar parte de las subvenciones recibidas para gastos de seguridad en 2016 se completa con EH Bildu (20.454,74 euros), Nueva Canarias (19.115,51 euros), Foro Asturias (6.748,83 euros) y Compromís (4.592,56 euros).
También forman parte de la lista Unión del Pueblo Navarro (9.105,12 euros), ahora socios del PP y Cs en la Comunidad Foral, y el Partido Aragonés (8.458,07 euros), aliado electoral de los populares.